■ El gobierno debe proteger los cultivos estratégicos, señalan
Dar prioridad a la producción sobre la importación, exigen campesinos
Ante la posibilidad de que en breve sea firmado un nuevo acuerdo para el campo entre el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas con el gobierno federal, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) precisó en un documento que este nuevo pacto debe contar con “elementos mínimos” para ser aceptado.
La Unorca establece que en primer lugar es necesario que el gobierno “empiece por cumplir la ley en el sentido de dar prioridad a la producción nacional de alimentos sobre las importaciones, asumiendo el mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su capítulo sobre la Seguridad y Soberanía Alimentaria, que declara al maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcino, aves y pescado como productos básicos y estratégicos para la alimentación de mexicanos”.
Además la organización campesina subraya que la administración federal “debe cumplir con todos aquellos puntos del acuerdo anterior cuya realización fue desdeñada por el Ejecutivo, pues según datos del propio Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 136 numerales del Acuerdo Nacional para el Campo no fueron cumplidos”.
La Unorca demanda al gobierno el cumplimiento de ocho puntos. En primer lugar que este nuevo acuerdo tenga como finalidad “revisar las políticas públicas aplicables al sector agropecuario con miras a su transformación, ya que las reglas impuestas a partir del presupuesto 2008 han resultado ineficientes y la compactación de programas no funcionó”.
También exige “abatir el subejercicio presupuestal en el campo y castigar a los funcionarios que incurren en esa ilegal y nociva práctica; asumir el compromiso de renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con el fin de proteger la agricultura nacional; reconocer de manera clara a las organizaciones campesinas como entidades de interés público, admitir su carácter de interlocutores válidos en la definición de las políticas agropecuarias, proteger nuestros recursos naturales e impedir la siembra de maíz transgénico y de productos para agrocombustibles que atentan contra nuestra biodiversidad y agravarán la crisis alimentaria”.