La Habana, 6 de julio. Una singular polémica entre cubanos que viven en Estados Unidos y residentes en la isla intenta precisar los alcances que tendrían en Cuba las inversiones de los emigrados, como parte del plan de reforma del presidente Raúl Castro.

Los polemistas abrieron un amplio catálogo de temas, pero el foco de atención se perfila en dos asuntos clave: el tamaño y el lugar de las inversiones y el futuro perfil de la economía cubana.

En contraste con discusiones de décadas entre ambos lados del estrecho de la Florida, esta vez no hay descalificaciones mutuas como mafia terrorista o dictadura. Las partes se reconocen como interlocutores y aluden a que en este debate no participa el anticastrismo ultraderechista.

Todo empezó en mayo, con declaraciones del empresario Carlos Saladrigas, antiguo exponente del exilio duro, a Palabra Nueva (www.palabranueva.net), mensuario del Arzobispado de La Habana.

Siguieron artículos del académico y ex diplomático Jesús Arboleya; del abogado, ex diputado y ex fiscal general Ramón de la Cruz; del periodista católico Lenier González y del politólogo Arturo López-Levy, investigador de la Universidad de Denver.

Los artículos han aparecido en Progreso Semanal (www.progreso-semanal.com), una revista de temas cubanos y de la Florida, que se edita en Estados Unidos, y en Espacio Laical (www.espaciolaical.org), la publicación de los laicos de La Habana.

En la entrevista y en un artículo posterior, Saladrigas demandó que los cubanos emigrados sean considerados nacionales para invertir aquí y asociarse con los residentes en Cuba, a fin de formar un capital local, evitando que resurja una mayoría de inversores extranjeros.

Demandó un marco legal claro y no ambiguo y expuso que la isla tiene que reinsertarse en la economía global, para lo cual debe reconciliarse con la diáspora, donde hay capital y experiencia en los mercados. Hace muchos años que nos tenemos miedo unos a otros, agregó. Debemos sobreponernos al miedo y estrecharnos las manos.

También consideró que la emigración debería fortalecer la soberanía del país, uniendo los recursos de esa comunidad para favorecer a Cuba en el diferendo con Estados Unidos. Ahí radica el reto y el activo estratégico.

Nueva burguesía nativa

Arboleya aceptó la inversión en pequeños negocios pero no a gran escala y estimó que la iniciativa de Saladrigas tiende a la formación de una nueva burguesía nativa, alimentada y por lo tanto dependiente del capital extranjero.

Jóvenes cubanos juegan con el agua que una tormenta dejó caer ayer en La HabanaFoto Reuters

Agregó que restablecer el capitalismo no es lo que actualmente se discute en Cuba y, desde mi punto de vista, en el no reconocimiento de esta premisa radica el principal desfase del empresario. Preguntó si los emigrados están dispuestos a convivir con el socialismo cubano y apuntó que quizás en esto radica la posibilidad de éxito del diálogo. Advirtió que el meollo de la cuestión está en que Saladrigas pide nuevas reglas.

De la Cruz precisó que la ley vigente permite la inversión de los emigrados y la reforma estimula al sector privado en la isla, prohibiendo la concentración de la propiedad, lo cual requiere, en mi opinión, una definición legal más exacta. Pidió que no se descarte de antemano la idea de Saladrigas y recordó el consenso nacional sobre la necesidad de actualizar el modelo económico, que incluye reconocer el mercado.

Lo importante para Cuba en estos momentos es propiciar el crecimiento económico, manteniendo las grandes conquistas de la revolución en salud, educación y justicia social, sin que el Estado abandone la rectoría económica y el control de los principales medios de producción y sin que se lesionen la independencia y la soberanía, resumió De la Cruz.

González consideró que Arboleya puede reflejar el pensamiento de un sector de la clase política cubana y de sus seguidores (opuestos a un diálogo con el exilio), por lo cual sus palabras ayudan a construir una agenda.

Vice-editor de Espacio Laical, González anotó que el modelo socialista cubano sugiere numerosas preguntas, por lo que el gobierno del presidente Raúl Castro Ruz tiene la responsabilidad de convertirse en facilitador de un proceso ampliado de diálogo, donde participen el mayor número de cubanos (de adentro y de afuera de la isla), para arribar a consensos aceptables para la mayoría.

López-Levy apuntó que en nuestro nacionalismo de matriz martiana y el socialismo hay importantes coincidencias, pero no son lo mismo y consideró que el tamiz legítimo para la inversión de un cubano en su patria debe ser la conveniencia para el desarrollo del país de la actividad que propone, su respeto a la soberanía nacional y las leyes del país, no una afinidad socialista.

El investigador propuso fórmulas como abrir a los residentes en el exterior el usufructo de tierras ociosas o su participación en zonas económicas especiales. Sugirió la creación de cámaras bilaterales de comercio, para que, en un marco institucional, los emigrados se comprometan a respetar la soberanía de la isla y a rechazar el intervencionismo. “Sin abandonar la pluralidad ideológica emigrada (…) es necesario desterrar la apuesta perversa por el desplome del sistema político actual”.