Sólo 27 por ciento de los adultos mayores en México cuentan con ingresos provenientes de una pensión o jubilación, pero la mayoría de éstos pertenecen a los estratos socioeconómicos más altos mientras que la cobertura es prácticamente nula para quienes se ubican en el quintil más pobre de la población, advierte una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al analizar los programas que benefician a los ancianos, el organismo asegura que Oportunidades y el Programa 70 y más, ambos del gobierno federal, así como la pensión alimentaria que otorga el gobierno del Distrito Federal representan “soluciones fragmentadas, descoordinadas, incompletas e inconsistentes ante el creciente problema de envejecimiento de la población y de la incapacidad del sistema de seguridad social de garantizar ingreso a los individuos al final de su vida productiva”.

Incluso sentencia que las reformas de los últimos 15 años al IMSS e ISSSTE se enfocaron a mejorar la viabilidad financiera de los sistemas de jubilaciones, pero no incluyeron las medidas necesarias para ampliar la cobertura a la población pobre ni para la integración de los múltiples regímenes en un sistema único, equitativo y viable.

La solución para atender a la población adulta debe provenir de un sistema de seguridad social nacional y no de un conjunto de programas administrados en distintos niveles de gobierno pero que carecen de una visión global nacional de la situación. Sobre todo cuando 40 por ciento de las personas de 70 años y más no cuentan con una pensión o jubilación ni tampoco de los beneficios de un programa social, mientras hay duplicidad en otro 10 por ciento de los casos porque son jubilados que además reciben recursos de alguno de los programas mencionados, según la investigación de la Cepal, a cargo de Gloria Rubio y Francisco Garfias.

El gasto social en México es bajo en comparación con el promedio de la región y el documento lo atribuye al desarrollo histórico del país ya que la primera legislación de gasto social que tuvo data de 1943, cuando otros países latinoamericanos comenzaron a instaurar sus primeros sistemas en la materia dos décadas antes.