■ Presenta en la UNAM investigaciones en Sinaloa y el DF
Falla el Estado en garantizar justicia social a los pueblos indígenas: AMDH
El Estado mexicano ha fallado en su compromiso de garantizar justicia social a los pueblos indígenas y, por ello, este sector continúa sufriendo los niveles más altos de discriminación e injusticia social, afirmó la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH).
Al presentar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los resultados de dos investigaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Sinaloa y el Distrito Federal, representantes de esta organización aseguraron que ni los tres poderes de la Unión, ni los tres niveles de gobierno están “haciendo la tarea” en materia de derechos humanos indígenas.
Enttre los datos que se desprenden de estas investigaciones realizadas por la AMDH, está que Sinaloa es uno de los estados que han quebrantado el mandamiento de la reforma del 14 de agosto del 2001 al artículo segundo constitucional, el cual establece que las entidades federativas deben reformar sus constituciones a fin de legislar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
En este estudio se afirma que el 40 por ciento de los indígenas de ese estado no tiene acceso a los servicios de salud; los trabajadores agrícolas reciben malos tratos y violaciones a sus derechos laborales por parte de patrones y mayordomos, viven hacinados en cuartos, es común que los niños trabajen en el campo y la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas estatal cuenta tan sólo con una plantilla de cuatro personas.
Otro de los fenómenos que se han detectado en esa entidad es el aumento de migrantes indígenas.
En el caso del Distrito Federal, los indígenas viven constreñidos en actividades económicas marginales, tales como comercio informal, trabajo sexual o mendicidad.
A este panorama se agrega que en la mayoría de las delegaciones políticas existe un desconocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas y, por lo tanto, no hay políticas integrales de atención, promoción, respeto y conocimiento de los derechos de los indígenas originarios y migrantes.
Por otro lado, en el Distrito Federal se carece de ordenamientos jurídicos en los que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas migrantes.