El pleno de la Cámara de Diputados modificó ayer la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para evitar que el organismo venda a empresas trasnacionales los créditos de quienes han perdido su empleo.

La modificación ocurre casi cinco años después de que la Cámara de Diputados descubrió que los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún compraron cartera vencida para la empresa Construcciones Prácticas, que se hizo de miles de departamentos en Puebla y Guerrero.

Durante las expresiones en favor de la reforma, que hace un agregado al artículo 41 de la Ley del Infonavit, los legisladores recordaron que en 2005 el instituto entregó a las empresa Capmark –filial de General Motors y de G-Mark, que quebró en Estados Unidos– y Scrap II 55 mil créditos, al 20 por ciento del valor real de la cartera.

La diputada Laura Itzel Castillo, del Partido del Trabajo, recordó que desde el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador se documentó que el Infonavit entregó un total de 110 mil créditos, y que en el caso de Scrap II la cartera se pagó el mismo día en que se constituyó como empresa en México.

Quien estaba al frente es un empresario que también estuvo vinculado al fraude del Fobaproa, Enrique Colliard, y fue él quien pagó un cheque de mil 100 millones de pesos el mismo día en que se constituyó la empresa y se le otorgó la cartera. A partir de esta situación se inició una ola de desalojos y una situación muy crítica para miles de familias, denunció.

Castillo refirió que las empresas comenzaron un proceso de hostigamiento contra los trabajadores, a quienes obligaban a renegociar sus créditos en 700 mil pesos, cuando la deuda original era de 150 mil, y además no se les tomaban en cuenta los pagos hechos con anterioridad.

El diputado priísta David Hernández Pérez resaltó que el desempleo no resuelto por el gobierno federal provocó que miles de trabajadores dejaran de pagar sus créditos, que fueron vendidos en supuestas subastas en las que se entregaron los créditos a despachos que se dedicaron al despojo arbitrario de las viviendas.

Con 397 votos en favor, la cámara agregó un cuarto párrafo al artículo 41 de la citada ley, el cual establece que en ningún caso podrá el instituto ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los créditos otorgados de conformidad con esta ley que, de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se consideren vencidos.

Este cambio, explicó Hernández Pérez, obliga al Infonavit a renegociar los créditos con los trabajadores y evitar que despachos sin ningún compromiso más que el de hacerse ricos los despojen y afecten a sus familias.

Durante la sesión, el pleno también aprobó una reforma a Ley General de Educación para que el presupuesto educativo no sea menor, en términos reales, al asignado en el ejercicio fiscal anterior.

Además, se advierte que el gasto público en educación, como porcentaje del PIB, se encuentra casi 50 por ciento por debajo de lo establecido en la Ley General de Educación, la cual, precisó, no puede ser menor a 8 por ciento.

El dictamen señaló que cada año el gobierno de Felipe Calderón ha presentado un gasto educativo menor y refirió que, por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública en 2010, de 196 mil 415 millones 595 mil 798 pesos, fue menor en cuatro mil 514 millones 961 mil 867 pesos al de 2009, esto es 2.25 por ciento menos.

La cámara lamentó que la inversión en educación ha estado por debajo de 8 por ciento del PIB.