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En dos meses, 4 asesinatos, un levantón y dos detenciones ilegales

Michoacán: nahuas denuncian acoso militar y de grupo armado
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Uno de los bloqueos viales que realizaron comunidades nahuas de Michoacán en 2009 para defenderse de grupos armadosFoto Arturo Campos Cedillo / Archivo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 30 de agosto de 2010, p. 34

Morelia, Mich., 29 de agosto. Dirigentes nahuas del municipio de Aquila dieron a conocer que en los dos meses recientes cuatro comuneros han sido asesinados, uno fue levantado y a dos los detuvieron ilegalmente; además, un grupo armado hostiga y provoca a las comunidades, al igual que efectivos militares, quienes con el argumento de que buscan armas han sitiado Santa María Ostula y otros poblados.

Asimismo los líderes indígenas se quejaron de amenazas proferidas contra Valentín Álvarez Medina, presidente suplente del comisariado de bienes comunales de El Coire –también en Aquila–, miembro del movimiento nahua que busca recuperar, entre otros predios, 83 hectáreas de La Placita que disputan con pequeños propietarios y que los comuneros tomaron por la fuerza en junio de 2009, después de un enfrentamiento.

Los nahuas demandaron a las autoridades judiciales información sobre el presidente de bienes comunales de la tenencia de Ostula, Francisco de Asís Verdía Manuel, levantado el 21 de abril, y recordaron que dos meses antes desaparecieron en condiciones similares el regidor Javier Robles Martínez y el profesor Gerardo Vera Orcino.

En una carta, recordaron que Máximo Magno Valladares fue secuestrado el 29 de junio y todavía se desconoce su paradero.

El 17 de julio Humberto Santos Valladares fue asesinado a la orilla de una carretera, y dos días después fueron baleados Manuel Flores Álvarez y José Martínez Ramos.

El 2 de agosto, efectivos de la Armada de México y de la Policía Federal detuvieron a los comuneros Timoteo Ramírez Cirino y Arnoldo Robles Luna sin orden de aprehensión y los acusaron de posesión de armas.

Los representantes exigieron que se presente con vida a sus compañeros levantados; respeto a las tierras recuperadas en junio de 2009, y desarticulación del grupo armado que opera en la región, supuestamente financiado por los pequeños propietarios de La Placita. Sobre todo, pidieron a los gobiernos federal y del estado que les permitan crear policías comunitarias en Ostula, El Coire y Pómaro.