■ Plantean avanzar en una política de Estado en esas materias
Analizan sustento jurídico de iniciativas en seguridad pública y justicia
Legisladores priístas se reunieron ayer con juristas y expertos en derecho penal y constitucional, quienes coincidieron en que las reformas sobre seguridad pública y justicia que se dictaminan en la Cámara de Diputados y el Senado deben avanzar a una política de Estado, permitir un tránsito ordenado al nuevo sistema oral y garantizar los derechos de las víctimas, el debido proceso y la protección a los ciudadanos del abuso de autoridad.
La finalidad del encuentro, precisó el senador priísta Jesús Murillo Karam, es analizar el debido sustento jurídico y técnico de las iniciativas, para no caer en riesgos de aprobarlas “al vapor”.
Durante el panel Seguridad pública y justicia penal, José Antonio Caballero, titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveró que el reto del Congreso es cohesionar un conjunto de iniciativas, tanto las de Felipe Calderón como las presentadas por las fuerzas políticas, ya que están dispersas y no representan una solución de conjunto.
“La tendencia de las iniciativas pareciera orientarse mucho más a crear atajos procesales”, cubrir “pequeños huecos” e ir poniendo parches. Agregó que existe una reforma constitucional de gran calado, que se promulgó en junio pasado y hay retos importantes para implementarla.
Las iniciativas “tampoco parecen estar incidiendo en resolver los problemas de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, agregó.
Resaltó que es necesaria una mejor política para combatir el crimen organizado y alinear las cosas para que el cambio al sistema penal acusatorio se dé de forma ordenada e integral.
A su vez, Sergio López Ayllón, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, hizo notar que la reforma aprobada en la pasada legislatura es una de las más ambiciosas que se han hecho a la Carta Magna, pero requiere de “condiciones muy complejas de implementación para que sea exitosa, ya que de fracasar en ello, nos puede dejar en un punto peor”.
Tanto Murillo Karam como César Camacho, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, coincidieron en que las iniciativas que Calderón mandó indiscriminadamente a ambas cámaras están fragmentadas y les falta un hilo conductor, cuestión que los legisladores deberán resolver, para ver las reformas como un todo.
Por la mañana, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, comentó que el trabajo legislativo en torno a las reformas sobre seguridad pública no está detenido, y menos trabado por la muerte reciente de Juan Camilo Mouriño.
Resaltó que los priístas están dispuestos a negociar la conciliación de alrededor de todas las propuestas, tanto la del Ejecutivo como las de su bancada y las del sol azteca.
Impulsarán, añadió, la reforma constitucional del tricolor, que propone haer obligatoria la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, en materia policíaca y de seguridad pública.
Asimismo, añadió el legislador priísta, seguirán negociando que la Ley de Extinción de Dominio salvaguarde garantías y no permita abusos y excesos de las autoridades.