■ Pidió copia de la denuncia penal contra el ex titular de Hacienda
Indagará EU papel de Gil Díaz en venta “ilegal” de Banamex
■ El proceso será confidencial, advierte la SEC en carta al diputado Guerra
Ampliar la imagen Franciso Gil Díaz, ex titular de la Secretaría de Hacienda, en imagen de noviembre de 2006 Foto: Cristina Rodríguez
Mediante un oficio, la Comisión de Seguridad e Intercambios de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), solicitó copia del expediente de denuncia contra Francisco Gil Díaz por la presunta venta ilegal de Banamex a Citigroup.
El documento –del que se tiene copia– enviado por la dirección de Asuntos Internacionales de la SEC advierte que la investigación sobre el caso será confidencial, con objeto de hacer prevalecer la integridad del proceso.
De tal forma, esa instancia del gobierno estadunidense empezará una indagación sobre el caso, una vez que el diputado perredista Juan Guerra Ochoa le hizo saber –el pasado 27 de octubre– que Gil Díaz, como secretario de Hacienda, se involucró ilegalmente en la venta de Banamex al incurrir en tráfico de influencias para favorecer a Roberto Hernández, entonces propietario del banco, y dicha operación se realizó subrepticiamente en Nueva York, y no en la Bolsa Mexicana de Valores.
El texto enviado por la oficina de asuntos internacionales de la SEC señala que la comisión recibió la misiva del legislador mexicano: “Le agradecemos por enviar su carta, la cual hemos revisado cuidadosamente. Usted menciona una copia de la demanda reciente (contra Francisco Gil, cuyo curso se sigue en la Procuraduría General de la República). No hemos recibido una copia de esa demanda, ¿sería usted tan amable de enviarla a la dirección ya acordada?
“Veremos que se tome en cuenta”
“Después de que la oficina de asuntos internacionales la reciba, nosotros nos encargaremos de que su carta llegue a la división de la SEC, y además de que esta misma división se haga cargo de tomar medidas para que sea tomada en cuenta apropiadamente. Nosotros lo contactaremos para discutirlo.
“Por favor comprenda que la SEC conduce todas sus investigaciones confidencialmente, y por lo mismo no confirma ni niega caso alguno a menos que nosotros hayamos reportado cargos sobre un cliente involucrado. Hacemos esto para prevalecer la integridad de nuestros procesos de investigación, al igual que la preservación de la privacidad de nuestros clientes”.
Sobre el particular, Juan Guerra explicó el motivo por el que estableció contacto con el organismo estadunidense:
“Le mandamos notificar a la SEC que la operación de compra-venta de Banamex se realizó en Nueva York, con el perverso objetivo de encubrir una operación ilegal ante los requerimientos de la Bolsa Mexicana de Valores. La certeza que tenemos es que Francisco Gil Díaz incurrió en un grave delito contra las finanzas públicas, pues ya demostramos que su excusa de participar en el proceso de venta de la institución bancaria –previamente había sido empleado de Roberto Hernández– sólo fue una cortina de humo, porque sí se involucro para favorecer a su amigo”.
De tal forma, asesorado por Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, el representante perredista argumentó que recurrió a las autoridades estadunidenses porque “tenemos los argumentos legales para demostrar que se cometió un delito contra el interés nacional y, por tanto, solicitamos una reunión, con objeto de informarles que en México se sabe que la operación ilícita se fraguó en Nueva York.
“Ya nos mandaron decir que les enviemos los anexos; de inmediato acusaron recibo de nuestra solicitud y esperan la información, pero pienso que lo pertinente es trasladarse a esa ciudad y resolver personalmente las dudas que se generen”.
A decir de Guerra Ochoa, la presunta operación ilegal que por instancia de Gil Díaz se habría concretado en Nueva York no se pudo haber realizado en la Bolsa Mexicana de Valores porque estaba fuera de toda norma.
“Es un hecho ya aceptado; un delito reconocido por todas las instancias del gobierno de Felipe Calderón, que sólo busca darle largas y evadir su responsabilidad. Con preocupación, ven que Francisco Gil Díaz, uno de sus alfiles, se está hundiendo, y no saben cómo limpiarle sus corruptelas.
“Pero nosotros entregamos a la Secretaría de Hacienda y a la PGR la información que desvirtúa el dicho de Gil Díaz, y demostramos que ese ex funcionario corrupto autorizó la venta del banco al concederle la clasificación de figura de responsabilidad limitada, hecho que es absolutamente ilegal”.
La operación, calificada por el denunciante como “fraudulenta y fuera de la ley”, no tendría validez, de ningún modo, para las leyes mexicanas. Para confirmar el dato, hasta la Secretaría de Hacienda no tuvo más remedio que mandar a Guerra Ochoa el documento que evidencia la irregularidad cometida por Gil Díaz.
“A finales del año pasado, pedí a Agustín Carstens que, bajo protesta de decir verdad, me enviara el documento donde se desmentía la excusa de Gil Díaz. ¡Ya no hay duda de que ese documento es válido!, corroborando que toda la operación es ilegal. Con tal elemento de prueba, le mandamos decir a la SEC que en Nueva York debe haber información que nos conduzca a ambas partes a demostrar que la operación se pactó en violación flagrante a las leyes mexicanas”.
A la fecha, la denuncia penal contra el actual director de la trasnacional española Telefónica Movistar para América Latina ya está corriendo, y se tuvo que solicitar al procurador, Eduardo Medina Mora, que se excusara de intervenir en el asunto porque es pariente de Manuel Medina Mora, ex director de Banamex.
“Creo que la PGR sabe que está en un problemón, porque el documento es contundente. Por eso, la Secretaría de Hacienda le está dando largas, porque no hay manera de demostrar que Gil Díaz está limpio; el documento que Carstens me mandó es el mismo que enviamos a la SEC, y ahí se evidencia que Gil Díaz evadió la ley con objeto de garantizar a su ex jefe, Roberto Hernández, que evadiera el pago de impuestos por más de 35 mil millones de pesos”.