l tema de las alianzas de los partidos políticos para las elecciones presidenciales próximas ha estado en discusión recientemente, pues hay a quienes no les parece un modo legítimo para triunfar en las justas electorales en las que se deciden muchos asuntos de importancia, tanto para el Poder Ejecutivo de la nación como para el Legislativo, y aun para el Judicial, de una manera más indirecta, pues si bien éste aplica y ejerce sus funciones públicas mediante el sistema jurídico que garantiza el respeto a lo dispuesto por nuestras leyes, es precisamente el Legislativo el que las elabora y sanciona. Por otra parte, hay quienes se ven verdaderamente entusiasmados con la posibilidad de que, en cada entidad federativa, en aquellos casos en los que la predominancia política e ideológica sea tan claramente perteneciente a una de las corrientes representadas a su vez por uno de los partidos registrados, que únicamente la alianza de uno o de varios partidos puede proporcionar a los contendientes alguna posibilidad de contrarrestar sus manifestaciones públicas en las urnas.
Triunfar en ellas sobre la base de que, aunque para ello hubiera la necesidad de sacrificar la vigencia de algunos de los postulados ideológicos que integren su declaración de principios, sus programas de acción o bien sus estatutos inclusive, hay que hacerlo sin que tiemble el pulso, pues solamente en esta forma podrán obtener el triunfo anhelado, pasando así a segundo término de importancia nada menos que los principios políticos, para poder triunfar numéricamente.
Para un análisis serio y verdaderamente profundo del tema, habría que tomar en consideración la ideología de cada partido político, o por lo menos, su tendencia, pues los politólogos afirman que, en el caso del análisis de la importancia relativa y de sus posibilidades de transformarse a sí mismos para bien de sus agremiados y del país mismo, se hace necesario considerar como factor de mucho peso en este análisis la historia y las causas que determinaron el surgimiento de las organizaciones sociales que en un momento dado se transforman en partidos políticos, como estructuras de intermediación entre el gobierno y la sociedad.
El PAN se formó originalmente como grupo de presión para contrarrestar las acciones progresistas del gobierno de Lázaro Cárdenas, para llegar a ser verdaderamente un partido político hasta 1964, cuando en la 46 Legislatura (1964-1967) ingresaron 20 diputados del PAN, algunos de verdadera dimensión parlamentaria, como era el propio presidente del partido, don Adolfo Christlieb Ibarrola, y muy destacadamente también don Miguel Estrada Iturbide. También figuraba entre los más importantes Abel Vicencio Tovar. Por el PPS encabezó la fracción de 10 diputados nada menos que Vicente Lombardo Toledano, secundado con mi extraordinario paisano, José Ortiz Mendoza, a quien volvimos a encontrar en la arena legislativa en la 54, combativo y caballeroso, como siempre. No hubo alianzas. Cada quien defendía su propia bandera partidaria, en ocasiones incluso con exceso de apasionamiento; pero lo que sí hubo fueron acuerdos entre los diputados integrantes de las fracciones parlamentarias.
Entre los priístas, me parece que el más destacado como orador parlamentario, muy combativo también, fue Enrique Ramírez y Ramírez, poco afecto a la retórica, pero manejaba tesis y principios sin perder realismo ni sentido práctico.
Luis Donaldo Colosio tenía allí una oficina y compartía con nosotros problemas y soluciones. Entiendo que don Luis H. Álvarez, desde el exterior, lo hacía igualmente con la bancada del PAN. Cuando había que proporcionar consejos que trascendían el ámbito del Palacio Legislativo. Grandes oradores parlamentarios que nos dejaron recuerdos y enseñanzas, José Luis Lamadrid, de Jalisco, y Augusto Ponce Coronado. Salvaron difíciles momentos, con serenidad y firmeza.
No se pensaba entonces en alianzas. Se hicieron, eso sí, modificaciones importantes al reglamento interior del Congreso. Aquel fue el último colegio electoral que actuó en la Cámara, por ejemplo.
Los documentos básicos de los partidos políticos, necesarios para que se registren como tales, requieren ciertamente algunas modificaciones de fondo. Adecuaciones entre lo que expresan los documentos y lo que se lleva a la práctica; unas veces por decisiones intencionadas, y otras porque la marcha del país ha superado las posibilidades reales que los partidos pueden ofrecer a la sociedad. Entre otras cosas de gran importancia, los partidos políticos deben respaldar la lucha contra los cultivos de plantas enervantes y de producción y tráfico de estupefacientes. Ésta no es una lucha ajena a las organizaciones políticas.
La solución a la compleja situación política que se presentará al próximo gobierno federal, a los de los estados y a los de los municipios será sumamente compleja, y muy difícil, y a grandes problemas, grandes soluciones, que exigirán la participación firme y decidida de todos los mexicanos. Si hay acuerdo en que se requieren modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos, que se hagan, pero dentro de la legalidad establecida por cada uno de ellos, como se debe hacer cuando se modifican las leyes, que se ha de llevar a cabo dentro de lo establecido por la misma Constitución general de la República. Las genialidades personales no funcionan y éste es el momento en que se deben fortalecer las leyes que rigen al país , y también al cuerpo de declaraciones de principios, programas de acción y estatutos que estén rigiendo aun cuando sea deficientemente a los partidos.
En estos casos, desde luego, es cuando más falta hace fortalecer la acción conjunta de la legalidad con la legitimidad. Para que una nueva legalidad tenga validez universal –sea dentro del país o en los partidos políticos– se requiere respetar la legitimidad, actual y vigente.
