El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) investigar si la difusión del informe de gobierno de Quintana Roo se realizó fuera del plazo legal. Según el PAN, que presentó la querella, esta medida tiene claros fines electorales. Por otra parte, los magistrados consideraron infundado el más reciente recurso interpuesto por el senador perredista Tomás Torres contra la selección de candidato perredista a la gubernatura de Zacatecas, lo que deja firme la postulación de Antonio Mejía Haro.

Culiacán, Sin. El Partido de la Revolución Democrática aprobó por unanimidad la nominación de Mario López Valdez, Malova, como precandidato a gobernador de Sinaloa, que se suma a la postulación que hizo Acción Nacional. Durante su Consejo Estatal, los perredistas recibieron a López Valdez, quien los convocó a trabajar por la alianza, en cuyas negociaciones participan además los partidos del Trabajo y Convergencia. En tanto, el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa resolvió aplicar al PRI una multa de 248 mil 288 pesos (10 por ciento de sus prerrogativas de agosto) por actos anticipados de campaña.

Culiacán, Sin. Comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos levantaron el plantón que mantuvieron durante 21 días en el Congreso estatal tras lograr un acuerdo para el pago de sus predios y mejoras en servicios públicos, informó la dirigente María del Rosario Alapizco. Dijo que autoridades de los gobiernos estatal y federal realizarán un nuevo avalúo de los predios inundados por la obra hidráulica y que se comprometieron a entregar un anticipo de las indemnizaciones. Añadió que recibieron la propuesta por escrito y confió en que los acuerdos se firmen la próxima semana.

Querétaro, Qro. Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobaron reformas al Código Penal que obligan a las mujeres que aborten a recibir atención médica integral para que el juez les reduzcan la condena. También aprobaron tipificar como delito la discriminación y la violencia de género, con penas que van de uno a tres años de prisión. Si los infractores son servidores públicos serán destituidos e inhabilitados.