Pese a que existe una sentencia judicial que deja sin efectos la autorización para que la Minera San Xavier pueda operar en el estado de San Luis Potosí, dicha compañía sigue trabajando en Cerro de San Pedro.

El Frente Amplio Opositor (FAO) a la minera denunció lo anterior, al señalar que la actitud de la empresa constituye un reto a las ya de por sí deterioradas instituciones de procuración de justicia en México.

Juan Carlos Ruiz puntualizó que la compañía ha aumentado el ritmo de trabajo y el número de detonaciones que realiza, pese a que debió dejar de explotar el lugar desde el pasado 15 de octubre, un día después de ser notificada de la resolución que emitió el noveno tribunal colegiado de primer circuito. Dicho fallo deja sin efecto el permiso para trabajar que le fue otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Junto al desacato judicial, el FAO denunció que la empresa ha iniciado una campaña de desinformación en medios mexicanos y de Canadá, en la que se recurre a falsedades para justificar su posición.

Por ejemplo ha dicho que la decisión del tribunal no afecta el permiso de uso de suelo y la continuidad de la operación de la mina. También que la decisión se limita a un punto relacionado con el impacto ambiental y que éste se puede apelar.

Con ese tipo de argumentación, el FAO destacó que se miente a los inversionistas y se incurre en un delito tipificado en la legislación canadiense. Además refirió que la minera ya no cuenta con ningún recurso legal a su alcance para revertir la anulación de su proyecto.

Jesús González Schmal, ex diputado federal de Convergencia, dijo que el fallo del tribunal es muy importante, similar al registrado en 1938 cuando las empresas petroleras extranjeras no quisieron acatar el laudo para la reinstalación de trabajadores y el gobierno de Lázaro Cardenas ordenó la nacionalización.

Frente al desacato de la compañía, mencionó que el tribunal tiene facultades para obligarla a cumplir la resolución. En caso extremo puede pedir el apoyo del Ejército, subrayó.

Juan Carlos Ruiz informó que el frente ha considerado la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que no se cumpla la sentencia, y ya prepara una ofensiva jurídica en Canadá, para obligar a la empresa a dejar de operar y de provocar daños irreversibles en el patrimonio ambiental e histórico del país.

El FAO dijo que en la operación ilegal de la minera se encuentran involucrados el anterior gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, el ex presidente Vicente Fox y otros funcionarios y personajes que deberán ser investigados.

Luego de señalar que presentará denuncias penales en contra de los mencionados, el frente consideró preocupante la inactividad del nuevo gobernador Fernando Toranzo. Destacó que hasta la fecha no ha dado señales efectivas de que respetará el mandato de hacer cumplir la ley.