El gobierno de Estados Unidos ha sido uno de los principales violadores de derechos humanos, con abusos cometidos tanto en su territorio como en los de otros países, muchos de los cuales han estado dirigidos a los migrantes indocumentados y al pueblo de Cuba, denunciaron ayer los asistentes al segundo día de sesiones del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento.

Durante la tercera audiencia de este foro, que culmina hoy en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se detallaron algunos de los casos más significativos de crímenes cometidos por Washington contra la isla.

El investigador y académico José Enrique González Ruiz, del posgrado en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hizo un breve recuento del caso de los cinco agentes cubanos que se encuentran presos en Estados Unidos a causa de la labor de inteligencia que realizaron para evitar ataques terroristas contra su país.

La activista Berta Zapata explicó la forma en que el tema migratorio ha sido utilizado por la Casa Blanca para agredir a la nación caribeña, sobre todo mediante la Ley de Ajuste Cubano, que concede la residencia legal en Estados Unidos a los ciudadanos de la isla que lleguen por cualquier medio a su territorio, al mismo tiempo que niega las 20 mil visas anuales que se comprometió a dar.

Ambos hechos, señaló, buscan incentivar la migración indocumentada, con frecuencia por vías peligrosas, como en el caso de los llamados balseros, y forma parte de las políticas criminales que buscan asfixiar al gobierno y el pueblo cubanos.

En la cuarta audiencia, José Jacques Lozano resumió cómo desde hace décadas el gobierno estadunidense ha utilizado el tema de la migración a su conveniencia, siempre con un enfoque racista y persecutorio, cuyo episodio más reciente fue la traición del Partido Demócrata a sus promesas de impulsar una reforma migratoria integral.

Este último tema fue recurrente en las intervenciones de los demás participantes. Emma Lozano, Chris Newman y sobre todo Elvira Arellano, esta última de la organización Familias Latinas Unidas Sin Fronteras, deploraron la manera en que el partido del presidente Barack Obama utilizó electoralmente a la población de origen latinoamericano, para después abandonarla a su suerte.

La ley SB 1070, advirtieron los activistas, representa una de las embestidas más fuertes contra los migrantes y podría reproducirse en otras entidades de Estados Unidos, provocando más incertidumbre, angustia e incluso daños sicológicos entre la población indocumentada –mayoritariamente latina–, y alejando la posibilidad de una amnistía.