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La muerte tiene permiso
Lorena Paz Paredes El embarazo no es una enfermedad y el parto es un acontecimiento esperado durante largos meses en los que el cuerpo de la mujer se transforma: el vientre crece tomando una forma perfectamente esférica, de superficie suave y ondulante, y el rostro se ilumina por el baño de vida que ocurre día a día hasta el alumbramiento. Parir es “dar a luz”, porque sucede una explosión luminosa. Pero el proceso tiene riesgos que si no se identifican y atienden pueden tener un desenlace fatal. En Cuba desde hace décadas no muere una sola mujer en este trance, tampoco en países del primer mundo. Pero en México sí, y en el muy pobre estado de Guerrero, más que en ninguna otra entidad, porque aquí mueren 128 mujeres por cada cien mil nacidos vivos, frente al índice nacional de 60. Sobre todo en las zonas centro, Montaña y Costa Chica, habitadas por miles de mujeres indígenas mixtecas, tlapanecas, amuzgas y náhuatl, la mortalidad materna es un estigma permanente y una vergüenza nacional. Pobres e indígenas, vulnerables. Es cierto que todas las embarazadas sufren riesgos, pero se acentúan en las pobres sin acceso a ningún servicio de salud –como en Guerrero donde casi tres cuartas partes de la población es no derechoabiente–, o en las analfabetas que desconocen sus derechos –y Guerrero es la segunda entidad con mayor índice de analfabetismo en mujeres: 23 por ciento de la población femenina en comparación con un promedio nacional de 9.5– y en las indígenas, porque 27.9 por ciento de las guerrerenses son monolingües que viven en zonas rurales de difícil acceso, donde no hay transporte, clínicas, medicinas, o donde las parteras y parteros tradicionales, sin ningún apoyo ni reconocimiento del sistema oficial de salud, hacen milagros para salvar vidas. Y es que en Guerrero la cobertura de los servicios de salud es tan precaria que más de 50 por ciento de los partos ocurren en el hogar. Las embarazadas mueren de hemorragias durante el parto o el posparto, de sepsis puerperal, de preclamsia/ eclampsia, de parto obstruido, por complicaciones de aborto y emergencias obstétricas. Todas, muertes evitables si ellas tuvieran acceso a servicios de salud oportunos y de calidad y si recibieran atención prenatal. Pero también mueren por discriminación, violencia intrafamiliar y comunitaria, por subordinación de género, por machismo institucional y familiar. O sea que además de las causas “clínicas”, hay muchos factores que conspiran contra la vida de las futuras madres: pocos y malos servicios de salud, presupuestos ínfimos, pobreza, discriminación, violencia, falta de transporte, lejanía y hasta el clima llega ser una maldición. Labor insuficiente. Y sí, ha habido esfuerzos institucionales para reducir la muerte materna y mucho trabajo de organismos civiles como la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, la Casa de Salud Manos Unidas de Ometepec, la agrupación Kinal Antzetik y la Red de Promotoras y Parteras, o la labor nacional de la Coalición por la Salud de las Mujeres, que agrupa a varios organismos civiles en defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y hasta eventos de compromiso legislativo e institucional para abatir el problema, como el foro “Prevención de muertes maternas en México: ¿y las mujeres indígenas?”, en San Luis Acatlán en 2005 con presencia del legislativo estatal y federal; o la reunión técnica de promoción de la salud materna en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en febrero del 2008, donde el secretario de Salud firmó compromisos; o los foros regionales de Guerrero en Costa Chica y la zona centro, con autoridades municipales, personal médico, parteras, promotores de salud y mujeres indígenas. Pero la muerte no para y los muchos factores que la causan persisten, como lo confirman muchos testimonios de embarazadas, parteras, promotoras de salud y organismos civiles. Para Martín Cortez, partero mixteco, “todos los indígenas, tlapanecos, mixtecos, amuzgos, sufrimos lo mismo. Estamos haciendo esfuerzos, dicen las instituciones, pero no es cierto, en nuestros pueblos no hay medicina, no llega la ambulancia, no hay doctor. En el centro de salud de Buena Vista, hay un solo médico que sale a descansar 15 días, un mes (...)” “Cuando se pone grave la embarazada –cuenta la promotora de salud Gardina García, de Pueblo Hidalgo, en Costa Chica–, hay que trasladarse a Ometepec, se dilata de tres a cinco cinco horas, el camino es duro y la mujer va sufriendo golpe tras golpe, es mucha la distancia y a veces se muere o al llegar no hay especialista. Dicen que hay programas para mujeres, pero la verdad no, menos para comunidades lejanas.” Lucina López, de Cumbres de Barranca Honda de la Costa Chica, cuenta que su nuera llegó a la clínica con mucha dilatación. “Llevamos cien pesos y nos dicen, aquí no se puede presentar si no trae lo suficiente. Quiero una ayuda, les dije, pero no la atendieron y mi nuera se alivió en la sala de espera, su niña nació con el lomito pelado y se murió, también mi nuera, la pusieron en una ambulancia pero falleció antes. Bueno, ni modos, dije yo, todo es porque no se leer, le dije al doctor, si supiera tomaría su nombre, pero hay un buen Dios y algún día tendrá que darle cuentas.” Primero la gente bien. Se discrimina a las indígenas y a las pobres. “Para llegar a la unidad médica, salgo de la comunidad a las cinco de la mañana. Llego a la consulta a las ocho, pero cansada, empolvada o enlodada. Entro a la clínica y no falta quien diga: salte, traes lodo, vas a ensuciar el piso” (Taller Veracruz). “Si llegamos a la consulta y hay gente esperando, no respetan nuestro lugar, pasan primero a la gente bien, a los que tienen dinero, a nosotras nos ven así pobres, humildes, y nos dejan al final. Las que sólo hablan lengua tienen más problemas, las sacan rapidito del consultorio y quién sabe de qué las curan si no pudieron decir qué tienen” (Taller Oaxaca). Carencias económicas. En la Red de Promotoras y Parteras Comunitarias hay 137 mujeres que acompañan y atienden a embarazadas de 30 localidades de 13 municipios de la Costa Chica y La Montaña. Reciben una beca que no rinde. “Estamos ahorrando nuestros 300 pesos –dice una partera– para llevar a la mujer al hospital, pero no alcanza ni para los gastos, menos para las medicinas, menos creer que es un salario”. A otros ni eso les dan, como a Martín Cortez, partero mixteco de Buena Vista, “el gobierno no me paga ni un peso aunque diga que sí. Lo hago gratis por salvar la vida de las mujeres.” “La Coordinadora de mujeres indígenas viene peleando desde hace tiempo que la Comisión de Derechos Indígenas reconozca a las parteras –dice Libni Chautla, de Chilapa–; hasta una iniciativa de ley presentamos. Y es que las parteras atienden en la clandestinidad, y aunque el gobierno diga que no, se sabe que si una partera no está certificada por la Secretaría de Salud, es denunciada y detenida.” Los testimonios fueron recogidos por Gisela Espinosa Damián en el ensayo “Doscientas trece voces contra la muerte”, publicado en La mortalidad materna en México. Cuatro visiones críticas, México, 2004. Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, Kinal Antzetik, AC, Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población y UAM-X. Y en el Foro Nacional por la Vida y la Salud de las Mujeres, en Chilpancingo, Guerrero, septiembre de 2008. La casa de salud manos unidas de Ometepec Gisela Espinosa* y Flor Bonilla** Casi a la entrada de Ometepec, Guerrero, sobre una calle de terracería se halla la Casa de Salud Manos Unidas, promovida por la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas luego de investigar que Guerrero ocupaba el primer lugar en muertes maternas entre las entidades del país, y que en las zonas indígenas ese triste indicador era más grave. La Casa de Salud se abrió en 2004, con el objetivo de reducir la mortalidad materna en cinco municipios de la Costa Chica-Montaña de Guerrero, donde habitan los pueblos mixteco, tlapaneco y amuzgo, además de población mestiza de escasos recursos. Lograr el objetivo es asunto mayor, pues el sector público, con muchos más recursos, infraestructura, personal profesional y capacidad para tomar decisiones, tiene grandes dificultades para bajar las tasas de muerte materna. Pese a ello, desde la Casa de Salud se hacen enormes esfuerzos, se tienen resultados y se enfrentan retos que vale la pena compartir con las y los lectores. Desde 2004 las promotoras de la Casa se propusieron construir una red de parteras y promotoras de salud, y lo lograron. Hoy, en red y en torno a la Casa, se agrupan 42 mujeres que desde hace algunos años tienen citas periódicas, se capacitan, comparten problemas y experiencias. Apenas el 14 de noviembre se juntaron en su Casa a medio construir las responsables del proyecto y varias parteras y promotoras de salud que viven en localidades rurales-indígenas, donde buscan mujeres embarazadas y las acompañan en su espera, acomodan al niño en el vientre materno, atienden partos normales, dan seguimiento a la cuarentena. Son muy apreciadas por las indígenas pues son mujeres, hablan su propia lengua, están cerca, permiten a la mujer estar parada o hincada durante el parto, consienten a las parturientas, comparten la idea de que el parto es “caliente” y no las obligan a ponerse bata ni a hacerse la episiotomía. Las parteras cobran barato, a veces en especie y a veces ni siquiera cobran. Servicio múltiple. Estas trabajadoras de la salud también han aprendido a reconocer embarazos de alto riesgo, y lograron un convenio con la Secretaría de Salud para referir mujeres en peligro al Hospital Regional, donde deben recibir atención gratuita. Las parteras las llevan, se convierten en sus traductoras, sus protectoras, sus defensoras, ante un sistema médico que no comprende otra lengua, que discrimina a mujeres pobres e indígenas, que no reconoce el saber ni la experiencia de las parteras, que ignora el convenio signado por la Secretaría de Salud: “Aunque llevemos la fotocopia no lo quieren aceptar, sólo si peleamos nos hacen caso. A veces tenemos que pagar el taxi, la medicina de la mujer. Lo que nos pagan no alcanza”. Las mujeres de la Casa de Salud, también dan talleres comunitarios para informar sobre las señales de alarma en el embarazo y el parto; para prevenir y detectar la violencia; para informar de los derechos humanos y reproductivos a mujeres, a señores, a jóvenes. El tema de violencia, que no era su centro, ha ido ganando terreno en su práctica, pues “sale” y “sale” y “sale” en todos sus espacios de trabajo: “Estoy viendo que desde que yo entre aquí ya no te tratan como simple promotora de salud, como simple partera, ahora la gente te dice: ‘cómo le voy hacer, mi marido me pega, mi marido me maltrata’”. Otra promotora cuenta: “Allá la mujer no sabe qué es violencia, muchas la sufren pero no conocen qué es violencia. Allá las mujeres quieren taller”. La consejería también toca el maltrato de las madres a las hijas: “Era una niña de 14 años, se alivió y estaba triste, triste. No se movía, a tres días del parto no se había bañado. Hablé con su mamá. Ahora la señora sabe que hizo mal”. Desde su labor también enfrentan el machismo:“Vi a una señora que ya tenía 14, 15 hijos, le dije que se fuera a aliviar de esa barriga a Ometepec, tenía muy baja la presión. ‘No mamita’, me dice ella, ‘ese hombre me va a matar’. Y no fue. Entonces llevé a la doctora Maribel a su casa y el marido le dice: ‘Tú, doctora, ¿a qué perro vienes?, si te la llevas se va contigo porque aquí no vuelve a entrar’”. Luchar por la salud materna las lleva a difundir derechos humanos y reproductivos; desde esa noción del derecho también luchan por la procuración de justicia, como la partera que, ante la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, pelea porque los adolescentes que violaron a una jovencita de 13 años no sean liberados sin más ni más, sólo “para que no les vaya a doler el estómago de hambre”, y que no se arredra ante los padres de los violadores que piden: “Callen a esa señora, ¿qué no tiene miedo?”. “Ya me curé de espanto”, responde y sigue en defensa de la joven. En sólo cuatro años, las parteras y promotoras de la Casa de Salud han ganado reconocimiento por su apoyo invaluable a embarazadas y mujeres al borde del parto, por la consejería que brindan, por la difusión y defensa de derechos y por su lucha contra la violencia a las mujeres. La relevancia de su labor es evidente, y deja clara la insuficiencia de los programas del sector público, así como el enorme ahorro de recursos públicos que representa su trabajo. “Recibimos 300 pesos al mes. No alcanza. Estamos ahí porque pensamos que hay más personas detrás de nosotras que no se saben defender, que no saben español, personas del campo que nos necesitan. Nosotras podemos hacer algo”. *Profesora-investigadora de la UAM-X [email protected] **Egresada de la Maestría en Comunicación y Política de la UAM-X [email protected] |