Policías comunitarios en la montaña guerrerense, octubre de 2009. 14 aniversario.  Foto: Agencia Libre, Arturo Ramos Guerrero

 

La Policía Comunitaria
“no necesita el reconocimiento del gobierno, basta con que el pueblo
la avale y respete”

Giovanna Gasparello, Campamento General Enrique Rodríguez, municipio de Marquelia, Guerrero. El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña del estado de Guerrero es uno de los procesos de autonomía indígena más importantes en México. Su importancia trasciende el ámbito nacional y muestra que es posible construir una justicia diferente que rechaza el castigo, y que la seguridad, en vez de ser pretexto para la represión (como hacen los gobiernos de arriba), puede significar la defensa de un territorio por parte de sus habitantes contra los narcotraficantes y las policías corruptas.
El 14 y 15 de octubre se celebró el 14 aniversario de esta institución popular, en un encuentro rico en propuestas que abre nuevas perspectivas organizativas a nivel regional. El evento desafió la campaña de hostigamiento que en los últimos meses recrudecieron el Ejército federal y la policía estatal. Justo el día de la inauguración del evento un grupo de policías comunitarios que se dirigía al encuentro fue detenido durante medio día en un retén del Ejército. El hecho, que llamó la atención por haber sucedido en un día festivo, es sólo un ejemplo de la cotidiana represión y las constantes amenazas contra esta organización indígena.
La Policía Comunitaria nació el 15 de octubre de 1995, como respuesta a la exasperación por la violencia y la criminalidad en la región de la Montaña y Costa Chica. En esta zona, catalogada por la onu como la más pobre de América Latina, los habitantes luchan diariamente contra la violencia, la pobreza, el narcotráfico, la falta de acceso a la justicia y la fuerte presencia militar.
La población indígena, históricamente discriminada por las autoridades, decidió resolver sus necesidades organizándose y ejerciendo su derecho a la libre determinación, creando así un sistema autónomo de control territorial y de vigilancia comunitaria regional, en que la seguridad y la justicia se entienden como cargo comunitario, gratuito y voluntario. Los más de 600 policías comunitarios, distribuidos en las 72 comunidades integradas al sistema, son coordinados por el Comité Ejecutivo, mientras la justicia es impartida colectivamente por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (crac) y las asambleas.
En la resolución de los conflictos las autoridades regionales no aplican una justicia punitiva, sino que privilegian la conciliación entre las partes. Cuando esto no es posible, y la crac encuentra culpable al acusado, la pena prevista es la reeducación: realizar trabajos útiles para las comunidades, promoviendo la reintegración de los detenidos a la sociedad. La criminalidad en la región ha disminuido en 95 por ciento.

Legalidad o legitimidad
El derecho a la autonomía sigue siendo tabú para el Estado mexicano. El conflicto es entre la legalidad a la que apela el Estado y la legitimidad con que cuentan la crac y la Policía Comunitaria.
Según el sistema jurídico mexicano, que no reconoce la institución jurídica autónoma, los métodos de la crac y la Policía Comunitaria representan una violación de los derechos humanos individuales. Como ha sucedido con las acusaciones contra las autoridades zapatistas en Chiapas, el discurso de los derechos humanos se utiliza con frecuencia como mecanismo de control por parte de los gobiernos.
Durante el nuevo aniversario se discutió precisamente la relación entre el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y el Estado. Se reiteró que “este proyecto no necesita el reconocimiento del gobierno, porque basta y sobra con que el pueblo lo avale y lo respete”.

Una comunidad de lucha
Este año la Policía Comunitaria celebró su aniversario en una comunidad de larga tradición de lucha: el Campamento General Enrique Rodríguez, ubicada en el municipio de Marquelia, a escasos kilómetros del mar, entre grandes plantíos de cocos y campos de maíz. En la comunidad, la organización colectiva es una práctica profundamente arraigada en todos los aspectos de la vida cotidiana.
El Campamento tiene este nombre porque, con la misma táctica de los Sin Tierra brasileños, hace veinte años un grupo de campesinos decidió ocupar la hacienda de un rico ganadero español, acampó en parte del latifundio y empezó a cultivarlo. La determinación de los campesinos pudo ganar sobre los pistoleros del latifundista, quien finalmente abandonó la zona.
Durante el aniversario, momento de fiesta y encuentro entre numerosas organizaciones indígenas de Guerrero, el tema de la seguridad comunitaria y el derecho a la autodefensa de los pueblos indígenas fue abordado por muchos participantes. La delegación de Temanazapa, perteneciente al municipio de Tlacoapa, comentó la inminente formación de una Policía Comunitaria en la zona.
Un llamado a la unidad y a la coordinación de los proyectos de autonomía y resistencia llegó desde los colaboradores de Radio Ñomndaa, histórica emisora comunitaria de Xochistlahuaca, y desde los representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca.
Y es con el apoyo de tantas organizaciones que la Policía Comunitaria se enfrenta a esta nueva etapa de construcción. Durante la fiesta en la comunidad costeña trovadores y soneros compartieron el escenario con grupos de danza regional de la Universidad de Guerrero. Al caer la noche, la atención de todos los presentes (en particular los indígenas de la región) fue cautivada por la historia de amor entre un insurgente del ezln y una joven base de apoyo, relatada en la película Corazón del tiempo (Alberto Cortés, 2008). La proyección, que fue un éxito entre todos los presentes, trazó un filo virtual entre las dos experiencias de resistencia y de autonomía indígena que destacan en este México contemporáneo, el México de la crisis de arriba y de las alternativas de abajo.