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Sectur se incorporaría a Economía y la SFP sería contralor

Plantea Calderón desaparecer 3 secretarías por ajuste drástico

Propone recortar gastos en mandos, embajadas y delegaciones

Claudia Herrera Beltrán
 
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de septiembre de 2009, p. 9

El presidente Felipe Calderón propuso desaparecer tres secretarías de Estado: las funciones de Turismo (Sectur) serían transferidas a Economía, y las de la Reforma Agraria (SRA) a Desarrollo Social y Agricultura. Planteó convertir la de la Función Pública (SFP) en contraloría general de la Federación, que dependerá del propio mandatario.

Al presentar su plan de medidas de austeridad para 2010, que remitió al Congreso de la Unión, explicó que implica recortar altos mandos del gobierno federal, erogaciones de embajadas, representaciones en el extranjero, delegaciones gubernamentales en los estados y gastos de representación, así como de asesorías y consultorías, pero no incluye medidas adicionales en materia de reducción de sueldos.

Con este plan y la supresión de programas que, de acuerdo con Calderón, no han funcionado –sin especificar a cuáles se refería–, ofreció ahorrar el próximo año 80 mil millones de pesos que, sumados a los recursos obtenidos con los cambios en materia fiscal, sumarían 180 mil millones de pesos, equivalentes a 1.4 por ciento del producto interno bruto.

Al trazar el mapa de ruta para cubrir en 2010 el boquete fiscal de 300 mil millones de pesos, hizo un llamado al Congreso a no dejar espacio para las dudas, el inmovilismo, el cálculo político o la división partidista, para que debatan y, en su caso, aprueben sus propuestas.

Para convencer a los legisladores de las ventajas del paquete, ofreció que parte de los recursos ahorrados se destinarán a los programas de combate a la pobreza. El presupuesto para Oportunidades y Apoyo Alimentario se incrementará más de 50 por ciento, además de que algunos beneficiarios recibirían una transferencia monetaria adicional por cada niño de hasta nueve años de edad.

Plan mediático y supersecretarías

Previo a la presentación del paquete presupuestal, la Presidencia de la República instrumentó un plan mediático. Calderón desayunó con un grupo de locutores de medios electrónicos para sensibilizarlos sobre el tema y a las 14 horas emitió un mensaje en el que sólo presentó las medidas de austeridad y dejó al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, la misión de explicar, cinco horas después, la propuesta de cambios fiscales y aumento de impuestos.

Mientras leía su discurso en pantallas de televisión colocadas en el salón Manuel Ávila Camacho, en Los Pinos, el Presidente aseguró que antes de pedir cualquier esfuerzo adicional a los mexicanos su gobierno tendría que ser el primero en poner el ejemplo y hacer más con menos.

Presentó la reforma a fondo de la administración pública que, en caso de aprobarse, dejaría sin empleo a Rodolfo Elizondo, Abelardo Escobar y Salvador Vega, pero beneficiará a Gerardo Ruiz y Ernesto Cordero, dos de los colaboradores más cercanos a Calderón, quienes lejos de salir del gabinete –como pidieron algunos priístas– quedarían a cargo de dos supersecretarías.

Defendió la propuesta de transferir las funciones de la Sectur a Economía, con el argumento de que eso ya ocurre en muchos países con fuerte tradición turística, como España, Francia o Canadá.

El plan de ajuste drástico y sin precedentes prevé que los salarios de mandos superiores y medios se mantengan congelados al nivel que tenían hace siete años, a lo que se agrega la disminución de 10 por ciento vigente desde diciembre de 2006. Esto supone una baja de 40 por ciento del poder adquisitivo de los servidores públicos en los últimos años, refirió.

Calderón señaló que esto no es suficiente y propuso al Congreso de la Unión una serie de medidas fiscales de las cuales ya no informó, con el argumento de que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, las detallaría después.

En cuanto al combate a la pobreza, prometió emprender una política audaz, ya que los programas Oportunidades y Apoyo Alimentario pasarán de 49 mil 500 millones a 64 mil 500 millones de pesos; y propone apoyar a miles de familias que viven en en las ciudades en condiciones de pobreza y no recibían ayuda alguna.

La meta consiste en que las familias beneficiarias de Oportunidades pasen de más de 5 millones a 6.5 millones, por lo que en total habrá 33 millones de mexicanos afiliados, casi la tercera parte de la población nacional.

En el paquete incluyó un incremento de 20 por ciento al presupuesto del Seguro Popular y el reforzamiento de los programas que, dijo, han demostrado eficacia, como Setenta y más y de Estancias Infantiles.

Además, planteó eliminar los programas que no han funcionado para fortalecer los que han demostrado eficacia, con la finalidad de concentrar y no dispersar el esfuerzo en el combate a la pobreza.

Reformas de tinte priísta

Emplazado por el PRI a presentar en 10 días las reformas anunciadas el pasado 2 septiembre durante el mensaje que emitió con motivo de su tercer Informe de gobierno, Calderón explicó que en los Criterios generales de política económica entregados al Congreso incluyó ocho acciones y reformas necesarias.

A tono con el programa que el PRI presentó la semana pasada, el cual Francisco Rojas, coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, entregó en Los Pinos, dijo que propuso en primer lugar reformas en el sector financiero para preservar su solidez, fomentar mayor competencia e impulsar el crédito al sector privado, así como el fortalecimiento de la banca de desarrollo.

El paquete de reformas incluye una en materia laboral con nuevas modalidades de contratación y de promoción de la productividad; otra en telecomunicaciones para acelerar la convergencia tecnológica, la cobertura de servicios y la competencia equitativa entre los participantes, con el propósito de mejorar los precios y la calidad a todos los consumidores.

Insistió en que habrá una nueva generación de reformas para las empresas del sector energético; establecer la regulación base cero, dar más facultades a la Comisión Federal de Competencia y modificar la ley de asociaciones público-privadas para dar más certidumbre jurídica a los inversionistas.