La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Puntos Constitucionales, iniciará hoy la discusión de la minuta del Senado sobre la reforma en materia de amparo, en la cual resalta que en el incumplimiento de una sentencia en esta materia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá consignar ante un juez de distrito a los funcionarios públicos, sin que sea necesario un juicio de procedencia del Congreso.

La reforma considera que los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad serán resueltas por la Corte de manera prioritaria, cuando alguno de los presidentes de las dos cámaras del Congreso o el titular del Ejecutivo federal justifiquen la urgencia por interés social o de orden público.

El secretario de la comisión, Jaime Cárdenas Gracia, del PT, resaltó que la reforma incluye aspectos positivos, como la sustitución del interés jurídico por el interés legítimo para la presentación de una solicitud de amparo.

Con ello se permitirá que se presente como quejosa cualquier persona que considere que un acto de autoridad violente, así sea indirectamente, un derecho reconocido por el orden jurídico. Hasta ahora, señaló, el amparo sólo se admite para quien acredite interés en un asunto. También se admitirá la incorporación y reconocimiento de la tesis del buen derecho en el amparo, lo cual implica que se concederá la suspensión del acto reclamado cuando se compruebe la apariencia del derecho invocado, en tanto se resuelve el fondo del asunto.

En contraste, resaltó, se incluye una modificación para que no todos los recursos de amparo lleguen a la SCJN, sino que, ante la carga de asuntos, éstos sean resueltos en los tribunales superiores de justicia de los estados.

Cárdenas Gracia resaltó que a pesar de lo planteado en el proyecto de dictamen, la mayoría de los tribunales estatales permanecen sujetos al control de los gobernadores y, por tanto, no se garantiza la imparcialidad en los fallos.

“Con el argumento de ‘atemperar’ la intervención de la justicia federal se corre el riesgo de que los gobernadores, quienes ejercen relevante influencia en los tribunales de justicia locales, se conviertan en poderosos decididores”, resaltó.