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Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 10 de enero de 2010 Num: 775 |
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Bazar de asombros Economía y cultura Negación a pesar de la evidencia Alentar la economía cultural Triángulo de voces Medios sin mercados Hacia un sistema económico del sector cultural Ser vendedores de cultura ¿Públicos o consumidores? La escritura fronteriza Columnas: |
Hacia un sistema económico del sector culturalEduardo Cruz Vázquez
A efecto de poder acercarme a la caracterización y diseño del sector cultural, he venido trabajando en los últimos años en el estudio, análisis y diseño de propuestas en algunos campos de la economía cultural como subdisciplina de las ciencias económicas. Dicha labor se ha profundizado en la UAM-Xochimilco a partir de la instalación del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. De las páginas que he publicado en diarios y revistas, pongo a consideración una síntesis que espero siga estimulando el debate, el diálogo y la controversia. 1. Las características del trabajo o empleo cultural, realidad que pasa desde la definición apropiada del trabajo cultural, como por las categorías que son factibles establecer, hasta la necesidad de implementar un censo para el cabal conocimiento de dicha realidad. Ello nos deriva hacia un mapa de las formas productivas y las apropiaciones simbólicas de un segmento de la población que vive de la cultura. Asimismo, nos conduce hacia la posible definición de lo que significa el sector cultural, sus subsectores, ramas, subramas y clases. El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), letra muerta a quince años de suscrito el Tratado de Libre Comercio, nos brinda luces al respecto. 2. El gasto, inversión y capital que hacen viable que un país cuente con bienes y servicios culturales, infraestructura, ofertas diferenciadas y recursos humanos dispuestos para su creación, operación, sostenimiento y capacidad de expansión a efecto de atender las demandas sociales y para dotar a la nación de un sentido de pertenencia. Aquí un componente fundamental es acceder al pleno conocimiento de los criterios de política pública, en particular de las asignaciones de recursos por parte de los tres niveles de gobierno, dado el comprensible monopolio que ejerce la administración pública en el sector. Este análisis incluye también las derramas hacia las empresas paraestatales, universidades públicas, fideicomisos, asociaciones civiles, fundaciones y otras entidades que se benefician de subsidios, transferencias, deducibilidades, excepciones, privilegios tributarios o inversiones productivas. De igual forma, implica el cuantificar el valor de los bienes en poder del Estado: desde una silla en una escuela de música, hasta una zona arqueológica. Crucial, a su vez, es precisar el peso financiero de las aportaciones de capital privado, dividido al menos en tres vertientes: el que proviene de la llamada Responsabilidad Social Empresarial, estrecho quehacer en el que sobresalen corporativos nacionales o extranjeros; el que aportan quienes dan vida a las llamadas micro, pequeñas y medianas empresas culturales (incluidas las que se desempeñan en la informalidad) y, finalmente, el capital de las industrias culturales cuyo negocio se lleva buena parte del consumo de la población. Resulta nodal el capítulo relativo a las empresas culturales y al papel que desempeñan los emprendedores culturales. Conocer a fondo esta realidad y tratar de determinar un contexto básico para su identificación podrá permitir el diseño de políticas económicas que alienten su rol en la economía nacional. 3. El valor y la aportación de la cultura a la economía nacional o si se quiere, su peso en el Producto Interno Bruto (PIB). No basta para este indicador el impacto de las industrias culturales, creativas o de régimen de propiedad intelectual, más si consideramos que mucho de ese capital no se queda en el país. Sólo será posible acceder a cifras reales del peso de la cultura en la economía nacional (léase PIB), hasta que se elabore un sistema que permita identificar y cuantificar las cadenas productivas del sector. Por ello es urgente que de las visiones tradicionales que da la política cultural se pase a una política económica. 4. El seguimiento a los estudios, estadísticas e indicadores sobre economía cultural (prácticas y consumos en lo particular), tratando de acentuar el sentido que señale las lógicas del gasto en las personas o conglomerados poblacionales. Aquí conviene indicar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), debe jugar un papel fundamental. Crear la Cuenta Satélite es impostergable. 5. Por todo lo anterior, acercarnos a la importancia que debe tener el sector cultural en la irresuelta discusión de la Reforma del Estado. Temas como la pertinencia de que el Conaculta y sus organismos coordinados se ubiquen dentro del sector educativo y, por ende, el impostergable reordenamiento legal; los relativos a los tratamientos fiscales; de la Ley y el Observatorio del Trabajo; de la transversalidad con la Secretaría de Economía, las relaciones sindicales y los contratos colectivos; de la seguridad social para los trabajadores de la cultura; del comercio internacional, incluidas las reservas culturales no contempladas en numerosos tratados comerciales; de la participación en los organismos internacionales de cultura e incluso de carácter financiero que puedan coadyuvar al desarrollo del sector; del papel que deben jugar los indicadores en las tareas del INEGI, y de la también correlación con la agenda nacional en cuanto a factor político (por ejemplo, con la CNDH), son sólo algunos puntos fundamentales para diseñar una perspectiva del sector. 6. Conocimiento, estudio y valoración de otros modelos o prácticas internacionales en la economía cultural. Destaco las experiencias de la UNESCO, del Convenio Andrés Bello, de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OCDE del Banco Interamericano de Desarrollo, del MERCOSUR, de los ministerios de Chile, Colombia, España y Francia, de la Unión Europea, de las escasas cuentas del INEGI y los estudios del Conaculta (sic). Están, por supuesto, las deliberaciones de académicos y gestores culturales. Al avanzar en el desarrollo de cada uno de estos puntos, un escenario de especulación ha sido que, si bien la discusión y apuntalamiento de una política cultural seguirá siendo necesaria, llegó la hora de trazar, por un lado, una política económica para el sector cultural, y por otro, arribar al diseño de un sistema económico del sector cultural. Son numerosos los intereses en juego y van más allá del umbral sagrado de la cultura nacional; está en relieve el cuestionamiento y a la vez la reingeniería de la tarea cultural (cambio de paradigmas) como responsabilidad casi monopólica del Estado, reconsideración integral en tanto está de por medio la viabilidad de una forma de vida para millones de personas en el país. En suma, el conocimiento pleno de los componentes de la economía cultural y del rol que cada uno de sus actores debe jugar, nos permitirá generar políticas públicas y privadas que se traduzcan en empleos, diversidad de empresas y servicios, de seguridad social y de acceso a bienes culturales como una manera de consolidar el perfil de la nación. Una labor de estudio, análisis, prospectiva y diseño de políticas económicas para el sector cultural, a efecto de consolidar un sistema económico que coexista como una parte de la economía nacional, no debe ser una labor exclusiva del gobierno. Toca a un empeño concertado en el cual los esfuerzos de estudiosos y del empresariado cultural deben ser tomados en cuenta como actores. Resumo e indico algunos de los pasos a seguir. 1. Ensanchar el sentido de la política cultural e incorporar una política económica a las nociones del quehacer del Estado en la materia. Eso se traduce en el reconocimiento de la economía cultural como parte del aparato productivo del país. 2. Incorporar en toda su dimensión al sector cultural en la Reforma del Estado. Establecer un papel activo a las secretarías de Economía y del Trabajo. 3. Impulsar estudios, foros y polémicas de alcance nacional que incidan en el diseño de políticas y programas que orienten la toma de decisiones cruciales para el sector con base a una gradualidad a mediano y largo plazo. 4. Conocimiento y participación de los distintos actores, en los criterios de asignación presupuestal por parte de la SHCP, del Conaculta y de las cabezas de sector en estados y municipios. 5. Evaluar la viabilidad del aparato burocrático en cultura. Terminar con la tendencia a la obesidad como condición de salud, lo cual hace que el “mercado” cultural carezca de viabilidad por la centralidad del aparato de gobierno. Esto significa la posibilidad de desregularizar funciones, trasladar responsabilidades hasta ahora del Estado a empresas culturales y organismos civiles. 6. Replantear la relación y participación de los grandes capitales privados y del sector empresarial vinculado a la filantropía, es decir, concertar nuevas reglas para la entrega, inversión y obtención de recursos, tanto para el propio gobierno (asociación por mecenazgo) como para el denominado tercer sector y, particularmente, a las Mipymes. Aquí es vital el aliento a la formación de emprendedores culturales (capacitación, incubadoras, fondos de inversión). 7. Un papel más activo y por ello decidido, del Congreso de la Unión. El cambio estructural no es un asunto que compete exclusivamente a las comisiones de cultura y, por ello, la transversalidad es impostergable. En este escenario es fundamental la articulación con los congresos locales y de la Asamblea de Representantes. Llevará tiempo la vuelta de tuerca, de paradigmas, que significa reestructurar el sector a efecto de hacerlo visible y viable económicamente. Atrapados en buena medida en la telaraña de los valores simbólicos e incluso del menosprecio de los propios actores involucrados, pues disfrutan más de los subsidios que de los ajustes de cuentas, la escasez de empleo terminará por aflojar la tuerca. |
