Santa Catarina, Gto., 4 de mayo. La Secretaría de Salud estatal tiene la obligación de interrumpir el embarazo de Laura, mujer de 24 años vecina del municipio de Santa Catarina, quien fue víctima de violación. Además, el Ministerio Publico (MP) no debe amenazarla con someterla a proceso penal, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guanajuato, el diputado panista Juan Huerta Montero.

Nuestra ley prevé que cuando una mujer es violada debe acudir a las autoridades para poner la denuncia, y una vez que la violación queda confirmada se tiene que realizar el aborto con la Secretaría de Salud, señaló.

El 28 de abril la agente del Ministerio Público especializada en delitos sexuales, Teresa Macías, amenazó con procesar penalmente a Laura, quien busca abortar porque fue violada, según dio a conocer el domingo pasado la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

El legislador por el distrito 2, que abarca ocho municipios del noreste de la entidad, incluido Santa Catarina, adelantó que si Laura le pide apoyo gestionará que se interrumpa su embarazo.

No puedo opinar sobre dichos. Son cosas muy delicadas. El diálogo debe ser directamente con ella, no a través de los medios. Yo desconozco qué le dijeron, comentó Huerta Motero al ser interrogado sobre el actuar del MP.

Agregó que el Ministerio Público no puede amenazar a las mujeres violadas que deseen abortar porque debe estar al servicio de los ciudadanos. No tiene por qué tomar decisiones que no le corresponden, agregó.

La legisladora local priísta Yulma Rocha Aguilar afirmó que es muy grave que la Procuraduría de Guanajuato ejerza violencia institucional sobre una mujer que fue violada, al amenazarla con procesarla si aborta.

La autoridad debe desprenderse de su ideología para atender el interés público. La ley es clara: el aborto por violación no es punible. Además, está la norma oficial mexicana (NOM) 046, que es producto de un compromiso internacional que suscribió el Estado mexicano, argumentó. El gobierno panista de Guanajuato debe aplicar la ley, le guste o no. Es lamentable que prevalezcan cuestiones moralistas y no legales, expuso.

La NOM-046, que obliga al personal de salud de los estados a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia, informar sobre opciones para interrumpir el embarazo y brindar servicio médico a víctimas de violación, se publicó el 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación.

Además, el artículo 163 del Código Penal de Guanajuato no castiga el aborto cuando el embarazo es resultado de violación.