FOTO: CNOC

Larga Experiencia Organizativa

Víctor Perezgrovas

La organización autónoma de los caficultores en México surgió a fines de los años 80s en paralelo con el inicio de la crisis del aromático. En 1989 se rompieron los acuerdos de la Organización Internacional del Café (OIC) y sobrevino una caída brutal de los precios mundiales y la desincorporación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé). Abandonados a su suerte, los productores buscaron alternativas y nacieron organizaciones independientes de la gran corporativa Confederación Nacional Campesina (CNC).

Al inicio de los 90s, las políticas públicas para el café se constriñeron en dos programas: INI-Solidaridad y Fidecafé (Fideicomiso del Café, que implicó recursos financieros que el Inmecafé retenía a los exportadores). Ello, luego de que el Inmecafé tuvo en las dos décadas previas una injerencia amplia en financiamiento, beneficiado del grano y comercialización internacional, y se responsabilizó de la investigación agrícola, del desarrollo de tecnología, de producir maquinaria industrial y de asegurar el abasto interno a los torrefactores nacionales. El Inmecafé incluso asumió las tareas de organizar a los productores, pero con esquemas paternalistas y, como instancia del Estado, controlaba acopio, beneficiado y comercialización.

En busca de alternativas productivas y comerciales, dos procesos de acercamiento se dieron en paralelo: uno, entre las organizaciones de los principales estados cafetaleros, y dos, entre las incipientes agrupaciones nacionales. Durante cuatro años hubo múltiples encuentros regionales y nacionales encaminados a definir líneas de acción conjuntas y exigir transferencia de instalaciones, recursos y capital que operaba el Inmecafé.

Surgió así la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), en la cual participan algunas de las principales organizaciones de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Destacan la Unión de Ejidos de la Selva, la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), la Cooperativa Tosepan Titataniske, la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil y la Unión de Productores de Café de Veracruz.

Desde su nacimiento, la CNOC se caracteriza por ser una red gremial basada en la toma de decisiones democrática y por consenso, lo que logra eliminar las prácticas de manipulación y búsqueda de mayorías ficticias que imperan en el movimiento campesino. Otros principios son la pluralidad y el respeto a las posiciones distintas, la independencia del gobierno y de los partidos políticos y la lucha por la autonomía. Se construyeron mecanismos mixtos de campesinos y asesores que le dieron a la CNOC una gran fortaleza y capacidad de gestión y propuesta, y la hicieron distinguirse del resto de agrupaciones.

El mercado orgánico. La tendencia negativa de los precios alentó la construcción y el fortalecimiento de mercados solidarios, y se impulsó la producción orgánica. La inserción en el mercado que paga sobreprecios por la producción sin agroquímicos y con prácticas ambientalmente sanas se convirtió en un eje principal de la Coordinadora.

Los colectivos de la CNOC se orientaron a promover este tipo de producción, a buscar nichos de mercado solidario y hacerse de recursos para el acopio, el beneficiado y la comercialización. En 1993-1994 y 1999-2000 se obtuvieron apoyos crecientes del Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (Fonaes), pero luego, en año de elecciones federales, la política pública viró.

Para ese momento, la CNOC se había constituido ya como el gremio nacional autónomo más organizado y con gran capacidad de propuesta de políticas públicas. A pesar de ello, el gobierno insistió en negociaciones bilaterales con algunos grupos, que en varios estados profundizaron las tensiones y la diferenciación entre las organizaciones.

La historia de hoy. El desarrollo más reciente de la Coordinadora ha sido determinado por los cambios en las políticas federales y estatales, por el reacomodo de las organizaciones y por las fluctuaciones en los precios del café.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, las políticas federales profundizaron su sesgo anticampesino. El Fonaes –que había servido a los productores como interlocutor en política social y como importante fuente de financiamiento para capitalizarse y obtener fondos para acopio y comercialización— pasó de la Secretaría de Desarrollo Social a la de Economía con criterios neoliberales. El descobijo de recursos fiscales llevó a muchos cafetaleros a migrar hacia el norte.

La caída de los precios internacionales, persistente entre 1989 y 2003-04 (con un ligero repunte en 1998) hizo que los sobreprecios pagados a la producción orgánica y de Comercio Justo fueran muy atractivos. Las organizaciones que habían avanzado en los procesos de producción, certificación y venta directa tenían ventajas frente a aquellas que apenas comenzaban a incorporarse a la experiencia; sin embargo se crearon lazos de solidaridad, y se compartieron conocimientos y contactos.

El desinterés del gobierno federal ante los problemas del sector y el recorte de recursos de Fonaes pusieron en peligro los procesos organizativos y llevaron a los cafetaleros a definir estrategias comunes. El logro más importante en cuanto a captación de recursos fiscales lo constituyeron los programas de Fomento Productivo y Fondo de Estabilización de Precios. Una coyuntura favorable creada por el gobierno de Chiapas permitió que las propuestas de política pública de la Coordinadora Nacional se filtraran a las reuniones de gobernadores y pudieran ser discutidas y aprobadas en las propuestas de presupuesto de la Cámara de Diputados.

Suben los precios del café convencional. A partir de 2004-05, las organizaciones cafetaleras han debido enfrentar no sólo malas políticas, sino también los giros en el mercado internacional, pues se han elevado los precios de bolsa del café convencional, incluso por arriba del orgánico y del Comercio Justo. Con ello se ha desatado una feroz competencia entre los acaparadores privados y las organizaciones.

El resultado es que muchas de las organizaciones no logran cubrir los volúmenes comprometidos con sus compradores habituales y enfrentan multas y castigos por el incumplimiento de contratos; mientras que otras han tenido que acopiar a precios muy altos a costa de su capitalización o de quedar endeudadas.

La red de organizaciones surgida en 1989 ha superando convulsiones sociales, escenarios desfavorables y catástrofes naturales. Se ha fortalecido también su incidencia política como representación gremial. Ciertamente a partir de 2004-2005 muchas agrupaciones sufren descalabros pero persiste la búsqueda de permanencia como cafetaleros campesinos ante una política neoliberal feroz que les da la única alternativa de la migración.

Asesor de organizaciones cafetaleras desde 1989 y actualmente de Comercio Justo, AC

Fuerte Alianza Nacional Cafetalera
Convergencia Excepcional en el Campo Mexicano

• Comercializadores impiden modernización y calidad

Lourdes Edith Rudiño

FOTO: Luis Olivares / Greenpeace

Como experiencia sui generis y en contraste con los demás gremios del agro, en la caficultura todas las organizaciones nacionales –sector social o privado, de pequeños o grandes productores, priistas o no– han logrado aliarse y desde hace más de 15 años presentan en bloque diagnósticos, propuestas de política pública e interlocución con el gobierno y demás agentes involucrados en la actividad.

Los logros de este frente –llamado al inicio en 1992 Grupo Operativo Nacional, luego Foro Nacional de Organizaciones Cafetaleras y desde 2004 Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café (CNOPC)– son significativos, afirma Fernando Celis, asesor de una de las integrantes, la Coordinadora Nacional de Productores de Café (CNOC).

Se observan en la generación de padrones que han ordenado la entrega de recursos públicos a esta rama y han mostrado quien es quien en la actividad; en la aprobación anual desde 2000 de la Cámara de Diputados de las propuestas que este bloque hace para el presupuesto federal del café; en acuerdos para limitar la importación de grano verde, y en programas como el Fondo de Estabilización de Precios del Café, donde el productor recibe apoyo cuando los precios internacionales caen y se corresponsabiliza al reponer cuando las cotizaciones suben de determinado nivel. Este fondo dio apoyos por 2 mil 800 millones de pesos en sus primeros cuatro años y ha recibido de los campesinos 470 millones en los recientes cuatro años.

Precariedad campesina. Sin embargo, la crisis de precios internacionales del café, extendida entre 1987 y 2003, ha minado la economía de los campesinos y éstos en su mayoría han seguido estrategias familiares, de subdivisión de los predios, de diversificación de actividades e ingresos –y de migración masiva a partir de 2002 cuando los ingresos por el café cayeron hasta en 70 por ciento afectados por la devaluación del peso.

Entonces, lejos de avanzar en la cadena de valor del aromático, el grueso de los campesinos –igual que ocurre en otros gremios, y con la herencia priista del clientelismo– se inserta a las organizaciones “con fines utilitaristas, pragmáticos, para tener acceso a los subsidios del café, del Procampo, de Oportunidades. Lo que buscan es sobrevivir, pues han pasado por un periodo de mucha incertidumbre, de precariedad”. Se dificulta, pues, consolidar organizaciones con más responsabilidad, con más disciplina. Ni siquiera 10 por ciento de la producción nacional del café, de alrededor de 5 millones de sacos (de 60 kilos), es comercializado directamente por los productores.

Pulverización de la tierra. Los padrones demuestran que la tierra se está subdividiendo por problemas económicos y no sólo los productores pequeños incurren en esa estrategia, lo hacen también los medianos y los grandes. En los años 80s se tenía censados a 282 mil productores, 70 por ciento de ellos indígenas y de escala muy pequeña. Al principio de esta década el padrón promovido por el CNOPC dio como resultado que había 480 mil productores, con un promedio de 1.4 hectáreas cada uno, y la actualización que está en proceso muestra que suman ya más de 490 mil y que seguramente rebasarán los 500 mil.

De acuerdo con Celis, en contraste con el éxito que es el CNOPC, “hay una dinámica de fractura de la organización” y en paralelo hay una condición de “debilidad” del Estado, pues la instancia que rige al café desde 2004 –con el antecedente del Consejo Mexicano del Café y antes el Instituto Mexicano del Café– es el Sistema Producto Café (SPC), que sólo es órgano de consulta. “Allí podemos acordar cómo ejercer el presupuesto, pero luego la Secretaría de Agricultura dice ‘yo tengo mis propios criterios’. La secretaría ofreció que consultaría y acordaría con el SPC las políticas públicas y no ha cumplido”.

Ocurre que la visión del gobierno actual “es que el Estado no debe intervenir, ve con horror que haya tantos productores y que cientos de miles tengan apenas media hectárea con cosechas de dos o tres quintales. Y les preocupa que el CNOPC –que se inserta en el SPC como representación de los caficultores– sea crítico y autónomo. Este gobierno, igual que sus antecesores, quisieran que los organismos estén subordinados (...) otros sistemas productos son dependientes totalmente de la Secretaría de Agricultura”.

Peso nefasto. A esto se suma un ingrediente que frena la modernización y competitividad de la caficultura: la influencia poderosa que ejercen los trasnacionalizados comercializadores industriales del café, los cuales frenan cualquier medida de fomento de la calidad del grano, pues tienen grandes ganancias con su esquema de venta de café soluble mezclado con azúcar y con exportaciones de granos de calidad mezclada. “México se está rezagando, mientras en Brasil los propios comercializadores han promovido un esquema de pureza, mientras Brasil produce a costos muy bajos, y otros países que producen la misma variedad de México (arábiga) como Guatemala y Colombia tienen programas de mejoramiento de calidad y venden al extranjero a precios mucho mejores que México. El SPC no trata ningún asunto que tenga que ver con la comercialización. Eso lo tienen vetado”.

El CNOPC aglutina a los cafetaleros de las priístas confederaciones nacionales Campesina (CNC) y de Propietarios Rurales (CNPR) a la autónoma CNOC, a los privados de la Confederación Mexicana de Productores de Café (CMPC) y a los de la Central Independiente de Organizaciones Autónomas Campesinas (CIOAC), entre otras.

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC Chiapas Empresas en Resistencia Mario A. Suárez El encabezado de este artículo encierra una contradicción pues el término “empresa” se asume inherente a la “iniciativa privada”, ese ente que desde hace buen rato se adueñó de nuestra razón de ser en el desarrollo económico-productivo del país e incluso de la llamada cultura nacional. Además, la connotación de “resistencia” podría confundirnos, en un contexto en que la competencia, la voracidad y la ley del más fuerte marcan las pautas del “progreso”. Entonces, ¿de qué tipo de empresas estamos hablando y a qué se resisten? Una posible respuesta es que este tipo de empresas confrontan al neoliberalismo y a las fuerzas del mercado fetichizadas por los que nos gobiernan, por medio de una fuerza democratizante y solidaria para atender los requerimientos materiales y económicos inmediatos de los núcleos de población –en este caso rurales– históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo nacional. Pero esta respuesta resulta limitada si se omite que el movimiento indígena y campesino se plantea (se debe plantear) ir más allá: sustituir el orden establecido y construir un “mundo donde quepan todos los mundos”. En este empeño se inscriben las comunidades de base zapatistas con la constitución de organismos asociativos específicos, dentro de la experiencias autonómicas en resistencia hacia los “modos” institucionales del quehacer político. El desafío de los subsidios. En Chiapas, las cooperativas de unidades familiares de producción de café que se desenvuelven en los territorios zapatistas enfrentan un doble reto: La producción y la comercialización colectiva ocurren en medio de la carencia de infraestructura de almacenamiento y transporte, de la inefable competencia desventajosa con los coyotes, el escaso o nulo financiamiento para el acopio, la complejidad burocrática cuando se realizan exportaciones y los vaivenes de los precios. Y a ello se añade que las cooperativas zapatistas rechazan los apoyos compensatorios gubernamentales, como los del Fondo de Estabilización de Precios del Café y los del programa de Fomento a la Producción; están dejando de percibir apoyos que pudieran paliar las adversidades. Cabe mencionar que dichos apoyos no están acompañados de políticas públicas que aborden decididamente los problemas estructurales de la caficultura, los cuales se expresan en la caída de la producción y de las exportaciones y en la creciente emigración campesina. El rechazo a los programas gubernamentales ha obligado a estas organizaciones zapatistas a buscar apoyos de la cooperación internacional, para dar viabilidad a la autogestión y a la apropiación de la cadena productiva. La visión ecológica. Como parte de la concepción autonómica, y en oposición a la explotación irracional de los recursos naturales, la población indígena y sus autoridades reconocidas han hecho de la preservación ecológica una práctica cotidiana. En la producción de café –lo mismo se hace con la milpa y las hortalizas–, se está adoptando el cultivo orgánico, no sólo por exigencias del mercado, sino por propia convicción, de tal manera que los campesinos zapatistas tienen proscrito el uso de agroquímicos. Así, la totalidad de la producción es natural y considerada orgánica por instancias independientes de certificación. Además las cooperativas están vinculadas con organismos nacionales y de la comunidad internacional que sostienen visiones y prácticas solidarias bajo los principios del llamado comercio justo. Ello ha posibilitado mejores precios para el café y algunas cooperativas también han obtenido medios para fortalecer su infraestructura y procesar (beneficiar) sus cosechas. Aun y cuando estos organismos de comercio justo reivindican la relación directa con los productores, se identifican y apoyan la lucha por la autonomía, prevalece una tendencia unilateral en el establecimiento de condiciones y precios en las relaciones contractuales con las cooperativas de productores. Ocurre así porque éstas no se han fortalecido lo suficiente como para equilibrar la relación con sus contrapartes. Los retos de las cooperativas zapatistas son fortalecer su capacidad de gestión, estrechando vínculos con organizaciones afines; acercarse al control de la cadena productiva, creando plataformas de negociación con las contrapartes; atraer recursos monetarios a los territorios zapatistas para fortalecer el proceso autonómico, y vincular las actividades cafetaleras con las encaminadas a producir alimentos básicos.