Morelia, Mich., 30 de mayo. El ex procurador de Justicia Miguel García Hurtado –uno de los 30 funcionarios y alcaldes michoacanos imputados de nexos criminales y arraigados por la Procuraduría General de la República (PGR)– denunció que fue detenido arbitrariamente, sometido a tortura sicológica y alentado a inculpar a los demás.

En una carta distribuida durante la sesión de Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que compareció por propia voluntad al enterarse de los acontecimientos, pero las acusaciones que se le formularon, asegura, carecen de veracidad y de todo sustento legal; son incongruentes, abstractas y lo dejan en total indefensión.

El ex funcionario también acusó al gobierno federal de incurrir en actitud golpista para sacar ventaja y enrarecer el clima electoral, dando tintes jurídicos a una cuestión política.

Pidió al PRD y a los michoacanos respaldar al gobernador Leonel Godoy Rangel, y aseguró que el “artero y falaz operativo” violentó las constituciones federal y estatal, así como las garantías individuales.

Unos 2 mil perredistas que acudieron al teatro Morelos acordaron cerrar filas ante la embestida del gobierno de Felipe Calderón, y censuraron la tibieza de su dirigencia nacional.

Mientras, los consejeros –tras la lectura del documento– decidieron movilizar al PRD y tomar las calles ante los actos irresponsables del gobierno federal y sus graves errores en el manejo de la economía.

La dirigente estatal del partido, Fabiola Alanís, anunció una marcha-mitin de grandes proporciones para el 7 de junio.

A su vez, Godoy, en su turno al micrófono, condenó el uso electoral dado a las detenciones y la violación flagrante de la soberanía estatal y el pacto federal.

Además insistió en su reclamo al gobierno de Calderón de que se disculpe públicamente y castigue a los autores del operativo.

Entre otros personajes, estuvo presente en el acto Alejandro Encinas, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien expresó: no puede combatirse la ilegalidad con ilegalidad ni tratar como delincuentes a quienes no lo son.

La derecha, abundó, creó una red de complicidad en negocios turbios; no puede aterrizar un proyecto político y arruinó al país, pues la era calderonista ya produjo 1.1 millones de nuevos desempleados.

A su vez, el senador Jesús Garibay dio a conocer que platicó con Citlalli Fernández, ex secretaria de Seguridad Pública también arraigada.

Está embarazada, pero hay indignación en su rostro porque se trata de una aberración.

Ella y los demás, afirmó, son presos políticos y requieren todo el respaldo del partido.