Nueva York, 6 de julio. En la operación Rápido y furioso se cometieron serios errores, admitió Kenneth Melson, director en funciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), y reveló que la agencia antinarcóticos (DEA) y la Federal de Investigaciones (FBI) no compartieron información clave que ya tenían sobre los mismos traficantes de armas buscados por su dependencia, según el resumen de un interrogatorio privado realizado por investigadores del Congreso estadunidense.

En un escándalo que continúa creciendo ya no sólo por una fallida operación federal anticrimen y un punto de conflicto en la relación con México, sino por un posible encubrimiento de las autoridades de Wa-shington, la investigación sobre el operativo denominado Rápido y furioso (Fast and furious) se está convirtiendo en un grave problema político para el gobierno de Barack Obama.

Los dos influyentes legisladores republicanos que han encabezado una intensa investigación sobre la mencionada operación –el senador Charles Grassley (el republicano de más alto rango en el Comité Judicial) y el representante Darrell Issa (presidente del Comité de Supervisión de la cámara baja)– enviaron una carta al procurador general Eric Holder detallando lo dicho por el director en funciones de la ATF, Kenneth Melson, a sus investigadores el pasado fin de semana.

En torno a la operación para rastrear el tráfico ilegal de armas estadunidenses a México, Melson reconoció que se cometieron errores, que él no revisó los detalles del operativo sino hasta después de que se convirtió en escándalo, y que intentó remediar algunos de los problemas que se suscitaron.

En la misiva, los legisladores estadunidenses expresaron una vez más su molestia por la falta de cooperación del Departamento de Justicia con su investigación. Según relatan, Melson afirmó que había informado al inspector general del Departamento de Justicia y al subprocurador general James Cole de los problemas que descubrió.

Esta información nunca fue compartida con los legisladores que indagaban el asunto. Grassley e Issa escriben al fiscal Holder: Si su versión (de Melson) es precisa, entonces el liderazgo de la ATF parece haber sido efectivamente amordazado, mientras que el Departamento de Justicia nos envió desmentidos falsos y enterró la cabeza en la arena. Esta forma de hacer las cosas distorsionó la verdad y obstruyó nuestra investigación.

Tal vez el problema más grave revelado por Melson fue que su agencia (la ATF) no fue alertada por la DEA y la FBI que éstas ya habían identificado a los mismos traficantes de armas de alto nivel que se buscaban a través de Rápido y furioso. Si esa información hubiera sido compartida entre las agencias, dijo Melson, eso habría tenido un impacto directo en la dirección de la operación de la ATF.

Peor aún, algunos de estos traficantes podrían haber estado en la nómina del gobierno estadunidense: los legisladores dicen en su carta que otras fuentes federales han indicado que varios de estos traficantes de armas identificados podrían haber sido contratados como informantes de la DEA y/o la FBI , algo que se investigará aún más.

“La evidencia que hemos reunido crea la preocupante posibilidad de que el Departamento de Justicia no sólo permitió que criminales traficaran armas, sino que dólares de contribuyentes de otras agencias podrían haber financiado tales actividades… Una cosa es argumentar que los fines justifican los medios, en un intento para exculpar una política que pone un caso por encima de evitar que conocidos criminales obtengan armas. Pero es un asunto mucho más serio ocultar al Congreso la posible participación de otras agencias en identificar, y tal vez hasta trabajar, con los mismos criminales que el operativo Rápido y furioso buscaba identificar”.

Melson también informó a los investigadores, según la misiva, que todos los encargados de la operación han sido reasignados. La carta relata que Melson comentó que cuando revisó los documentos de la operación y se enteró de toda la historia, todo ello llegó a causarle malestar estomacal.

Al final, el senador Grassley y el representante Issa advierten al procurador Holder que, ante rumores de que Melson podría ser destituido de su cargo, esperan que no se tome ninguna decisión sobre eso a causa de su presentación voluntaria ante los investigadores bajo mando de estos legisladores, ya que eso sería una señal intimidatoria para otros oficiales que tal vez desean presentarse ante ellos.

El plan Rápido y furioso fue implementado por oficiales de la ATF y autoridades estatales de Arizona con el propósito de rastrear el flujo ilegal de armas estadunidenses al crimen organizado en México, al permitir la compra y el ingreso de armamento ya identificado a manos de criminales que operan en el país vecino.

La operación detonó una controversia al revelarse los detalles del programa y la evidencia de que dos armas encontradas en el lugar donde fue asesinado el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, estuvieron entre las incluidas en la vigilancia por esta operación. Además de la investigación de legisladores, el inspector general del Departamento de Justicia también indaga el manejo de este operativo.