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Procesarán a jueces que absolvieron a homicida confeso
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de enero de 2011, p. 10

Chihuahua, Chih., 11 de enero. El pleno del Congreso estatal aprobó someter a juicio político a los tres jueces que en abril de 2010 absolvieron a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, homicida confeso de su esposa, Rubí Marisiol Frayre, y presunto autor intelectual del posterior asesinato de su suegra, Marisela Escobedo, perpetrado el 16 de diciembre a las puertas del Palacio de Gobierno.

Este martes, en sesión a puerta cerrada, los diputados aprobaron por unanimidad crear una comisión jurisdiccional que desahogará el juicio político contra los jueces Catalina Ochoa, Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, y su dictamen será votado por el pleno del Congreso.

Antes de la votación, los tres jueces enviaron a los diputados una carta en la que asientan que el proceso es improcedente, pues en términos de la jurisprudencia PJ55/2004 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las consideraciones de una resolución judicial no pueden analizarse en juicio político sin vulnerar la autonomía del Poder Judicial estatal, invadir su esfera competencial y arrogar a los instructores facultades que no les corresponden.

El juicio político también es improcedente –aseguran– porque el artículo 116 de la Constitución federal subraya la independencia de los poderes judiciales locales y garantiza su libertad de criterio jurídico sin injerencia de otro poder y sin relación de subordinación o dependencia.

Los juzgadores advirtieron que si el Congreso instaura indebidamente el proceso, no sólo ejercerán en toda su amplitud el derecho de audiencia y defensa, sino acudirán al amparo e incluso a instancias internacionales, para "demostrar al mundo que lamentablemente en Chihuahua no se respeta la independencia judicial ni la división de poderes, y se juzga a los jueces con criterios políticos. Según versiones de la prensa local, también solicitarían asilo político en Estados Unidos.

Respecto del mismo señalamiento, el gobernador César Duarte Jáquez rechazó cualquier intromisión en el Poder Judicial, censuró a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por validar la imputación y recordó a los jueces que no basta tener la razón sino acreditarla.