La defensora de derechos humanos Margarita Martínez Martínez fue nuevamente amenazada de muerte el pasado jueves 24 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Las amenazas se extienden al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

Cuando Martínez Martínez, miembro de Enlace y Comunicación, con sede en Comitán, salía de entrevistarse con funcionarios de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue amenazada por dos desconocidos a bordo una camioneta Ranger, blanca, sin placas. Según su testimonio, uno de los hombres se le acercó de manera intimidante y dijo: Vas a caminar, porque ya te llevo la chingada y vas escuchar muy bien. Enseguida le indicó dirigirse a la iglesia de San Cristobalito, donde la esperaban los mismos individuos, que entonces la mandaron al panteón civil.

Te vas encontrar con tus muertitos y de una vez, porque ya muy pronto vas a estar con ellos, le dijo el mismo hombre, y le entregó un papel donde se leía: Vas a llevar esto al Frayba y le vas a decir a Diego (Cadenas, el director) que sabemos que trabajan con grupos subversivos y que a los del Frayba los tenemos bien identificados y los vamos a acabar uno por uno, porque son unos pinches culeros de mierda, sólo andan desestabilizando al estado, además justifican sus gastos según a favor de los más necesitados.

El sujeto entregó a la defensora un mensaje hecho con recortes de periódico: Diego en tus manos está la vida de esta familia. Enfrentarás cargos.

Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó de manera enérgica la agresión: Es alarmante y perturbador que haya ocurrido a pesar de contar con resguardo policial, después de que Margarita se hubiera encontrado con nosotros, a dos días de haber visto a delegados de Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), y casi en los precisos momentos en que la oficina, al unísono con la CNDH y la CIDH hacíamos pública nuestra preocupación por la crítica situación que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en México.  

Cabe recordar que debido a previas agresiones, Margarita Martínez y su familia cuentan con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que tienen custodia policial. Al momento de los hechos la escolta desapareció inexplicablemente. Los custodios a cargo de Margarita y su familia no han cumplido con la aplicación de las medidas cautelares, dice el CDHFBC. La noche anterior, de manera extraña hubo un corte a la energía eléctrica en el domicilio de Margarita, y las cámaras de seguridad dejaron de funcionar.

El Centro Fray Bartolomé, representante legal de Margarita y su familia, lamenta la negligencia gubernamental, pues el estado de Chiapas incumple las medidas cautelares de la CIDH.

La familia Ordaz Martínez sufrió un allanamiento policial en su domicilio en Comitán el 8 de noviembre de 2009, y después de levantar cargos contra agentes ministeriales y municipales, los afectados responsabilizaron a José Luis Gómez Santaella, entonces fiscal del distrito fronterizo Sierra.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas determinó el 20 de noviembre pasado acción penal (indagatoria AP0004/FEPONGDDH-M1/2009) contra servidores públicos por diversos delitos penales relacionados con la agresión. El día 22 se consignó al funcionario ante el juez del ramo penal.

El 25 de febrero pasado, Margarita fue secuestrada, golpeada y amenazada de muerte si no retiraba la denuncia. Por ello, desde el 3 de marzo de 2010 le fueron otorgadas medidas cautelares.