Usted está aquí: lunes 15 de septiembre de 2008 Política La Sedena operó en secreto centro para “colocar” mandos en seguridad pública

■ Inició funciones en 1997, sin que se diera a conocer formalmente su constitución

La Sedena operó en secreto centro para “colocar” mandos en seguridad pública

Jesús Aranda

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operó prácticamente en secreto durante siete años el Centro Coordinador de Seguridad Pública del Estado Mayor de la dependencia, el cual se convirtió en el enlace principal entre el instituto armado y el Consejo de Seguridad Pública Nacional.

De acuerdo con información oficial, el Centro Coordinador de Seguridad Pública del Estado Mayor de la Sedena inició operaciones el primero de febrero de 1997 –sin que se diera a conocer oficialmente ni la constitución ni las razones por las que fue formado–, siendo secretario el general Enrique Cervantes Aguirre, y cesó sus labores el primero de enero de 2004 (en la administración del general Clemente Ricardo Vega García), sin que tampoco se hicieran públicas las razones de su desaparición.

Extraoficialmente, fuentes castrenses señalan que dicho centro no sólo realizaba acciones de coordinación con los mandos civiles, sino que también jugó un papel fundamental en la designación de militares en altos puestos de seguridad pública a escalas estatal y federal.

Precisamente fue en el gobierno de Vicente Fox cuando un mayor número de militares se involucró en acciones de seguridad pública y procuración de justicia, empezando por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), general Rafael Macedo de la Concha, quien llegó a esa dependencia con más de 200 militares, además de otros nombramientos en la Secretaría de Seguridad Pública.

Adicionalmente, explicaron los informantes, se enviaron militares de diversos grados a colaborar con los gobiernos de los estados en materia de seguridad pública, proponiendo funcionarios en diferentes niveles.

Aun cuando dicho centro desapareció hace más de 11 años, la práctica de enviar generales en activo o en retiro a cargos de seguridad pública se mantiene hasta la fecha.

Cabe señalar que los códices castrenses no escritos señalan que todo soldado que se va de licencia a ocupar otro cargo en la administración pública “nunca deja de ser militar, ni de rendirle cuentas al secretario de la Defensa en turno”.

De acuerdo con la información de la Sedena, obtenida mediante una solicitud de información, el Centro Coordinador de Seguridad Pública del Estado Mayor de la Sedena tuvo como objetivos:

Darle seguimiento a la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a su Reglamento, “supervisando y evaluando los resultados obtenidos por parte de los mandos territoriales”; establecer y mantener el enlace insterinstitucional con las instancias que integran el Sistema de Seguridad Pública, para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública; asistir a reuniones de nivel operativo del Grupo de Coordinación Interinstitucional “para atención de actos terroristas”; adoptar medidas para evitar el retraso en la toma de decisiones con relación a la documentación que por urgencia o importancia ameritaba ser sometida a consideración del jefe del Estado Mayor de la Sedena.

También, “acordar los documentos de su competencia y tramitar los incidentes que ya contaban con el acuerdo respectivo, o que careciendo de éste, su resolución se enmarcara en prescripciones reglamentarias, directivas o procedimientos y ordenamientos vigentes o con instrucciones giradas sobre el particular”; establecer procedimientos para llevar el seguimiento de la documentación presentada para acuerdo de la superioridad, a fin de mantener su vigencia y/o “evitar que se atrasara o adquiriera carácter de urgente o extraurgente”.

El titular

A pesar de la negativa de la dependencia de dar a conocer los nombres de quienes dirigieron el centro, información de la propia Sedena señala que el actual inspector y contralor general del Ejército, general de división Jorge Juárez Loera, dirigió el organismo, lo que habla de la importancia que le dio en su momento el instituto armado.

Actualmente, en Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz las secretarías de Seguridad Pública están encabezadas por generales en retiro, así como en Tijuana, Baja California.

Destacan los casos de Guerrero y Puebla, en donde los divisionarios Juan Heriberto Salinas Altés y Mario Ayón Rodríguez, respectivamente, sobresalen por haber sido militares que ocuparon importantes puestos en la Sedena.

El general brigadier Juan Manuel Orozco Méndez fue recomendado en 2005 por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, al gobernador Fidel Herrera para que se hiciera cargo de la seguridad pública en Veracruz.

En Tabasco, el 6 de marzo de 2007, el general de división retirado Francisco Fernández Solís sufrió un atentado que lo dejó convaleciente 37 días. Después reasumió su cargo. Sin embargo, el 31 de enero pasado fue sustituido por el divisionario Héctor Sánchez Gutiérrez.

El ex presidente del Supremo Tribunal Militar, general de división José Leopoldo Martínez González, es el subsecretario de Seguridad Pública en Tlaxcala.

 
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