Culiacán, Sin., 23 de mayo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos detectó omisiones y violaciones a la ley cometidos por funcionarios de Protección Civil, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección del Trabajo y Previsión Social de la entidad y la delegación de la Secretaría del Trabajo federal, a partir de investigaciones sobre el incendio en la tienda Coppel Hidalgo, en esta capital, donde murieron seis empleadas el pasado 9 de noviembre.

Juan José Ríos Estavillo, presidente del organismo, informó que se emitió la recomendación 21/2011 por la conflagración en la sucursal, ubicada en el primer cuadro de Culiacán.

Ríos Estavillo afirmó que las dependencias mencionadas incumplieron su función de revisar las condiciones laborales, de seguridad e higiene en la tienda, lo que contribuyó a que seis trabajadoras perdieran la vida.

Cuando ocurrió el incendio las empleadas realizaban un inventario. Estaban encerradas y las puertas principales y las ventanas tenían candados por fuera, además de que no había salida de emergencia.

El ombudsman criticó también la dilación de la procuraduría estatal en las investigaciones, pues seis meses después del incendio la averiguación previa no ha sido consignada ante el juez y nadie –incluidos directivos de Coppel y servidores públicos– ha sido castigado.

La CEDH señaló que no existen justificaciones para este retraso en la procuración de justicia, por lo que recomienda que la PGJE asuma de manera inmediata el cumplimiento de ley para deslindar responsabilidades.

En el documento, dado a conocer este lunes en conferencia de prensa, se acusa a las instituciones citadas de violar los derechos humanos a la vida, la legalidad y la seguridad jurídica. Ríos Estavillo señaló que la indemnización y la reparación del daño no sólo deben depender de particulares, en este caso la cadena de tiendas Coppel, sino que el Estado debe precisar qué hará.

Dijo que protección civil de Culiacán inspeccionó la tienda Coppel en mayo de 2010, pero a la fecha del siniestro, el 9 de noviembre de 2010, habían pasado siete meses y la autoridad municipal no acudió a cerciorarse de que sus observaciones sobre la seguridad del inmueble se hubieran cumplido.