En Ecuador, “ningún proyecto de muerte”

A principios de mayo el Ministerio de Minas y Petróleos y Petroecuador, del gobierno ecuatoriano, dispuso reanudar “las operaciones determinadas en los contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos en los bloques 23 y 24 de la Región Amazónica”.

Para los pueblos indígenas que habitan sus ancestrales territorios en la Amazonía esto es un llamado a declararse en “máxima alerta” en defensa de su vida, su territorio y la biodiversidad como lo declararon el Consejo de gobierno de Sarayaku (legendaria comunidad que ha resistido varios años a la petrolera CGC) y los gobiernos de la nacionalidad achuar y shuar (FIPSE-FICSH), que resisten hace muchos años a Burlington, condenada por el Tribunal Constitucional en 1998 por violar derechos colectivos de los pueblos del Bloque 24. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó también Medidas Provisionales a favor de los pueblos afectados por el Bloque 23.

Así, los kichwa, shuar y achuar rechazan rotundamente la resolución del Ministerio de Minas, exigen el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por las instancias internacionales y por el Tribunal Constitucional ecuatoriano, y denuncian la “actitud arbitraria del gobierno”. Ésta es contradictoria con los avances en el diálogo con los diferentes ministerios y con el cumplimiento de las medidas provisionales, particularmente el retiro de la pentolita del territorio de Sarayaku, propiedad la empresa CGC (y que mantiene en grave riesgo a la comunidad por ser un poderoso explosivo que la empresa “abandonó” hace años en la comunidad al verse obligada a retirarse por la resistencia de Sarayaku.

Por eso, declaran: “No aceptaremos ningún proyecto de muerte en nuestro territorio que pretenda romper  la continuidad de vida del presente y  futuras generaciones a las cuales hemos protegido y defendido con grandes esfuerzos, sacrificio sobrehumano y con el costo de muchas vidas”. (Ojarasca)