a tragedia ocurrida en el socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida como consecuencia de una explosión, llegó ayer a su quinto aniversario sin perspectivas de justicia y esclarecimiento para las víctimas y sus deudos, y con un saldo que trasciende al ámbito de esas inaceptables muertes.

Con el paso de meses y años, se ha vuelto moneda común la formulación, por parte de funcionarios gubernamentales, de pésames y lamentaciones en torno al hecho, y de compromisos y expresiones de solidaridad –más discursiva que real– hacia las familias de los mineros muertos. Preferible a esas palabras habría sido, sin embargo, que las autoridades hubiesen cumplido con su obligación de prevenir, y en su caso sancionar, la cadena de negligencias e incumplimientos a las normativas de seguridad laboral cometidos por Grupo México, concesionario de la mina siniestrada. Debe recordarse que, 19 meses antes del desplome del socavón coahuilense, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había documentado una treintena de irregularidades que ponían en riesgo la vida de los trabajadores de Pasta de Conchos; sin embargo, no fue sino hasta siete meses antes de la explosión que las autoridades demandaron a la compañía minera que realizara las adecuaciones correspondientes y, de cualquier forma, éstas nunca se llevaron a cabo. Si las autoridades y la empresa hubiesen actuado en forma responsable y con mínimo sentido de respeto a la vida, la tragedia ocurrida hace un lustro pudo haberse evitado, y hoy el gobierno podría ahorrarse palabras que, contrastadas con los hechos, suenan vacías.

La indolencia e irresponsabilidad de Grupo México y del gobierno federal antes del accidente es consecuente con la que mostraron en los días posteriores al 19 de febrero de 2006. Entonces, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados y esclarecer los hechos, la administración federal se dedicó a proteger y ocultar las responsabilidades de la parte patronal en la tragedia.

Al día de hoy, la falta de esclarecimiento de las posibles responsabilidades penales en el percance multiplica la indignación y el agravio para los muertos, sus familias y el resto de la sociedad. Es significativo que la autoridad justifique tal omisión con el mismo argumento con el que se niega a rescatar los 63 cadáveres que permanecen atrapados en la mina: las condiciones de peligrosidad que, según la STPS, persisten al interior del yacimiento, y que impiden la conclusión de las investigaciones correspondientes. El alegato tendría algún sentido si, en todo este tiempo, se hubiese por lo menos intentado llegar al sitio accidentado; por el contrario, el gobierno federal se dio por vencido demasiado pronto en las maniobras de rescate y selló, con ello, la impresión de un desinterés de su parte hacia las víctimas de Pasta de Conchos, hacia el esclarecimiento y hacia la justicia.

En el ámbito laboral y sindical, la tragedia marcó un punto de quiebre en las prácticas gubernamentales de intromisión en la vida interna de gremios incómodos: así ocurrió con la persecución oficial al dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, quien hasta entonces había mantenido buenas relaciones con el gobierno federal, pero responsabilizó a las autoridades laborales y a Grupo México por los hechos ocurridos en Pasta de Conchos. Con el tránsito del foxismo al calderonismo no sólo no se revirtió la hostilidad gubernamental contra el sindicato minero; por el contrario, la ofensiva antiobrera en ese frente se profundizó, y se amplió hacia otros, como puede observarse con la embestida puesta en marcha contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por añadidura, en este tiempo las condiciones en que laboran los mineros del país no han mejorado, como lo confirma la muerte, en distintos yacimientos, de unos 43 trabajadores del sector desde 2006 a la fecha, y poco o nada se ha hecho para contener el carácter depredador de las compañías mineras.

En suma, a cinco años de la tragedia, ésta sigue siendo emblemática de las consecuencias de una política laboral basada en el abaratamiento del trabajo, de los trabajadores y, por extensión, de la vida humana misma; de una legalidad sistemáticamente quebrantada por los patrones y, lo más grave, por las autoridades encargadas de hacerla cumplir, y de una perversión en el ejercicio del poder público en beneficio de los intereses del capital y en contra de los asalariados.