Oaxaca, Oax., 1º. de noviembre. El Frente de Pueblos Indígenas de México (FPIM) exigió al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, que antes de crear la Fiscalía para la Atención de Asuntos Indígenas el gobierno federal debe reconocer los derechos históricos de las comunidades y sus sistemas normativos, así como dejar de lado los vicios característicos del sistema de procuración de justicia en México, plagado de corrupción y siempre al servicio de los poderosos.

Uno de los miembros de la dirección del FPIM, Omar Esparza Zárate, sostuvo que el gobierno mexicano ha incumplido los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y, sobre todo, incumple los Acuerdos de San Andrés, y así ha dejado de reconocer que somos un país pluriétnico, con comunidades nativas que tenemos derechos territoriales históricos, y nuestros propios sistemas normativos.

El también dirigente del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), afirmó que para el FPIM, integrado por pueblos y organizaciones indias de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, Campeche, Morelos, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí, la creación de la nueva fiscalía “sólo puede ser en el mejor de los casos un elefante blanco y, en el peor, un instrumento más de represión en contra de nuestros pueblos.

Es por ello que demandamos que la nueva fiscalía actúe respetando nuestros derechos y cosmovisión, y erradique las prácticas funestas que caracterizan la actuación institucional en nuestro país, señaló.

Es necesario, subrayó Omar Esparza, que la fiscalía propuesta dé muestras de voluntad política y seriedad, y actúe de inmediato para atender los graves casos, como los asesinatos cometidos en contra del ejidatario mixteco Plácido López o de la hermana triqui Marcela Sánchez Ramírez; además, es urgente dejar en libertad a las decenas de presos políticos y de conciencia, como los indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha (acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario), y que se haga justicia en casos tan brutales como el maltrato sexual y las violaciones cometidas en contra de mujeres en Atenco, Guerrero y Chiapas.

Destacó que la nueva fiscalía debe aplicar un castigo ejemplar a los asesinos materiales e intelectuales de 45 indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas, incluyendo al ex presidente Ernesto Zedillo, quien garantizó impunidad a los responsables de dicha matanza.

Aparte, consideró que la fiscalía debe buscar el inmediato desmantelamiento de las bandas parapoliciales y paramilitares que operan abiertamente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Dijo que, de otra forma, el nuevo organismo sólo será un medio para perpetuar la injusticia y la violencia en contra de nuestros pueblos. Y no sobra decir que ya están hartos de tanta injusticia y de las prácticas de funcionarios públicos al servicio de intereses trasnacionales.