■ Beneficia a la IP y afecta comunidades
Critican grupos civiles la política energética
Acapulco, Gro., 8 de noviembre. La política del gobierno federal de impulsar megaproyectos de generación de energía eléctrica –hidroeléctricos y eólicos–, propiedad de empresas trasnacionales, provoca la reubicación forzada de pueblos, daños ambientales, destrucción de la identidad cultural y de los lazos y tejidos familiares y comunitarios, además de creciente migración y desempleo.
Afirmaron lo anterior las redes nacionales, organizaciones sociales y comunidades del Distrito Federal y los estados de México, Guerrero, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz que participaron en el Encuentro Popular Agua, Energía y Alternativas Energéticas, que terminó este sábado en la comunidad Agua Caliente, municipio de Acapulco.
Representanes de esos organismos denunciaron que la política energética que impulsa el gobierno de Felipe Calderón sigue los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Este modelo, aseveraron los oradores, beneficia a las empresas privadas y provoca violaciones a los derechos humanos, destrucción ambiental, afectaciones a la salud y el despojo de los territorios de los pueblos, particularmente indígenas.
Exigieron que cese el hostigamiento contra el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, la cancelación definitiva de ese proyecto hidroeléctrico, respeto a los movimientos de resistencia civil que se niegan a pagar la energía eléctrica, alto a los cortes masivos del suministro eléctrico y cese de la represión contra poblaciones en resistencia de Campeche, Chiapas y Veracruz.