¿Qué ha cambiado con los gobiernos del cambio?

Gobiernos progresisitas y movimientos ambientalistas

Eduardo Tamayo G.

Los variopintos gobiernos progresistas que se han instalado en América Latina, pese a que su mayor mérito es haber dado prioridad a la inversión social --tan venida a menos en el largo período neoliberal--, no parecen estar sintonizando con las cuestiones ambientales tan indispensables para salvar la vida en el planeta. Tal parece ser la conclusión a la que llegan algunos ecologistas del cono sur.

“Un rápido repaso muestra que tenemos avances en aspectos normativos como en la Constitución ecuatoriana sobre los derechos de la naturaleza, la creación del Ministerio del Ambiente en Perú y el nuevo marco ambiental que se discute en Chile, pero más allá de estos pequeños casos referidos a la normativa y el marco legal, en la gestión y elaboración de políticas hay un estancamiento e incluso un retroceso en algunos países, en los que se ve sobre todo la insistencia de flexibilizar las medidas ambientales para permitir la llegada de inversiones y mantener las exportaciones”, manifiesta el uruguayo Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Gudynas asevera que los gobiernos progresistas han tenido enormes dificultades en entender la cuestión ambiental y aún más dificultades para plantearse nuevos estilos de desarrollo que no impacten de manera negativa sobre la naturaleza. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales, el 22 de abril de 2009 propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de adoptar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que contiene cuatro puntos básicos: el derecho a la vida, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, el derecho a una vida limpia y el derecho a la armonía y al equilibrio con todos y entre todos y todo. Sin embargo, casa adentro, “la política doméstica persiste en su desarrollo extractivo (…); el presidente más de una vez ha reivindicado la necesidad de explotar los recursos naturales diciendo ‘¿de qué otra forma vamos a vivir?’”, señala Gudynas.

“La Constitución boliviana, en el área ambiental, tiene algunos artículos que implican un retroceso en tanto establecen como mandato del Estado la industrialización de la naturaleza, por lo tanto, allí se crea una paradoja: mientras la nueva Constitución ecuatoriana es un paso de vanguardia en el tema ambiental, la Constitución boliviana en algunos artículos mantiene el orden convencional y en otros artículos es un paso hacia atrás”.

En Argentina la situación no es mejor. El argentino Carlos A. Vicente, integrante de GRAIN y Acción por la Biodiversidad, señala que “El gobierno sigue apostando al modelo de saqueo y contaminación que está emblemáticamente representado por los 20 millones de hectáreas de soya transgénica que se sembrará este año y por los cientos de proyectos mineros que se están intentando imponer a los pueblos a lo largo de toda la cordillera de los Andes”. A lo largo y ancho de Argentina –-agrega Vicente-- surgen resistencias y denuncias de movimientos sociales y comunidades locales. “Pero lamentablemente el gobierno no supo ver que era en esta alianza con sectores urbanos y campesinos donde podía encontrar un punto de apoyo para contrarrestar la potente embestida de la derecha que sufrió el último año, a partir del conflicto con los grandes y medianos terratenientes rurales”.

En Ecuador, el gobierno presidido por Rafael Correa puso a consideración de la comunidad internacional la iniciativa Ishpingo - Tambocha Tiputini (ITT), consistente en dejar en tierra el petróleo de la reserva del Parque Yasuní (una de las áreas de mayor diversidad del planeta y donde habitan pueblos libres en aislamiento voluntario) a cambio de una compensación internacional estimada en 350 millones de dólares. Esta propuesta constituye una iniciativa emblemática para enfrentar el calentamiento global, un paso adelante para salir de la lógica extractivista y una opción para construir el buen vivir, entendido como la vida en armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza. Sin embargo, la decisión del gobierno de impulsar la actividad minera lo ha distanciado de los movimientos sociales y grupos ecologistas que han organizado varias movilizaciones para oponerse a dichos proyectos considerando que se afectarán las fuentes de agua y se ocasionará daños medioambientales irreparables.

-Gobiernos como el del Ecuador –-preguntamos a Eduardo Gudynas-– dicen que se necesitan recursos para la inversión social y entonces se necesita extraer, porque no hay otra forma de obtener dinero…

-Los gobiernos progresistas sí cuentan con recursos; el problema es cómo los utilizan. Por ejemplo, en la propuesta de Rafael Correa para atender la urgencia agroalimentaria destinó un paquete de más de 400 millones de dólares, del cual más de la mitad estaba dirigido a subvencionar los agroquímicos. El gobierno en vez de utilizar ese dinero en la reconversión del sector agropecuario hacia una producción de menor impacto y más directamente ligada a la alimentación local, lo utiliza para comprar productos cuyo beneficio y cuya renta van a terminar en un conjunto de empresas que hacen agroquímicos, muchas de ellas trasnacionales.

-Otro argumento gubernamental es que los recursos que se obtengan de la actividad minera van a servir para preparar el terreno para abandonar el extractivismo y se llegue a una sociedad de servicios y del conocimiento.

-Eso puede ser; el movimiento ambientalista no postula suspender de la noche a la mañana todas las acciones extractivas; lo que postula es cómo vamos a balancear, cuáles de ellas van a permanecer y qué modelo de transición va a haber a otro estilo de desarrollo. Por otro lado tenemos que tomar el ejemplo de otros países que no tienen sector minero desarrollado, no tienen sector petrolero desarrollado y tienen niveles de calidad de vida y de equidad mejores que los de Ecuador, por ejemplo Uruguay.

-¿En donde está la clave para desarrollar un nuevo modelo que supere el extractivismo?

-La clave está en cómo ir rediseñando la estrategia de desarrollo; una estrategia de desarrollo pos-material va a implicar un plan de transición para ver cuál de esos sectores extractivistas tiene que ser reducido y cómo se va a compensar ese desbalance económico con otro tipo de producción que no tenga ese daño ambiental, genere mayor valor agregado o mayores beneficios económicos y tenga una mayor demanda de empleo. El problema con el extractivismo, bajo los gobiernos progresistas, es que siempre se termina en un discurso del chantaje en que no tengo otra opción más que hacer extractivismo hoy porque si no el país no tiene dinero, y no existe evidencia empírica de que esto suceda porque no todos los países son extractivistas. Además, eso es aceptable sólo en algunos casos y redobla la responsabilidad de los gobiernos de turno de tener esquemas de transición hacia otro desarrollo. Esto, además, requiere repensar la integración regional, porque un país aislado no puede abandonar la estrategia extractivista; debe ser el conjunto de países, y por lo tanto eso hay que comenzarlo a discutir en los bloques regionales; sea en la Comunidad Andina, sea en el Mercosur o sea en la Unasur, no está en la agenda coordinar políticas mineras, de hidrocarburos o agropecuaria. Y tampoco está en la agenda, bajo los actuales gobiernos progresistas, coordinar la producción para poder salir de la dependencia global de exportar minerales o hidrocarburos. O sea, la tarea de la integración es generar una integración autónoma que permita otro estilo de desarrollo.

Coincidencias y diferencias. Preguntamos a Carlos Vicente: ¿Cuáles son las diferencias y discrepancias entre los movimientos sociales y los gobiernos de izquierda?

-Creo que la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa y el cuestionamiento al modelo neoliberal son importantes puntos de coincidencia que han permitido valiosos procesos de cooperación. El principal punto de conflicto con los gobiernos de izquierda justamente es que los fundamentos económicos de los mismos siguen siendo la explotación de los recursos naturales de nuestro continente. En ese sentido es claro que las “venas abiertas de América Latina” siguen sangrando.

“En la actualidad se suman a los viejos mecanismos de extracción de recursos energéticos y minerales las nuevas mercancías globales que invaden nuestro continente con distintos rostros pero con los mismos objetivos de alimentar al Norte opulento y a quienes viven de manera opulenta en nuestro cada vez más empobrecido Sur. Entonces, ya se trate de soya, caña de azúcar, palma aceitera, piña, eucaliptus o pinos estamos viviendo una invasión territorial que desplaza comunidades y destruye la naturaleza sin que los gobiernos de izquierda (con todas las diferencias y matices que hay entre ellos) se animen a enfrentar.

“En el mismo sentido, la declarada búsqueda de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos no se encara promoviendo una agricultura local en manos de campesinos e indígenas, sino que sigue apelando a modelos de agricultura industrial que alimentan fundamentalmente a grandes corporaciones”.

Confluencia social–ecologista. Los movimientos ecologistas de América Latina que actúan en el escenario descrito son muy heterogéneos y muy diversos. Allí encontramos organizaciones urbanas y rurales, grupos de académicos, líderes sociales, redes nacionales y coordinaciones internacionales en torno a los temas de la minería, la conservación de áreas naturales, la protección de los bosques, la defensa de las semillas criollas y contra la penetración de los transgénicos y la lucha contra el ruido y la contaminación en las ciudades. Una tendencia que se ha venido gestando y reforzando en los años recientes ha sido la confluencia entre los movimientos ecologistas y los sociales para avanzar en propuestas transformadoras.

“Por supuesto, señala Carlos Vicente, existe un ámbito del espacio ambientalista que persiste en propuestas tecnocráticas y que se ha aliado a los grandes capitales para avanzar en procesos de privatización y de ataque a comunidades locales, con lo que nosotros no sólo no coincidimos sino que permanentemente denunciamos como uno más de los caminos de agresión a los pueblos.

“Pero dentro del espectro de organizaciones que trabajamos en el marco de la ecología social y la ecología política, no hay duda que el encuentro con movimientos campesinos, con pueblos indígenas y con movimientos urbanos de base ha sido uno de los hechos más importantes en la construcción social transformadora en América Latina en la década reciente”.

-Usted ha planteado una alianza estratégica de los movimientos sociales y ambientalistas. ¿Cuáles deberían ser los ejes de esa estrategia?

-La lucha por la soberanía alimentaria, por el control por los pueblos de las semillas y la biodiversidad y contra la apropiación de la vida por medio de la patentes han sido ejes de una convergencia que aún tiene mucho camino por recorrer.

“Estoy convencido que la lucha contra la explotación de las personas por las personas tiene todo en común con la lucha contra la explotación de la naturaleza por los hombres. Y en ese sentido los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y campesinos convergen también con las búsquedas de modelos de sociedad que permitan la convivencia armónica que los movimientos ecologistas vienen planteando en las décadas recientes. Creo que las propuestas del buen vivir de los pueblos andinos son un ejemplo concreto de cómo se está avanzando en un camino común”.

* Texto publicado en el número 450-451, de diciembre de 2008, de América Latina en Movimiento, revista de la Agencia Latinoamericana de Información (Alai)

Cumbre de Copenhague: el sistema
jurídico internacional y el futuro de la humanidad

Susana Cruickshank

Después del establecimiento de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, el Protocolo de Kioto fue el marco jurídico en el que los compromisos internacionales con respecto a reducción de emisiones frente al cambio climático se hicieron obligatorios y vinculantes.

A pesar de que se firmó en 1997, el Protocolo entró en vigor en 2005 y la vigencia de dichos acuerdos finaliza en el 2012; por eso la urgente necesidad de establecer compromisos en un marco vinculante a partir de 2012 y hasta 2017. Lamentablemente, es sabido por la comunidad internacional que Estados Unidos, el mayor emisor histórico (de emisiones acumuladas, el 24 por ciento del total mundial) no ratificó dicho Protocolo y en Copenhague ha desconocido el único marco jurídico internacional que puede hacer frente de forma global a un problema que atañe a la vida en el planeta.

El hecho de que el presidente Obama y otros líderes mundiales no hicieran mención a este Protocolo y desconocieran los avances hechos a partir de su establecimiento (así como los acuerdos de los cuatro grupos de trabajo parte de este proceso, a saber: mitigación, adaptación, financiamiento y transferencia de tecnología, así como a partir del Plan de Bali) en un documento consensuado por unos cuantos países, y que dejó a varios países considerados entre los más vulnerables fuera del consenso, es un hecho ya muy grave de por sí. Japón y los países de la Unión Europea también fueron partícipes del fracaso de Copenhague; sin embargo, el mundo esperaba un fuerte liderazgo de Estados Unidos. No es que fracasara Copenhague, es que fracasó el sistema de las Naciones Unidas.

La pregunta es entonces ¿cómo se recuperarán las Naciones Unidas de este duro golpe a su legitimidad cuando por un lado la nación más poderosa la desconoce y por otro aún hay líderes de otros países generando procesos alternativos? ¿Cómo se vinculará este documento final, consensuado por tan sólo 25 de los 190 países presentes en Copenhague, al marco jurídico internacional?

Hay comunidades científicas en Estados Unidos que hablan de una “subgobernabilidad” del cambio climático a partir de acuerdos regionales de reducción de emisiones, y de financiamiento. El gran peligro es que el problema es un problema global. Los países más pobres frente a países con una gran responsabilidad histórica no deben asumir los costos de los más responsables que tal vez estén muy lejos regionalmente, pero sus emisiones les afectan al grado de estar en riesgo su supervivencia.

Antes de que Naciones Unidas cumpliera 50 años, ya se cuestionaba su existencia. La guerra que Estados Unidos declaró a Irak puso aún más en duda su legitimidad. Diferentes grupos de trabajo han hecho propuestas de reestructuración, pero su máximo órgano, el Consejo de Seguridad, aún es altamente cuestionado en su composición, obsoleta ya, pero también en su toma de decisiones. El cambio climático es un tema de emergencia internacional, y el Consejo de Seguridad podría o debería tomar en sus manos el tema, pero ¿cómo, si es el país que tiene derecho de veto es el mismo que ha negado la existencia de las Naciones Unidas en el tema?

Mucho hay aún que definir hacia la concreción del Plan de Bali, la continuidad del Protocolo de Kioto y el reconocimiento de las naciones más poderosas de un marco jurídico internacional que ponga límites a las grandes corporaciones de la energía. Cualquier mecanismo de gobernabilidad regional deberá sujetarse a los acuerdos internacionales y respetarlos.

México, en donde se realizará la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes (COP 16) en noviembre o diciembre de 2010, tiene grandes retos por delante: a) ser parte de las reuniones bilaterales y de grupos específicos como el Grupo de los Ocho; el grupo de las economías más grandes (MEF por sus siglas en inglés), y la pre-COP, prevista para junio del 2010, con propuestas que realmente se hagan cargo del tamaño del problema en cuanto a reducción y a formas de financiamiento. b) Ser anfitriones que enarbolen la tradición diplomática que nuestro país tuvo por mucho tiempo y ha perdido hace unos sexenios, y ofrecer buenos oficios no para alcanzar acuerdos mediocres, sino acuerdos atrevidos, pertinentes, certeros, congruentes. Y c) ser anfitriones no sólo de los gobiernos, sino de los Estados nación, incluida la sociedad civil que busca espacios, que busca ser incluida en sus propuestas, que busca ser escuchada, pues está en riesgo la vida del planeta.

El gran reto es generar el compromiso de la economía más grande en materia de reducción de emisiones: 40 por ciento al 2020 para los países más desarrollados y 30 por ciento para las naciones en desarrollo con respecto a los niveles de 1990 (nada más y nada menos que lo considerado necesario por el Panel Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático). Y en materia de financiamiento, un mecanismo que sea capaz de tener lo requerido según el mismo panel: 140 mil millones de dólares anuales para mitigación, adaptación, vulnerabilidad y transferencia de tecnología, con claras formas de gobernabilidad y acceso a éste. Muchos son los retos, pero se trata nada más y nada menos que de la vida de millones de seres humanos, de seres vivos, del planeta entero.

Directora de Campañas de Greenpeace México

Resultados de Copenhague:
fracaso para el mundo pero retos para México

Sandra Guzmán

La 15 Conferencia de las Partes (COP 15), o Cumbre del Clima, celebrada en Copenhague había sido esperada y considerada un hito en el combate al cambio climático, pues allí, se pensaba, se establecerían los compromisos futuros para lograr la estabilización de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del calentamiento global, y evitar con ello que la temperatura planetaria aumente más de dos grados centígrados –pues una subida así comprometería la existencia de la humanidad, según advertencias del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

A pesar de ello y de las constantes amenazas, impactos y evidencias del cambio climático, los países del mundo se sumergieron en un proceso de negociación que lejos de resolver el problema, lo profundizó; llevaron la discusión a niveles políticos y económicos, dejando de lado lo ambiental y social.

FOTO: Jake Simkin / Oxfam México

La Cumbre de Copenhague no logró lo que la sociedad esperaba, un acuerdo equitativo, ambicioso y jurídicamente vinculante; concluyó con un acuerdo excluyente, pues sólo cinco países (Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica) decidieron los puntos finales y el resto de 192 naciones participantes en las negociaciones quedó al margen. Ello restó credibilidad al proceso “democrático” que se pretendía y dio la espalda a 20 años de discusiones globales: al Protocolo de Kioto –el único pacto vinculante que hoy se tiene en la materia– y al trabajo desarrollado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Si bien el acuerdo firmado en Copenhague señala las contribuciones monetarias que podrían ayudar a enfrentar de manera inicial el problema (30 mil millones entre 2010 y 2012 y cien mil millones anuales del 2012 al 2020), se trata de un acuerdo condicionado y no jurídicamente vinculante, lo que significa que las partes no están obligadas a cumplirlo.

Así culminó la COP 15, con la inconformidad de los más de 15 mil observadores (organizaciones no gubernamentales, grupos indígenas y demás miembros de la sociedad civil) que fueron excluidos del proceso, y de muchos países como los africanos y Tuvalu y el grupo de países isleños, todos los cuales reclaman y lamentan que el mundo se maneje con dinero y poder. Porque mientras Estados Unidos y China discuten los mecanismos de mercado que habrán de regir al mundo, aquellas naciones en desarrollo se preocupan por su seguridad alimentaria y por la supervivencia de sus territorios y poblaciones.

Este escenario pone a México ante grandes retos. Al ser sede de la siguiente COP en 2010, deberá mostrar un liderazgo en la lucha contra el cambio climático, no sólo en la reducción de emisiones, sino también en la reducción de la vulnerabilidad a la que su población está expuesta. Deberá mostrar congruencia entre sus actos y sus discursos, de lo cual actualmente carece. Además deberá velar porque el proceso de negociación y el acuerdo que se persiga sea incluyente, equitativo, justo, ambicioso y jurídicamente vinculante, manteniendo la transparencia y el respeto a los canales de negociación existentes.

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)

Conciencia, cuestión de sobrevivencia Gisela Villamil FOTO: Raúl Benet / Oxfam México En la reunión de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Bali en 2007, se evidenció la primera movilización mundial que marcaba el ingreso del movimiento de Justicia Climática dentro de estas negociaciones. Los cambios en el clima son procesos normales y periódicos de la Tierra, pero desde el inicio de la era industrial se han acelerado de manera incontrolable debido a un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Cuanto más industrializado es un país, mayores son sus emisiones GEI. Considerando que los países desarrollados son los más consumistas, es posible afirmar como patrón general que son los que más contaminan. El 20 por ciento de personas del mundo son responsables del 80 por ciento del total de emisiones, entre los que están indudablemente incluidos los miembros del Grupo de los Ocho. La humanidad ha superado en 30 por ciento la capacidad biológica de la Tierra; los índices de Huella Ecológica y Huella Hídrica nos alertan sobre el consumo desmedido de algunos países en relación con otros, y principalmente nos dan una idea clara de que el espacio atmosférico, los recursos naturales y la Madre Tierra son limitados. Todos los países tienen derecho al desarrollo, pero no todos pueden conseguirlo. Los más pobres y en vías de desarrollo deberán depredar sus espacios para alcanzar niveles de desarrollo aceptables, pero en la actual crisis climática estos espacios ya no pueden considerarse propiedad de un país u otro, sino espacios de la humanidad. Paradójicamente, los menos responsables de esta crisis climática son los más vulnerables a sufrir sus efectos; los países pobres no tienen las capacidades de mitigación y adaptación de los ricos, ni la tecnología ni los recursos económicos para hacer frente a los desastres climatológicos actuales, Los gastos ocasionados por estos desastres pueden ser iguales en cada país, pero no representan lo mismo para un país rico que para uno pobre. Lo observado en el proceso de negociación sobre el clima a lo largo de 2009 nos hace pensar que estas negociaciones ya no tienen nada qué ver con el clima o con la humanidad, sino más bien con los intereses económicos de los países desarrollados. Las metas de reducción de emisiones propuestas por los integrantes del Anexo I (países desarrollados) son minúsculas, obviamente porque la reducción en sus emisiones significa un estancamiento en su economía. La injusticia climática que se observa en las negociaciones internacionales ha tenido un fuerte rechazo de la sociedad civil que vislumbra con horror el futuro. En enero de 2009, durante el Foro Social de Belem, Brasil, nació la propuesta de la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, que fue desarrollado e impulsado por diferentes movimientos sociales, pueblos indígenas y campesinos y redes de activistas, que celebraron la primera audiencia de este tribunal en octubre de 2009 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. A pesar de no tener carácter de Estado ni vinculante, pues su constitución y funcionamiento no se origina en el Poder Judicial sino en la sociedad civil organizada, sus resoluciones buscan implicaciones morales, éticas y políticas y se proyectan a construir un sistema ético que interpele a los gobiernos y las entidades multilaterales a asumir sus responsabilidades en el marco de la equidad y la justicia climática. A nivel gubernamental, algunos países del Grupo de los 77 (G77) han asumido una posición de respaldo a nuevas propuestas del gobierno boliviano, que sostiene que los países desarrollados deben reconocer y asumir la deuda climática que tienen con los países que no lo son y con la Madre Tierra. El gobierno boliviano ha tenido un papel muy importante en este contexto, con propuestas que incluyen la carta “Salvemos al planeta del capitalismo” dirigida a la CMNUCC en Poznan, Polonia, en 2008; la promoción ante las Naciones Unidas de que se instituya el día internacional de la Madre Tierra (22 de abril); la petición formal de la creación de un tribunal de justicia climática en el CMNUCC, que juzgue los crímenes que vulneren los derechos de la Madre Tierra, y la Cumbre Social Alternativa con carácter vinculante a realizarse en abril del 2010, para que los pueblos sean escuchados y decidan su destino armónico. Rumbo a este encuentro y el futuro, la responsabilidad de cada individuo es cuestionar nuestros modos de vida y nuestra participación en este sistema depredador y consumista, y asumir nuestra responsabilidad de construir un sistema integral con un nuevo modelo de desarrollo que permita no solamente vivir bien y en paz y armonía con la Pacha Mama (Madre Naturaleza), sino además construir un cimiento de respeto del ser humano hacia ella. Investigadora y colaboradora de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático Skype: gsvillamil

Agricultura y seguridad alimentaria:
los otros excluidos del bella centre

Raúl Benet

La agricultura es un ámbito donde la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y el cambio climático se reúnen y deben ser atendidos integralmente. Hay cuatro grandes objetivos que pueden ser alcanzados mediante cambios en las prácticas agrícolas:

1. Mitigación. Más carbono retenido y menores cantidades de gases de efecto de invernadero emitidas mediante prácticas agrícolas sustentables.

2. Adaptación (resilencia): Mejor capacidad de enfrentar el cambio climático vía una mejora en los medios de vida y mediante ecosistemas más robustos.

3. Seguridad alimentaria: Vinculada a un incremento en la productividad basado en prácticas agrícolas apropiadas.

4. Medios de vida. Mejores ingresos por medio de mayor productividad y el pago por captura de carbono y por servicios ambientales.

FOTO: Raúl Benet / Oxfam México

Esta visión es defendida en las negociaciones climáticas por organismos internacionales encabezadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y por instancias de la sociedad civil, pero éstas últimas señalan el grave riesgo de que los resultados sean adversos en cada uno de los objetivos propuestos, si no se toman en cuenta algunos principios básicos como los siguientes:

a) El papel de los mecanismos de mercado y los bonos de carbono. En un lado del debate se ubican quienes esperan recibir inmensas sumas de dinero proveniente de mecanismos de mercado. Es el caso del gobierno mexicano, que pretende ser el gran beneficiario de las operaciones de compraventa de derechos a contaminar. Sin embargo, muchas organizaciones no gubernamentales, académicos e incluso gobiernos del sur, dudan que tales mecanismos de mercado puedan reducir la pobreza o mejorar el medio ambiente.

b) Financiamiento. ¿Cómo debe recaudarse el dinero, a quién debe distribuírsele y con base en qué criterios?; ¿quién debe tomar las decisiones?, y ¿qué es lo apropiado para monitorear, reportar y verificar (MRV) la instrumentación de las acciones? ¿El financiamiento debe enfocarse a maximizar la reducción de las emisiones, o también debe considerar la capacidad de adaptación de las comunidades, la seguridad alimentaria y el bienestar?, y ¿qué papel jugará el gobierno en el financiamiento para la mitigación, la adaptación y la promoción de una agricultura ambientalmente favorable?

c) Productividad vs uso de suelo en relación con la seguridad alimentaria. Se prevé que la demanda por alimentos se duplique en las próximas décadas. ¿Cómo hacer frente a este incremento? Generalmente los intereses corporativos y la agroindustria promueven un sistema agrícola de altos insumos, basado en fertilizantes, pesticidas, tecnología transgénica, etcétera, mientras que las comunidades campesinas tradicionales, organizaciones no gubernamentales, académicos y grupos de producción orgánica argumentan que es posible elevar la producción mediante prácticas agrícolas de bajos insumos, recuperación de semillas, prácticas de conservación de suelos y buen manejo del agua y la energía, y que esto además contribuye a la resilencia ante el cambio climático.

d) Control sobre los recursos naturales, incluyendo agua y tierra. El cambio climático está incrementando la presión sobre los recursos naturales en la medida que los impactos físicos, el flujo de recursos financieros y las decisiones políticas promueven mayor demanda por las tierras, y por el agua y el carbono que contienen. ¿Cómo salvaguardar la tierra, el agua y los derechos de las comunidades rurales, amenazados por la voracidad de las compañías, los gobiernos y los inversionistas?

e) Instituciones, gobernanza. En general se acepta la necesidad de involucrar a las comunidades afectadas, a los pequeños productores campesinos, a las mujeres y a las comunidades indígenas. Sin embargo, no es claro cómo llevar a cabo estas intenciones. ¿Es suficiente contar con consultas, con un consentimiento previo? Las comunidades demandan más bien participar de manera muy significativa en la toma de decisiones, en el monitoreo, en la acción, en el financiamiento. La transparencia es crucial.

“Sin agricultura no hay trato”, fue el lema adoptado por la comunidad agrícola en Copenhague. Y no hubo trato. La referencia crucial a la agricultura, que promovía el financiamiento, la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica para la agricultura, quedó “entre paréntesis” (en brackets, es decir, sin acuerdo), en el texto final impuesto por Estados Unidos. El vago acuerdo sobre REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques) tampoco incluyó el tema de agricultura, aunque ésta era una demanda de muchos países pobres.

¿Qué expectativas tiene la agricultura para la COP 16 en México? No obstante todo lo anterior, hay una clara tendencia a la vinculación entre los temas de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático. Muchos países seguirán insistiendo durante las negociaciones climáticas del 2010 para asegurarse de que en la atención al cambio climático se integre plenamente los temas de agricultura y seguridad alimentaria. Oxfam México seguirá respaldando a las organizaciones campesinas y sociales para evitar que el cambio climático se convierta en una causa más de pobreza, migración y pérdida de derechos de las comunidades campesinas mexicanas.

Oxfam México