■ SNTE no debe decidir el proceso: experto
Descentralización educativa para el DF, con nuevas leyes
Es en el Poder Legislativo, federal y local, donde se debe dar la batalla para iniciar el proceso de descentralización educativa para el Distrito Federal, pues “los impedimentos legales existentes no están escritos en piedra”, consideró Víctor Espinoza, especialista en educación e investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
El autor del estudio Descentralización educativa: tipología y estudios de caso, estimó que será difícil que el gobierno federal y el sindicato de trabajadores de la educación dejen la tutela de la educación a la administración local, porque “evidentemente se trata de la plaza más importante, no sólo en términos de recursos y de maestros, sino también políticamente, pero es inevitable, tarde o temprano se tiene que hacer”.
Afirmó que a diferencia de lo ocurrido en otras entidades, el DF tiene la ventaja de poder hacer un balance de lo que funcionó o no en la descentralización desarrollada a partir de 1992 en el país, y plantear un nuevo modelo en el que se incluya a la sociedad, porque en el vigente ha quedado claro que los estados sólo heredaron el problema de la infraestructura de las escuelas.
Agregó que lo sustantivo, como la capacidad de los gobiernos de poder mover los presupuestos educativos según sus necesidades y de influir en los planes y los contenidos, nunca se otorgó, porque desde el centro se etiquetan los recursos y se fijan todos los programas de educación a seguir, sin olvidar la negociación salarial.
Opinó que se deben fusionar las secciones sindicales, pues mientras se agrupen en federales y estatales, se mantendrá la división entre los maestros, que operan bajo dinámicas diferentes.
Consideró que se deben destrabar en el ámbito legislativo los impedimentos legales que se suscribieron en el 92, en el sentido de que la descentralización se llevaría a cabo en los estados, sin incluir a la capital, y modificar el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación, que otorga al SNTE la facultad de decidir cuándo se inicia este proceso.