Colombia

Atacan a comunidades awá de Nariño

La Unidad Indígena del Pueblo Awá y diversas organizaciones indigenas de Colombia alertaron en febrero sobre el recrudecimiento de la grave situación de violación a los derechos fundamentales del pueblo indígena awá de Nariño.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) dio a conocer un manifiesto que expresa: “dichas violaciones se realizan de manera reiterada por los grupos insurgentes, paramilitares y la fuerza pública a través del minado del territorio, la restricción a la libre movilidad, el asesinato de más de ciento cincuenta indígenas awá en los últimos siete años, amenazando y desplazando a nuestros hermanos de Tortugaña Telembi, Tronqueria Pulgande Palicito, Las Planadas Telembi, El Sande, Magui y Vegas, bombardeando viviendas, planteles educativos y demás sitios de reunión, realizando detenciones arbitrarias y desarrollando políticas y estrategias para involucrar a la población civil en un conflicto social y armado que no compartimos, no apoyamos, no es nuestro y del cual no participamos ni directa ni indirectamente”.

A principios de febrero, el mundo conoció la masacre de 17 awá, de la que se culpó al grupo insurgente de las FARC, “quienes de manera cínica reconocieron su responsabilidad, justificando este acto de barbarie como una retaliación a la política de seguridad democrática sobre una población indefensa, inerme, aislada y que siempre se ha declarado ajena a la guerra interna que se libra en nuestro país; con el agravante de que las FARC manifiestan abiertamente su desconocimiento a la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas, a la autonomía y jurisdicción de nuestras autoridades tradicionales”.

A pesar de las denuncias, y encontrándose la población awá desplazada y concentrada, el 15 de febrero fue asesinado Ernesto Jiménez García en la vereda El Pailón y en horas de la noche Claudio Nastacuás, en el corregimiento Justo Ortiz el Diviso (municipio de Barbacoas). Ambos pertenecían a los resguardos de Alto Ulbi Nunalbi y Magui. También se detectó la presencia de personas de civil que realizan labores de inteligencia, y que no se identificaron como parte de algún organismo oficial ni eran conocidos en la zona.

Después de la masacre, declararon las organizaciones indígenas, “vemos con gran preocupación que las autoridades militares y judiciales no han mostrado resultados”. El gobierno tampoco ha facilitado espacios humanitarios para atender a la población confinada y a los huérfanos. “Por el contrario, pretenden aprovechar el infortunio para que las autoridades indígenas los apoyen en su persecución a los grupos insurgentes, haciendo prevalecer la lógica de la guerra ante las acciones humanitarias que dicta el derecho internacional en estos casos”.

 Frente a la crisis humanitaria del pueblo awá, las organizaciones comunitarias exigieron tanto a las FARC como al gobierno nacional la entrega de los cuerpos de los caídos. “De lo contrario, iniciaremos la Minga humanitaria por la dignidad y la búsqueda de los cuerpos, responsabilizando tanto al gobierno nacional como a las farc de lo que pueda suceder”, advirtieron.

“Exigimos a los actores armados legales e ilegales que desocupen inmediatamente el territorio del pueblo awá, previo al ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y guardia indígena, y al gobierno nacional que realice las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia”.

Ojarasca

 

Foto: Heriberto Rodríguez