Las impugnaciones en contra de la licitación 21 siguen vigentes, al igual que investigaciones iniciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para determinar las responsabilidades de funcionarios y el daño patrimonial ocasionado al país por este proceso irregular, afirmó el abogado de Grupo Iusacell, Francisco Borrego.

Explicó que la resolución del noveno tribunal colegiado de circuito en materia administrativa dada a conocer el viernes pasado correspondió sólo a definir si el ex secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, había violado alguna suspensión en cuanto a la entrega de títulos de concesión, y el juez consideró que no había incurrido en falta.

Esa resolución no tenía nada que ver con la licitación, sino con la responsabilidad del funcionario. En ese caso no se abordó la legalidad de las bases de licitación, del fallo, o de la implantación de límites de acumulación de espectro (Caps), entre muchos otros elementos, dijo. Señaló que si bien el tribunal determinó que no hubo violación a la suspensión, todavía falta ver el sentido con el que se emitió.

Sin embargo, puntualizó, los recursos legales concernientes al proceso de la licitación 21 siguen vigentes y se desahogarán en el transcurso del segundo semestre del año, por lo que Nextel sigue impedido de explotar el espectro por el que pagó 180 millones 330 mil pesos.

Francisco Borrego estimó que el caso de la licitación 21 podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dadas las severas irregularidades en las que incurrieron funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como por las inconformidades de las empresas involucradas.

Por esta razones, dijo, la SCT no puede dar por concluido el proceso, hay recursos legales en curso e investigaciones para determinar la responsabilidad de funcionarios en cada una de las etapas de la licitación.

Al suplir en el cargo a Juan Molinar Horcasitas, el secretario Dionisio Pérez-Jácome señaló que para el gobierno federal la licitación 21 era un caso cerrado, aunque hay 16 juicios pendientes y cuatro averiguaciones por parte de la ASF.

Francisco Borrego detalló que siguen en curso dos o tres medidas cautelares en juzgados de Matamoros y en el Distrito Federal, así como una suspensión emitida por un juzgado de Toluca, por lo que hay varias medidas que impiden a la SCT otorgar espectro y a Nextel explotarlo.

Está pendiente resolver el fondo del asunto, lo que abarca dos puntos básicos: determinar si los Caps se establecieron conforme a la Constitución y, si son inconstitucionales, entonces las bases de licitación son ilegales y se tiene que reponer todo el proceso.

El segundo punto a resolver es la constitucionalidad del fallo, debido a que la Cofetel decidió entregarle 30 megahercios al entonces consorcio Televisa-Nextel por 180 millones 300 mil pesos, con un voto en contra, una abstención, el rechazo al proceso de otro comisionado, y sólo dos votos a favor.

Borrego insistió en que Grupo Iusacell defenderá los procesos iniciados hasta que se defina la legalidad del proceso y la responsabilidad que los funcionarios de SCT y Cofetel tuvieron al entregar a precio de ganga el espectro radioeléctrico, con lo que se ocasionó un daño patrimonial al Estado mexicano estimado en 5 mil millones de pesos.

Conforme a los tiempos legales, dijo que Nextel no podrá usar el espectro por lo menos este año, ya que los recursos empezarán a desahogarse en el segundo semestre, pero con seguridad sea el resultado que sea los involucrados se irán al tribunal colegiado. Previó que la SCT y Nextel llegarán hasta la SCJN.

Propone Cofetel siete sanciones contra operadores

El pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) resolvió siete desacuerdos de interconexión entre empresas de Televisa, Iusacell, Telcel, Telefónica y Megacable, por lo que estas empresas tendrán que respetar y aplicar entre sí la tarifa de interconexión de 39 centavos por minuto.

El órgano regulador también acordó enviar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) siete propuestas de sanción en contra de operadores de telecomunicaciones que han incurrido en diferentes violaciones al plan técnico fundamental de calidad de redes del servicio local móvil.

En la sesión de ayer el pleno intervino para resolver siete desacuerdos por tarifas de interconexión entre distintos operadores. Dos de los desacuerdos resueltos fueron entre Operbes, Bestphone y Cablevisión, todas de Grupo Televisa, con Grupo Iusacell-Unefon y Telefónica.

Dos más eran entre Cablemás Telecomunicaciones con Telcel, y también con Grupo Iusacell Unefon. Los tres restantes eran diferencias entre Megacable con Iusacell-Unefon, Telcel y Telefónica.

Para confirmar la tendencia la baja en tarifas de interconexión el pleno decidió por mayoría que la tarifa aplicable al servicio de terminación conmutada en la red móvil de Telcel, Grupo Telefónica y Grupo Iusacell-Unefon para el periodo que va del primero de enero al 31 de diciembre de 2011 será de 0.3912 centavos de peso por minuto de interconexión.

Mientras que la tarifa para el servicio de terminación conmutada en la red fija de Operbes, Bestphone, Cablevisión y Cablemás para el mismo periodo será de 0.03951 centavos de peso por minuto de interconexión.

La Cofetel advirtió que los cobros deberán hacerse contabilizando únicamente la duración de las llamadas, sin redondear el minuto siguiente.

En la misma sesión el pleno acordó enviar a la SCT siete propuestas de inicio de procedimiento de sanción para operadores de telefonía móvil que entregaron de forma extemporánea los reportes de indicadores del Plan de Calidad. Con estas propuestas suman 23 las enviadas a la SCT.

Rechaza la SCJN petición de Unefon

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó ayer el recurso de revisión de un recurso fiscal interpuesto por Unefon, para que el gobierno mexicano le devolviera 3 mil 57 millones de pesos, que incluyen actualizaciones y recargos, producto de una licitación de espectro en la que la empresa no observó con los tiempos para cumplir sus compromisos, solicitó prórroga que le concedieron SCT y Cofetel, y que derivó en una demanda millonaria que en parte ya fue cubierta por la federación.

Una vez agotado el recurso fiscal con la determinación de la Corte, Unefon ahora hará el reclamo por la vía civil, ya que la Corte sólo resolvió sobre la improcedencia del recurso fiscal, pero no determinó que no procede la devolución definitiva.