Se extiende en la Montaña

la resistencia al pago de luz

Citlal Giles Sánchez. (La Jornada Guerrero). Habitantes de 26 comunidades de La Montaña, quienes se han quejado de los altos cobros de las tarifas de energía eléctrica, podrían integrarse a la resistencia nacional que llevan algunos estados para no pagar las tarifas ante los elevados costos.

Como parte de las actividades del foro Agua, Energía y otras alternativas que llevó a cabo el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) en la comunidad de Agua Caliente, se instalaron tres mesas de análisis: megaproyectos, presas hidroeléctricas; altas tarifas, y el problema de las minas.

Habitantes de comunidades de la Candelaria (Campeche), Tatahuicapán y Mecayapa (Veracruz), Aguacatenango (Chiapas), manifestaron sus experiencias en cuanto a la resistencia que llevan algunos desde hace 10 años, como los de la Candelaria y otros como en Mecayapa, de no pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sara López, de la Candelaria, destacó que lo que orilló a la gente a no pagar las tarifas de la luz fue el mal servicio en los pueblos “jodidos, a los más pobres, y no conforme con eso, los recibos llegan hasta por más de 25 mil pesos”. Aclaró que esto no es hacer fraude contra el gobierno o un robo a la nación sino una forme de exigir una tarifa justa.

Por eso dijo que analizan la idea de quitar todos los medidores y entregarlos a la CFE, “porque los medidores los manejan a su antojo, si quieren van más rápido aunque consumas menos energía”.

Candelario Hernández, de la comunidad de El Naranjo, Chiapas, explicó que desde hace nueve años están en resistencia, a pesar de las diversas amenazas de encarcelamiento o de retirarle el programa Oportunidades “pero no hay que hacer caso, sólo quieren asustarnos, pero no nos vamos dejar engañar”.

También de Chiapas, pero del poblado de Aguacatenango están desde 1993 sin pagar los recibos de luz, pues a pesar de que hay muy pocos que tienen el servicio, los recibos llegan hasta por 20 mil pesos “y un pobre como nosotros no tenemos dinero para pagar”.

Zeferino Hernández de Mecayapa, Veracruz, comentó que en su comunidad tiene dos años de resistencia y admitió que en un principio tenían temor por las amenazas del gobierno de meterlos a la cárcel o matarlos, pero después “ya las autoridades nos tienen miedo a nosotros, y le vamos a entrar con bocinas para que todo el pueblo se una y participe en la resistencia”.

Representantes de 26 comunidades de La Montaña, quienes en los últimos meses han denunciado el cobro elevado de sus tarifas, llegaron a este encuentro acompañados por los comisarios de Santa María Atonayan, San Pedro Acatlán, Juquila y Linda Vista (municipio de Tlapa). También son afectados habitantes de Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande y Metlatónoc.

 

Declaración de Agua Caliente, Guerrero

Las redes nacionales, organizaciones sociales, y comunidades de los estados de Guerrero, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, participantes en el Encuentro Popular Agua, Energía y Alternativas Energéticas, celebrado del 6 al 8 de Noviembre de 2008 en la comunidad de Aguacaliente, Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero, declaramos lo siguiente:

    Que el modelo energético impulsado por el gobierno federal siguiendo los lineamientos de las Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), beneficia principalmente a las empresas privadas y viene provocando violaciones persistentes a los derechos humanos, destrucción ambiental, afectaciones a la salud, y el despojo de los territorios de los pueblos, particularmente los pueblos indígenas.

    Este modelo se ha caracterizado por imponer megaproyectos de generación de energía eléctrica, particularmente hidroeléctricos y eólicos, que por sus dimensiones y los intereses de las empresas transnacionales que las ejecutan ha provocado entre otros los siguientes daños: destrucción o reubicación forzada de pueblos enteros, graves daños ambientales, destrucción de la identidad, lazos y tejidos familiares y comunitarios, creciente migración y desempleo.

    Otra característica de este sistema energético es que está orientado a satisfacer las necesidades de las empresas privadas, dejando los daños y los costos que esto significa a la población mexicana. Mientras el gobierno federal exporta energía eléctrica a tarifa preferencial a otros países, particularmente a Estados Unidos de Norteamérica y anuncia nuevos subsidios a las empresas e industrias, el grueso de la población sigue sufriendo las altas tarifas de la luz y el deficiente servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

    Este modelo de producción, distribución y consumo de energía es parte de un sistema neoliberal más amplio que esta orientado a satisfacer las necesidades de las empresas mineras, quienes ocupan inmensas cantidades de agua y energía. Así como de la construcción de grandes presas para satisfacer las necesidades de la agroindustria y diversos corredores industriales.

    Para enfrentar esta situación, los movimientos en resistencia a la explotación minera, la construcción de represas, los megaproyectos eólicos, los tendidos de alta tensión, y las altas tarifas de energía eléctrica, hemos acordado:

    1. Unificar nuestras luchas en defensa del patrimonio, recursos naturales y los territorios de los pueblos frente a este modelo energético.

    2. La conformación de una red nacional de resistencia civil de no pago de las altas tarifas de la energía eléctrica para fortalecer la coordinación entre los movimientos de resistencia civil y ampliar la resistencia a otras regiones del país.

    3. Impulsar una campaña nacional de movilización en contra de las políticas privatizadoras del agua y la energía en México, a través de jornadas nacionales, estatales y locales de movilización.

    4. Enfrentar organizadamente al modelo destructivo de la minería trasnacional que afecta y se ha apropiado del 10% del territorio nacional, mediante la creación de redes de solidaridad locales y de acción coordinada que incidan y reviertan en las políticas locales y publicas a través de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

    Ante esto las redes y organizaciones presentes exigimos a las autoridades federales y estatales, a la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, a la Comisión Nacional el Agua, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Reforma Agraria y Secretaria de Economía lo siguiente:

    1. La cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico La Parota y el cese a la represión y hostigamiento de las comunidades del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al la Presa La Parota (CECOP).

    2. La cancelación inmediata de la Presa “El Zapotillo” en los Altos de Jalisco. El respeto a los derechos humanos de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y a su decisión de la no construcción de la presa en su territorio. En este sentido rechazamos el anuncio de la licitación planeado para el 20 de noviembre por parte de la CONAGUA y los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Así mismo rechazamos la construcción de las presas de La Yesca y Arcediano, también en el Estado de Jalisco.

    3. El respeto a la voluntad de los pueblos indígenas que rechazan el proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina” en la costa de Oaxaca y la suspensión de los estudios de factibilidad e impacto ambiental en curso.

    4. La cancelación de los presupuestos de los proyectos hidroeléctricos del país.

    5. El respeto a los movimientos de resistencia civil de no pago de la energía eléctrica. Alto a los cortes masivos del suministro eléctrico y cese a la represión hacia las comunidades en resistencia de los diversos estados de la República. Le recordamos al gobierno que la luz es del pueblo, no de ningún funcionario ni de ninguna empresa.

    6. La suspensión inmediata del proyecto eoloeléctrico del Istmo de Tehuantepec en virtud de las graves violaciones a los derechos de los pueblos zapoteco y huave.

    7. El respeto al derecho que les asiste a las comunidades náhuas de la cuenca norte del río Marabasco en la zona de conflicto entre Jalisco y Colima, donde se ubica la minera Peña Colorada, a preservar la gobernabilidad, en sus localidades, a partir de representantes electos por los habitantes de la zona, como instancia de gobierno legitimo que debe ser reconocido por las autoridades políticas no indígenas.

    8. El cierre de las minas que construye la empresa Blackfire Exploration, en terrenos de los ejidos La Grecia y Monte Sinaí, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. Así como el cierre de la minera San Xavier, en el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Rechazamos rotundamente la minería a cielo abierto y las concesiones otorgadas por el gobierno federal, sin respetar los derechos a la consulta e información a las comunidades afectadas.

    9. Respeto y reconocimiento a las radios comunitarias como medios de comunicación e información de los pueblos y comunidades indígenas.

    10. La cancelación inmediata de la Alianza por la Calidad de la Educación por violentar los derechos laborales y atentar contra la escuela publica.

    Finalmente, rechazamos la reforma energética aprobada en el Congreso de Unión este mes. Nos solidarizamos con los vecinos de la Colonia Granjas Lomas de Poleo en el municipio de Ciudad Juárez, que luchan porque los empresarios Zaragoza no les quiten sus terrenos, en complicidad con las autoridades municipales y estatales de Chihuahua.

    Los participantes en este encuentro nos preguntamos: ¿Qué vamos a celebrar en el 2010 con motivo del Bicentenario de la independencia nacional y el primer centenario de la Revolución Mexicana, cuando han crecido y proliferado en el país nuevas formas de esclavitud y exclusión, así como el sometimiento a los intereses neocoloniales representados por las grandes empresas que han venido saqueando a nuestra nación?

EXIGIMOS EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS DE MEXICO

¡BASTA DE DESPOJOS Y DE REPRESION!

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER).

RED MEXICANA NO A LA MINERÍA (REMA).

ALIANZA MEXICANA POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS (AMAP).

RED DE RESISTENCIA CIVIL.

Aguacaliente, Guerrero

8 de noviembre de 2008

 

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