La construcción de la supervía en el poniente depende de que se apruebe la manifestación de impacto ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente, que puede tardar seis meses en revisarla y fijar las medidas de mitigación a cumplir por los constructores. También, de la resolución de la demanda de amparo que interpusieron más de 350 vecinos de la Magdalena Contreras ante el juzgado décimo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal.

En la presentación del plan de manejo de la Alameda, la procuradora ambiental, Diana Ponce, comentó que la autorización del documento puede retrasar el inicio de las obras, previsto para agosto, pues el promedio de análisis es de seis meses a partir de su ingreso, el cual sucedió hace unos días.

La secretaría puede acortar tiempos, pero no se puede empezar su construcción hasta autorizarlo, pues después toca a la procuraduría dar seguimiento a la obra y garantizar que las medidas de mitigación y resarcimiento de árboles afectados por el trazo se cumplan.

Al finalizar el plazo fijado por el juzgado décimo de distrito para conocer el número de amparos solicitados con anterioridad que estén relacionados con la construcción de esta vialidad, que será de cuota, más de 350 vecinos de la delegación Magdalena Contreras corroboraron su identidad como promoventes en contra del Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, que forma parte de su defensa jurídica ante la construcción de la vialidad.

Se espera que en los próximos días se determine si procede o no la protección de la justicia federal, aunque otro grupo de colonos que también se opone a su construcción informó que la Secretaría de Medio Ambiente local, en respuesta a una solicitud de información pública negó dar a conocer el proyecto ejecutivo de la obra con el argumento de que no es del ámbito de su competencia.