e acuerdo con lo informado ayer por Darrel Issa, presidente del comité legislativo que analiza los alcances del operativo Rápido y furioso, por medio del cual la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) del gobierno estadunidense hizo llegar a cárteles mexicanos miles de armas de alto poder, en la operación participaron, además de funcionarios de distintos niveles de la dependencia mencionada, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), así como la instancia federal encargada de perseguir al narcotráfico (DEA). Según Issa, ese trasiego ilegal de armas con el que, pretendidamente, se buscaba monitorear
el abasto de armamento de procedencia estadunidense de las organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico de drogas, se habría realizado mediante el pago a contrabandistas para que fungieran como informantes de la DEA y de la FBI.
En semanas previas, las investigaciones que encabeza Issa permitieron establecer que los más altos mandos de la ATF, incluido su director en funciones, Kenneth Melson, recibían informes semanales del desarrollo de Rápido y furioso, que permitió el ingreso clandestino a nuestro país de unos 2 mil fusiles de asalto, medio centenar de rifles de francotirador y una cantidad indeterminada de municiones.
Parece inverosímil que el secretario de Justicia del país vecino, Eric Holder, no haya estado al tanto de la participación de tres dependencias policiales y de seguridad tan importantes del gobierno estadunidense y resultan poco verosímiles, por tanto, los alegatos en su favor formulados por el presidente Barack Obama. Si Rápido y furioso fue una decisión de gobierno, sería sumamente grave que la Casa Blanca la ocultara. Por otra parte, si las más altas cúpulas del poder público estadunidense no tenían idea de esas actividades ilegales de la ATF, la DEA y la FBI, esa ignorancia apuntaría a un descontrol mayúsculo en las acciones de Washington contra el narcotráfico.
Por lo que respecta a México, es claro que el gobierno de Estados Unidos no puede ser considerado un socio confiable en el combate contra la delincuencia y por la seguridad pública, y mucho menos como una instancia de coordinación de las fuerzas públicas mexicanas, función violatoria de la Constitución y que, sin embargo, ha podido comprobarse a raíz de la difusión de los cables diplomáticos del Departamento de Estado obtenidos por WikiLeaks y divulgados, en su porción mexicana, por este diario.
De por sí, los costos de la guerra declarada por el gobierno calderonista desde sus inicios –y proseguida y acentuada, de acuerdo con los elementos disponibles, por presión estadunidense– arroja saldos por demás asimétricos e injustos para ambos países: mientras que en el nuestro se han perdido más de 40 mil vidas; se ha destruido el tejido social y la economía de regiones enteras; se ha expuesto a las instituciones civiles y militares a una descomposición inevitable, y en muchas entidades se ha llegado a un verdadero colapso de la seguridad pública y del estado de derecho, el conflicto ha representado para Estados Unidos un vasto mercado donde colocar parte de su producción armamentista, una gran cantidad de dinero cuyo lavado reporta ganancias astronómicas a las entidades financieras del país vecino y, por si fuera poco, un buen pretexto para multiplicar y profundizar sus acciones injerencistas en nuestro país.
En este contexto, el hecho de que tres dependencias policiales y de seguridad del país vecino hayan participado en el abasto de armas a los cárteles a los que se pretende derrotar, constituye un dato intolerable que debiera llevar a un cuestionamiento radical de la cooperación bilateral en la materia y a una profunda revisión de las implicaciones que ésta ha tenido para México. En lo inmediato, la operación Rápido y furioso debiera llevar al Poder Legislativo mexicano a exigir una reformulación profunda de la Iniciativa Mérida, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y otros instrumentos bilaterales en materia de seguridad y combate a la criminalidad.
