■ Congelada en San Lázaro, iniciativa perredista para eliminar de la Constitución ese gasto
La partida secreta quedó en ceros en 1998, pero aún se ejerce a discreción
Los excesos en el manejo de la partida secreta que mantuvieron los presidentes de la República, que permitieron a personajes como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox disponer discrecionalmente de más de mil millones de pesos, llevaron a la Cámara de Diputados a dejar en ceros este rubro en la sucesiva aprobación de los presupuestos anuales desde 1998, pero constitucionalmente siguen en operación.
Por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció que Fox habría desviado recursos para respaldar la campaña panista de 2006 por esa brecha legal, debido a que en el artículo 74 de la Constitución persiste la disposición de que el Ejecutivo en turno podrá autorizar partidas secretas a los secretarios de Estado.
Desde septiembre de 2007, la Cámara tiene congelada una iniciativa de reforma al citado artículo, que fue presentada por la diputada perredista Susana Monreal Ávila y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Si bien desde los últimos años de gobierno de Ernesto Zedillo la partida secreta presidencial prácticamente quedó sin sustento económico, se utilizaron otros fondos con ese carácter, y en la discusión de la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública la Cámara abrió un resquicio para el uso no revisable de recursos para seguridad pública.
“Información reservada y confidencial”
Aprobada en 2006, en el último año de gobierno de Fox, la legislación incluyó en el artículo 49 el siguiente párrafo: “Las partidas secretas a que se refiere el artículo 75, fracción IV de la Constitución Política, que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente podrán destinarse a gastos de seguridad nacional y estarán sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial”.
Al presentar su iniciativa, la diputada Susana Monreal aseguró que al definir como clasificada y reservada la información sobre el destino de ese gasto, “no será posible conocer y evaluar el buen uso de estos recursos; ni siquiera los diputados tendrán acceso a esa información”.
No obstante, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, la Cámara decidió incluir un párrafo para acotar la discrecionalidad en el gasto y resaltó: “Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a la que se refiere el artículo 74 fracción IV párrafo cuarto de la Constitución”.
Actualmente, dicha disposición asienta lo siguiente: “No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República”.
Esto deja, en opinión del PRD, a una decisión personal del Ejecutivo en turno determinar si hay o no un gasto discrecional, aun cuando desde hace 10 años la Cámara no apruebe recursos específicos con ese fin. Se trata, señaló la diputada Monreal en su argumentación, de “un resquicio de discrecionalidad que ningún actor político quiere desaparecer”.
En cambio, la propuesta que aún está en la Comisión de Puntos Constitucionales considera modificar la fracción IV del artículo 74 para que precise: “no podrá haber partidas secretas para la Presidencia, secretarías, dependencias u organismos centralizados o descentralizados de la administración pública federal”.
El texto vigente en la Constitución permite, señala un análisis del equipo de asesores del grupo parlamentario, que desde el gobierno federal se constituyan bolsas de recursos no reportados a la Cámara de Diputados y que, por tanto, no son fiscalizados por la ASF.
Agrega: “El principal origen de esos recursos, de los cuales el Ejecutivo dispone libremente, son los ingresos extraordinarios por exportación de petróleo. La Secretaría de Hacienda maneja las cifras reales no sólo de la plataforma de extracción y de exportación, sino también el monto total de los ingresos por las variaciones en el precio internacional de la mezcla mexicana de crudo”.
Esa discrecionalidad en el manejo de fondos, señala el diputado Juan Guerra Ochoa, del PRD, es lo que le permitió a Vicente Fox, por ejemplo, utilizar al Estado Mayor Presidencial para desviar recursos que permitieron construir las cabañas en las que vivieron él, su esposa Marta Sahagún y sus hijos adoptivos.
Para el próximo año, la Cámara de Diputados le autorizó a la Presidencia de la República un presupuesto de mil 789.1 millones de pesos, contra mil 689.9 millones de pesos del ejercicio en curso. El diputado perredista Emilio Ulloa Pérez resaltó que si bien esos recursos son fiscalizables por la ASF, la vigencia del texto constitucional que permite partidas secretas constituye una deficiencia política y de transparencia. “El atraso es de dos décadas. Esa facilidad le permitió a Carlos Salinas entregar cantidades millonarias a su hermano Raúl, y nada impide que ahora se siga haciendo”, afirmó.