■ Envía carta a la Suprema Corte, pues ella hizo de Nuevo León “su feudo personal”
Incumple su responsabilidad la consejera María Luisa Herrera Tello, acusa abogado
La consejera de la Judicatura Federal María Luisa Herrera Tello fue acusada ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de haber establecido un “feudo personal” y no cumplir con su responsabilidad de garantizar la autonomía e independencia de jueces y magistrados federales en Nuevo León.
En carta del litigante José Garza Muñiz a los 11 ministros que integran el pleno, de la que La Jornada tiene copia, se cuestiona la actuación de Herrera Tello por no intervenir en denuncias contra juzgadores federales en esa entidad con el argumento de que las quejas tienen que ver con asuntos “jurisdiccionales” y, por tanto, “no podemos intervenir”.
Ministros consultados reconocieron que en los últimos meses han aumentado las quejas contra los consejeros por indolencia, corrupción y tráfico de influencias.
Sin embargo, comentaron que la mayoría de las quejas se las hacen de manera privada y oral, por lo que llama la atención la denuncia de Garza Muñiz, del despacho neoleonés Garza Colonia y Asociados, en la que abiertamente pide la intervención del máximo tribunal.
Otro asunto ilustrativo de la situación en el CJF, explicaron ministros, es el temor que impera entre jueces y magistrados porque pende sobre ellos la advertencia de los consejeros de que pueden ser cambiados de adscripción sin previo aviso y sin respetar su trayectoria en caso de que no atiendan sus recomendaciones sobre el tratamiento de algunos asuntos.
El problema, añadieron, es que los jueces que se quejan de presiones no se atreven a actuar legalmente contra los consejeros, pues saben que difícilmente se puede probar una acusación en la que no hay documentos de por medio, sino “propuestas verbales”.
Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se integra por el ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; los magistrados Luis María Aguilar Morales, Óscar Vázquez Marín, Indalfer Infante González (propuesto por el Senado), Elvia Díaz de León (quien deja su cargo en febrero próximo), Jorge Efraín Moreno Collado (propuesto por el Senado) y Herrera Tello, quienes son los encargados de velar por la autonomía, independencia, disciplina y vigilancia de la actuación de los juzgadores federales. Herrera Tello fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y en la administración foxista fue titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la consejera jurídica del Ejecutivo federal; en 2004 fue propuesta por Fox al CJF.
La carta del despacho Garza Colonia, fechada el pasado 20 de noviembre, señala que los magistrados Salvador Castro Zavaleta, Sergio García Méndez y José Medrano González, integrantes del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del cuarto circuito, han actuado parcialmente en favor de Seguros Monterrey New York Life SA de CV, que es representada por “el poderoso despacho” de Luis González Parás, hermano del gobernador de Nuevo León, Natividad González, “quien cuenta con todo el apoyo de la licenciada María Teresa Herrera Tello” y de los magistrados referidos. Arguye que éstos han violado la ley al negarse a conceder una suspensión a un trabajador de la empresa referida, quien tiene derecho a ella, pues está en condiciones de otorgar una garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se derivaran del juicio en proceso.
Añade que “esos fallos aberrantes matan la credibilidad del pueblo de México en sus sistemas de justicia” y que si entera del hecho a los ministros es porque “con antelación he denunciado ante el presidente de la SCJN el mal proceder de esa consejera de la Judicatura Federal, quien tiene Nuevo León como su feudo personal y no ha hecho nada” .
Es más, asegura el texto, “el propio CJF, también ha observado la misma conducta y cuando llegó a intervenir, en las quejas administrativas presentadas en contra de los malos servidores públicos que le rinden pleitesía a esa señora y al poder político, utilizó la trillada frase: ‘Es un asunto jurisdiccional, no podemos intervenir’, eludiendo su responsabilidad de llevar a cabo la vigilancia y disciplina del PJF.
“La situación es sumamente grave y amerita la intervención directa de ese alto tribnal, al cual pertenece (refiriéndose a cada ministro), porque se trata de tres trabajadores que fueron despedidos injustificadamente por esa aseguradora y se enfrentan a un tráfico de influencias solapado por los propios juzgadores del PJF.”