■ La Audiencia Nacional de España los condena por “integración en grupo terrorista”
Penas de ocho a 10 años de cárcel a 12 de los líderes de Gestoras pro Amnistía
■ La organización apoya a los presos de ETA; el gobierno vasco fustiga las sentencias
Madrid, 17 de septiembre. La Audiencia Nacional española condenó a penas de cárcel de entre ocho y diez años a 12 de los 21 responsables de Gestoras Pro Amnistía, la asociación de apoyo a los presos de la organización armada vasca ETA, que reclama la reubicación de éstos en cárceles de Euskadi, y ofrece ayuda a los familiares de los detenidos.
Entre los condenados figuran Juan María Olano, el principal responsable y vocero de Gestoras, además de otros dos miembros de la cúpula, Julen Zelarain y Aitor Angel Jugo, a quienes se les impuso una pena de diez años de cárcel.
Otros ocho integrantes de Gestoras serán puestos en libertad aunque con dos comparecencias semanales, ya que por ley no pueden ir a prisión hasta que el tribunal resuelva los recursos de casación al haber cumplido en prisión preventiva la pena impuesta. Además, a Joseba Iñaki Reta, encargado de la campaña de Presos vascos en Euskal Herria, y quien no compareció a la lectura del fallo de la sentencia a ocho años de cárcel, el tribunal dictó orden de búsqueda y captura.
El proceso contra los responsables de Gestoras Pro Amnistía, a quienes la Audiencia Nacional acusó del delito de “integración en organización terrorista”, inició hace cuatro años por el juez Baltasar Garzón, quien instruyó la mayoría de las causas abiertas contra las organizaciones, asociaciones y formaciones políticas que formarían lo que define el magistrado como el “entorno” de ETA.
La sentencia consideró que Olano, Zelarain y Junco fungían en realidad como representantes de ETA frente a los presos y frente a los propios familiares de los detenidos, además de que se encargaban de coordinar las movilizaciones en favor del grupo armado.
Joseba Azkarraga, el consejero de Justicia del gobierno vasco, en manos del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, señaló que “si se aplicara correctamente la ley de partidos políticos, entonces el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, en el poder central) también debería ser un partido ilegal, porque creó y nunca condenó los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)”.