Ni duda cabe que la cobertura universal de los medicamentos usados para tratar el VIH sea uno de los logros más importantes en el combate al sida en nuestro país. A la fecha, 45 mil personas con VIH están siendo tratadas con antirretrovirales en diferentes instituciones de salud mexicanas. Estos tratamientos no sólo les han salvado la vida sino que les han permitido mejorar la calidad de ésta y reincorporarse a sus actividades productivas.

Sin embargo, en el futuro mediato este logro podría verse seriamente amenazado si no se logra a su vez una reducción en el costo de los medicamentos. El gasto público en tratamientos antirretrovirales ronda los tres mil millones de pesos anuales. Por otro lado, se calcula que en México viven alrededor de 200 mil personas con VIH aún no diagnosticadas y que tarde o temprano desarrollarán el sida y necesitarán tratamiento. Según cifras oficiales, cada año se detectan entre cinco mil y seis mil casos nuevos de sida. Y de acuerdo con Censida, el costo de tratamiento por paciente es de 52 mil pesos anuales. Con todos estos datos, resulta evidente que si no se logra reducir costos en la atención de este padecimiento, se llegará a un punto en que el sistema de salud mexicano no soportará el creciente gasto.

Por estas razones, las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Coalición de Activistas por el Acceso Universal están pidiendo al gobierno federal que declare la emergencia nacional en el caso del sida, como ha hecho el gobierno de Brasil, para abrir de esta manera la puerta a los medicamentos genéricos, importados o producidos en el país, de mucho menor precio.

El gobierno debe analizar seriamente esta u otras opciones viables para reducir costos, antes de verse obligado, en un futuro no muy lejano, a declarar la “bancarrota nacional”, y con ello exponer la salud y la vida de miles de personas.