Dominio del terreno campesino
por mineras canadienses

FOTO: Carlos Ramos Mamahua / La Jornada

Carlos A. Rodríguez Wallenius

Desde 1980 los gobiernos federales han impulsado políticas neoliberales que afectan a la población indígena y campesina, en particular con las modificaciones al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria en 1992, que permitieron la venta de las tierras de propiedad social (de ejidos y comunidades), terminaron el reparto agrario y propiciaron el aumento de las extensiones en la propiedad privada.

Los cambios en materia agraria formaban parte de un amplio programa de privatización de bienes públicos y colectivos: una ofensiva que buscaba despojar de terrenos y recursos a los indígenas y campesinos. Eso se puede observar con los cambios a la Ley Minera en 1993, que abrió este sector a las empresas extranjeras en áreas antes reservadas al capital nacional, además de que dio preferencia a la explotación y el beneficio de los minerales sobre cualquier otro tipo de usos del suelo, y aumentó la duración de las concesiones por explotación a 50 años con posibilidad de prórroga.

Finalmente, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, incluyó un amplio conjunto de medidas que facilitaron la entrada a nuestro país a inversiones y productos de Estados Unidos y Canadá.

Los cambios en el marco jurídico y medidas de política económica posibilitaron la ofensiva del capital en regiones que tienen yacimientos de minerales, sobre todo a inicios del siglo XXI, cuando empiezan a incrementarse los precios de las materias primas y en particular de los metales, por el aumento de la demanda mundial, específicamente por las necesidades de China y de la India.

La minería y la desposesión. El modelo de explotación en el que se basan muchas empresas mineras se inscribe en lo que David Harvey llama “acumulación por desposesión”: un mecanismo de acumulación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y comunitarios; un modelo de explotación de los recursos naturales que proporciona a las empresas excepcionales condiciones de rentabilidad, pero sin mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; es decir, que responde a la necesidad de insertar plenamente en el mercado capitalista aquellos bienes y recursos que están en territorios bajo la soberanía de los campesinos.

Lo que ha reactivado la explotación de los minerales en el mundo se debe a un espectacular incremento en los precios de los metales, pero en especial de los metales preciosos, que se han encarecido notablemente desde el año 2000. Por ejemplo, en los diez años recientes el oro aumentó en 325 por ciento y la plata en 412. Ello se debe a varios factores como el crecimiento de la demanda (sobre todo de China e India). A partir del 2008, la crisis financiera global y la depresión de la economía de Estados Unidos hicieron que los inversionistas y especuladores financieros se refugiaran en estos metales.

Este auge trajo como práctica extractiva la técnica de tajo a cielo abierto, que se caracteriza por excavar y mover grandes cantidades de material térreo para trasladarlos a patios en los que se extrae el mineral. Esta técnica es barata y reduce los tiempos para obtener el metal, pero es altamente destructiva del medio y requiere del uso intensivo de recursos como el agua, para acelerar los procesos de extracción del mineral, usando patios de lixiviación, en los que se aplican químicos como el cianuro para extraerles el mineral de oro.

Este proceso implica la destrucción del hábitat pues modifica la morfología del terreno y altera las microcuencas; se elimina la flora y fauna, y se remueve la capa fértil, lo que impide el cultivo posterior de plantas y árboles. Los materiales de desecho alteran los cauces naturales de los escurrimientos de aguas. También existen problemas por la contaminación en los suelos y mantos freáticos.

Las mineras canadienses y las comunidades campesinas. En las décadas recientes, las empresas mineras canadienses han cobrado una importancia cada vez mayor a escala mundial. En especial, en México han privilegiado sus inversiones y han hecho énfasis en el control de los metales preciosos (oro y plata). El 75 por ciento de sus inversiones mineras están en los proyectos de exploración y producción de estos dos metales.

Carlos Montemayor caracterizó la forma en que las empresas empezaban a controlar el territorio nacional: “las compañías mineras canadienses son la avanzada de la barbarie actual contra los pueblos inermes y ecosistemas de países con gobiernos corruptos o vulnerables como el de México”. No andaba errado ya que estamos hablando de que los recursos minerales de México están siendo despojados por las corporaciones globales más importantes del mundo. Entre ellas están Goldcorp, Kinross, Yamana Gold, Agnico Eagle Mines, solamente por mencionar aquellas que están enlistadas en la Revista Fortune dentro de los dos mil corporativos más importantes del mundo. Pero las empresas canadienses que operan en México son más amplias y representan el 77 por ciento de las corporaciones extranjeras registradas en el sector minero, es decir, son 198. Nombres como Excellon, New Gold, Fortuna Silver, Blackfire, Alamos Gold, Minefinders se adicionan a las empresas ya conocidas.

Los canadienses se han centrado en el ramo de los metales preciosos, lo que implica que de las 11 unidades mineras más importantes de oro, ocho sean de Canadá, y que 11 de las 14 minas de plata más productivas estén en sus manos. Para 2010-2012, de los 738 proyectos de exploración registrados en el país 553 pertenecen a compañías canadienses.

En un documento reciente, la Cámara Minera de México reivindica la prioridad que le otorgan las leyes a la actividad minera en un tema central para el desarrollo de sus empresas: el de la tenencia de la tierra. Su argumentación se basa en la Ley Minera, que establece que la explotación de los minerales serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, pero que en los hechos las controversias suscitadas con los superficiarios (ejidos y comunidades agrarias) son frecuentes y en los años recientes han colocado a la industria en una muy difícil situación, deteniendo inversiones y el desarrollo de proyectos.

ILUSTRACIÓN: CorpWatch.org

Por su parte, Kevan Cowan, directivo del Toronto Stock Exchange, comenta que las dificultades por la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad, son “uno de los problemas más importantes que se enfrenta en México para la colocación de empresas y proyectos mineros”, y es que los requerimientos de minerales de las empresas canadienses está enfrentando cada vez más la resistencia de las comunidades y los pueblos campesinos, que protestan e impiden que las minas se establezcan en sus tierras. Esto tienen que ver con el reparto agrario logrado por comunidades indígenas y campesinas, con el que lograron tener un poco más de la mitad del país (105 millones de hectáreas) bajo propiedad social, en las que viven y trabajan cinco millones de ejidatarios y comuneros.

Donde quiera que exploren y ubiquen yacimientos de minerales, las empresas mineras se enfrentan al hecho que están debajo de terrenos que son propiedad ejidal o comunal. Esto plantea la base de muchos de los conflictos en los territorios rurales de México, pues en reiteradas ocasiones los campesinos prefieren mantener su forma de vida a tener que rentarle o cederle sus tierras a las empresas trasnacionales. Ello ha desatado una serie importante de conflictos esparcidos en todo el país. Como los casos de New Gold, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; de Goldcorp, en Mezcala, Guerrero; de Blackfire en Chicomuselo, Chiapas; de Fortuna Silver Mines, en Ocotlán, Oaxaca; de Carrizal Mining, en Zimapán, Hidalgo; de Vista Gold, en La Concordia-Paredones Amarillos, Baja California Sur; entre otros.

Disputas con las comunidades. Las altas inversiones y la posibilidad de jugosas ganancias en estos proyectos mineros han reforzado la estrategia de las empresas por la apropiación de los territorios donde se ubican los yacimientos minerales, implementando una serie de mecanismos que aseguren las condiciones de estabilidad para sus capitales.

Esto se muestra en el caso de Goldcorp en Mezcala, en donde hay importantes reservas auríferas: Mediante diferentes arreglos apoyados por los gobiernos federal y estatal, la empresa minera fue controlando el territorio y sus recursos, a costa de una irreversible devastación ambiental y del paisaje, debido al gigantesco cráter excavado por sistema de tajo abierto, que destruye las posibilidades futuras de la producción campesina en por lo menos 25 por ciento de las tierras ejidales y comunales de la zona.

El mecanismo que utilizó Blackfire para poder extraer los vastos depósitos de barita en el ejido Grecia, del municipio de Chicomuselo, obligó a la empresa a establecer mecanismos de prebendas con las autoridades estatales, municipales y ejidales. Sólo la lucha social de los campesinos pudo detener este despojo, después del asesinato del líder comunitario Mariano Abarca.

Este es el escenario que, poco a poco, se va perfilando en regiones con recursos minerales: desde la destrucción de los territorios campesinos, por las actividades extractivas realizadas por empresas trasnacionales, hasta la resistencia popular que posibilita la continuidad de ejidos y comunidades.

FOTO: Víctor Suárez / Anec

Puebla

Estado y capital,
amenazas para Cuetzalan

Alejandra Meza Velarde

Los años recientes han sido para el municipio de Cuetzalan, Puebla, una expresión de nuevas formas de cómo el capital ha intentado apropiarse del territorio indígena, en particular por el embate encabezado desde la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). En 2009 la entonces delegada estatal, Anahí Romero Alonso, promovió junto con la Universidad Anáhuac un proyecto para que un grupo de inversionistas privados con importantes capitales nacionales y extranjeros creara empresas turísticas sobre áreas estratégicas para los ecosistemas locales, en particular los afloramientos de agua que surten a las poblaciones del municipio.

El proyecto de la hoy depuesta delegada de la CDI implicaba el desplazamiento de los proyectos de las comunidades y organizaciones prestadoras de servicios turísticos indígenas, que previamente habían sido apoyados por la CDI o por el anterior Instituto Nacional Indigenista (INI), con el argumento de que se crearían fuentes de empleo en la construcción de los hoteles y después en las actividades de los mismos.

Denominado Bosque de Niebla, el proyecto pretendía ser instalado en un predio de 30 hectáreas localizado en el corazón de tres ameyales muy importantes, Atexolahua, Atequiza y Cohuatichan, que surten de agua potable a por lo menos 18 mil habitantes de las juntas auxiliares de Tzinacapan, Yohualichan, Xiloxochico y Yancuictlalpan y de localidades del poniente de la cabecera municipal.

Históricamente Cuetzalan ha sido un territorio indígena totonaco y nahua, y desde su llegada los españoles iniciaron los embates por ocupar diferentes áreas para aprovechar los recursos naturales. En el México independiente, en especial en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la reformas liberales de la Ley Lerdo, los liberales coyomes (mestizos) e incluso extranjeros empezaron a desplazar a las corporaciones civiles comunitarias propietarias del suelo, que eran y siguen siendo nahuas (masehuales). Este proceso se acompañó con la introducción de la caña y el café, que fueron modificando los patrones de producción y de comercialización de la zona. La comunidad agraria desapareció por completo y se impusieron diversas formas de propiedad privada de la tierra, incluyendo el latifundio. La Revolución no pasó por Cuetzalan, y en la actualidad se mezcla el minifundio con importantes extensiones de tierra en pocas manos.

Cuetzalan es un reducto de biodiversidad que tiene como expresión principal los ecosistemas del bosque mesófilo de montaña, de pino encino, y de la selva baja subperenifolia, entremezclados de manera poco ortodoxa debido a un relieve abrupto y complejo, cuyas altitudes van de los mil 600 a los 150 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los lugares del país con mayor intensidad de lluvia: alcanza una precipitación promedio anual de cuatro mil 200 milímetros. Cuenta además con un sistema geológico cárstico, que produce un comportamiento peculiar del agua y la presencia de ecosistemas de cavernas.

Los nahuas, que desplazaron a los totonacas en el siglo XV, han logrado adaptarse a las cambiantes condiciones estructurantes de la historia, la producción y la cultura, y hoy representan todavía 72 por ciento de la población del municipio.

Hay que destacar que a pesar de las “modernidades” impuestas a partir de la Colonia, los masehuales han sostenido formas de producción en el campo y de aprovechamiento de la flora y de la fauna respetuosas de la naturaleza, a partir de una cosmovisión que establece que la naturaleza no pertenece al ser humano sino por el contrario, el humano debe integrarse a ella, a la que pertenece.

Hay multitud expresiones de esto en las danzas, en los ritos, en las ceremonias diversas, en toda su cotidianidad. Pero debe destacarse la producción en el llamado kuojtakiloyan –que significa “monte donde se produce”– y que ha sido analizado por diversos autores como Eckart Boege, Víctor Toledo y Narciso Barrera Bassols, quienes lo consideran una forma de producción compatible con el medio ambiente porque comparte elementos de la selva originaria con frutales, otros productos y básicamente el café, de los cuales el indígena obtiene bienes para el autoconsumo y para el intercambio comercial. En los 30 años recientes esta forma de producción ganó terreno en Cuetzalan en detrimento de áreas perniciosas para el medio ambiente, como son los potreros.

El hecho de que en Cuetzalan haya cientos de afloramientos de agua y de escurrimientos con paisajes extraordinarios lo convierte en objeto del deseo de los inversionistas para explotarlos, como fue el caso de la CDI, un evento extraordinario porque se trató de una acción de Estado con el señuelo de crear fuentes de trabajo y de beneficiar a los grupos indígenas, pero encaminado en realidad a favorecer la apropiación de la riqueza en manos del capital nacional y extranjero afectando los intereses de la sociedad cuetzalteca.

El acaparamiento de servicios de “turismo de naturaleza” que contaba con la asesoría de la Universidad Anáhuac, estaba planeado para 11 municipios de la región nororiental de la Sierra Norte de Puebla, e incluía la creación de una discoteca VIP en la Cueva de Santa Helena y un hotel escuela.

Toda esta riqueza ambicionada por el capital también se expresó en 2010 cuando Televisa pretendió apropiarse de la cultura local filmando la fiesta tradicional de San Miguel Arcángel en la comunidad de San Miguel Tzinacapan; a cambio la empresa ofreció pintar el templo. La intención fue rechazada en una asamblea comunitaria bajo la consigna “nuestra cultura no se vende”.

En noviembre pasado, la trasnacional Wal Mart, primera en ventas en el mundo, pretendió la instalación de una tienda Bodega Aurrerá, con el ofrecimiento de crear 60 empleos, pero que impactaría en la economía local de 300 establecimientos comerciales y dejaría sin trabajo a mil 600 personas que dependen de estos negocios, como lo señaló doña Rufina Villa, secretaria del órgano ejecutivo del Comité del Ordenamiento Ecológico, recientemente organizado en el municipio. De la misma manera, la tienda de la trasnacional afectaría al tianguis semanal en el que se comercializan los productos campesinos del kuojtakiloyan, por lo que el cabildo municipal, en sesión abierta, y los pobladores de Cuetzalan rechazaron por unanimidad la pretensión del consorcio.

La organización de las organizaciones de Cuetzalan y la autoridad municipal rechazaron estos proyectos, y no sólo eso, desplegaron una serie de actividades para regular el uso de su territorio y crearon una amplia representación social, proceso que en sí mismo es motivo de otro análisis.

FOTO: Alfredo Domínguez / La Jornada

Oaxaca

Entre el autoritarismo
y el sufragio efectivo

Víctor Leonel Juan Martínez

"Dado que Díaz es un gobernante en contra de la voluntad de su pueblo, ha privado al pueblo de sus libertades. Mediante la fuerza militar y la policía controló las elecciones, la prensa y la libertad de palabra e hizo del gobierno popular una farsa”, escribió Kenneth Turner en México bárbaro, en 1908. Un siglo después la descripción encaja en lo que vivió el sureño estado de Oaxaca en la década reciente.

Y es que las causas que originaron el movimiento revolucionario de 1910 se mantienen o han mutado a otros mecanismos de explotación, represión y agravios contra el pueblo mexicano. Es el caso del control político autoritario, impronta del régimen porfirista, que ha sido adoptado por los gobernadores.

En Oaxaca el autoritarismo, que tiene base constitucional y legislativa; la represión y criminalización de la lucha social; la injusticia e impunidad; la violencia política, que escribe la historia contemporánea en la nota roja; la corrupción; la réplica autoritaria en que se convirtieron los presidentes municipales; el agotamiento de los esquemas clientelares y corporativos, y la violación sistemática a los derechos humanos fueron causales para que en 2006 estallara el movimiento popular más significativo de la década en el país.

El caso oaxaqueño muestra también el incumplimiento de las promesas de la Revolución y la persistencia de la explotación e injusticia social, potenciadas por las políticas neoliberales.

La constitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) evidenció el agotamiento del sistema político mexicano construido por el priismo y los graves alcances de la descomposición social que conlleva.

El 2006 mostró la obsolescencia institucional y legislativa, como lo admitió el Senado de la República al dictaminar que había ingobernabilidad en Oaxaca, pero no podría decretarse la desaparición de poderes “porque el marco legal fue pensado para un sistema que ha sido rebasado por la realidad actual”. Tal obsolescencia se vio también en 2009, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la responsabilidad lisa y llana del gobernador Ulises Ruiz en la violación de garantías individuales durante el conflicto del 2006; al no tener implicaciones jurídicas, esa resolución convirtió al máximo tribunal en el certificador de que la impunidad existe en México y no se hace nada para acabarla.

Turner escribe de Porfirio Díaz: “Mientras prometía respetar las instituciones progresistas de Juárez y Lerdo, instituyó un sistema propio en el que su propia persona es la figura central y dominante; en el que su capricho es la Constitución y la Ley. Es el sostén principal de la esclavitud, pues hay intereses comerciales que obtienen grandes ganancias del sistema porfiriano de esclavitud y autocracia”. Un siglo después esta descripción es actualizada cotidianamente por la clase política.

En 2006 miles de oaxaqueños protagonizaron una intensa movilización en contra del régimen. Tras meses de ingobernabilidad, la respuesta fue policiaca; el contexto nacional y el estatal e intereses de partidos y élites impidieron la caída del gobernante.

Cuatro años después miles de oaxaqueños vuelven a movilizarse. No hacen marchas, ni toman calles, el 4 de julio de 2010 ejercen la conquista revolucionaria “Sufragio efectivo”, para vencer, por otra vía, al régimen ulisista. Con ello logra el triunfo Gabino Cué, quien en diciembre pasado asumió como gobernador.

Oaxaca deja enseñanzas. Ni la movilización social, ni la vía institucional, por sí solas, bastan para hacer cambios. Se requiere articular ambas formas de lucha para avanzar y defender las conquistas alcanzadas.

El mensaje de los oaxaqueños es claro; la respuesta, incierta. El triunfo sobre el autoritarismo es un capítulo vital en la historia de Oaxaca y puede ser fundamental para el devenir de la nación. Que no sea un espejismo, sino una posibilidad real de transformación democrática y de justicia, es una tarea que corresponde a todos.

Michoacán

Formas de violencia y despojo en Santa María Ostula

Emiliano Díaz Carnero

El 29 de junio de 2009 fue el día que la digna rabia de la comunidad indígena de Ostula dijo ¡basta! y recuperó de manera pacífica más de mil hectáreas de tierras de su territorio ancestral que estaban en posesión, según denuncian los propios comuneros, de poderosos caciques locales vinculados a la presidencia municipal de Aquila, Michoacán, y al crimen organizado.

Fue el día en que más de mil comuneros, niños y ancianos fueron atacados cobardemente por sicarios y narco-paramilitares con armas de grueso calibre. Pero también fue el día en que la región y todo México recordaron el derecho natural a la autodefensa. Derecho que la comunidad ejerció por medio de su guardia comunal, que los protegió, defendió y pudo repeler el indiscriminado ataque de los mercenarios sin que ningún comunero perdiera la vida en ese momento. Fue el día en que se fundó un nuevo poblado, San Diego Xayakalan con más de cien hogares con sus respectivas familias que viven ahí resguardadas hasta hoy por su guardia comunal. Día en que la digna rabia acumulada de la comunidad se cansó de vivir despojada, y denunció no sólo la barbarie del capitalismo en México, sino al sistema que permite su impune actuar: el Estado mexicano.

Desde hace más de 40 años, desde el 27 de abril de 1964, fecha de su resolución presidencial, la comunidad nahua de Ostula realiza esfuerzos para que las autoridades reconozcan la totalidad de su territorio ancestral. Territorio respaldado por su posesión histórica, su resolución presidencial, su título virreinal y lo más importante: el reconocimiento de las tres comunidades nahuas vecinas, Aquila, Coire y Pómaro. Reconocimiento que las autoridades no han hecho efectivo, ya que los documentos agrarios fueron realizados indebidamente por los funcionarios de aquel tiempo y presentan serias inconsistencias técnicas tanto en la resolución presidencial como en el plano de confirmación, donde las distancias de los documentos oficiales se alejan en cientos de metros de las distancias reales en el terreno. Problema “técnico” que se traduce en un conflicto social añejo y de gran trascendencia para la región.

Dicha inconsistencia “técnica” ha motivado que, paulatinamente, supuestos pequeños propietarios (SPP) en el derecho, pero en los hechos poderosos caciques locales, vayan penetrando, tomando posesión y “titulando” terrenos comunales, lo que ha dado pie al juicio 78/04 que busca la definición de los límites entre los terrenos de los SPP y los de la comunidad de Ostula. Este juicio se pretendía resolver de manera irregular, en dos meses, por fast track, cuando juicios así llegan a durar un año como mínimo, lo cual dio la impresión de ser una sentencia por consigna a favor de los SPP y motivó el amparo de la comunidad y la paralización del proyecto de los “pequeños propietarios”, quienes, según se cuenta en la región, pretenden construir un puerto en las más de mil hectáreas de tierras costeras en disputa.

Pero más allá de las cuestiones judiciales, está el conflicto social cotidiano que padecen los comuneros. El 26 de julio de 2008 fue encontrado en las tierras en disputa el cuerpo sin vida del profesor Diego Ramírez Domínguez, comunero de Ostula y presidente de la comisión nombrada por la asamblea de comuneros para la resolución del conflicto agrario. Aunado a este claro mensaje de los caciques sobre el tema, la comunidad ha sido objeto del asesinato de más de ocho comuneros desde que se fundó Xayakalan y ha visto el sufrimiento que genera el “levantón” del presidente de bienes comunales, Francisco de Asís Manuel, secuestrado de su casa por un comando armado el 20 de abril de 2010. Ello, además de que Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino, regidor y profesor, respectivamente, y activos líderes comunales, fueron secuestrados el 23 de febrero de 2010 en un restaurante del centro de Aquila, por un grupo paramilitar a plena luz del día.

Son sucesos que acontecen a menos de 20 kilómetros del retén permanente que la Marina Armada de México tiene en el poblado de La Placita y que hasta la fecha no han sido esclarecidos. No han merecido la debida investigación de las autoridades judiciales ni el debido tratamiento y seguimiento de los medios de comunicación locales. ¿Negligencia, complicidad, incompetencia, abandono, desprecio? Usted dirá.

¿Qué intereses hay detrás de estos hechos?, ¿cuál es el contexto histórico de la región? La costa michoacana, además de ser la principal región en concentración de hierro del país, tiene más de 200 kilómetros de playas paradisiacas muy codiciadas por grandes grupos hoteleros y desde hace 20 años han sido refugio, residencia y ruta de tráfico de grandes capos de la droga.

Desde 1998 –fecha en que se instaló la empresa minera Las Encinas, propiedad de la trasnacional Ternium/Hylsa– la región ha sufrido progresivamente la devastación de sus montes y cerros sin que ningún nahua obtenga un beneficio mayor a los mil 500 pesos anuales que reciben los comuneros de Aquila por parte de la minera que extrae de sus tierras más de tres mil toneladas de hierro anulaes, según la empresa; y diez mil toneladas, según los comuneros. Ese mineral tiene un precio promedio en el mercado de entre 30 y 40 dólares la tonelada.

Playas en posesión y propiedad de Ostula, Coire y Pómaro, que han sido integradas al Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán, que pretende generar un boom inmobiliario a lo largo de toda la costa del estado. Hasta la fecha, el proyecto cuenta con una inversión total de dos mil 564 millones de pesos, de los cuales 76 por ciento es aportado por la iniciativa privada, seis por ciento por el gobierno federal, 13 por ciento por el gobierno del estado y cinco por ciento por los municipios involucrados. El plan ha sido totalmente rechazado por las tres comunidades, las cuales nunca fueron consultadas para su diseño y ejecución, y que, según los propios comuneros, sólo busca despojarlos de sus playas, ya que de acuerdo con los diagnósticos de los documentos oficiales, define a la organización comunal (propiedad y asambleas) como un obstáculo para la inversión privada y la ejecución del mismo.

Según la revista Proceso, en su edición especial número 25 (segunda parte), “en sus huidas, y cada uno por su lado, Joaquín Guzmán, El Chapo; Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. y Javier Arellano Félix, El Tigrillo, recalaron en este municipio de la costa michoacana, corredor estratégico para el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente”.