El 27
La disputa por la nación que marca el segundo año del gobierno de facto calderonista, se está caracterizando por la vigorosa aparición en escena del pueblo mexicano, pero también por una exigencia creciente de que seamos un país sustentado en las leyes y no en las pretensiones de las corporaciones extranjeras.
1. El gobierno de facto de Calderón está fracasando en su intento de abrir una vía amplia para la privatización de la industria petrolera del país, no sólo porque menospreció la capacidad de respuesta del pueblo mexicano sino porque desconoció el significado y los alcances de un artículo de nuestra Carta Magna que sustenta los derechos fundamentales de la nación en contra de las pretensiones del capital trasnacional: el artículo 27.
2. El artículo 27 no fue el resultado, como muchos suponen, de una reflexión teórica o de una imposición ideológica, sino un producto de la historia mexicana. La comisión que redactó en 1916 este texto fundacional del México moderno, reuniéndose primero en la capilla del obispado de Querétaro y más tarde en casa del constituyente Pastor Rouaix, así lo reconoció. Rouaix refiere que luego de que el abogado Andrés Molina Enríquez decepcionara a la comisión con argumentos jurídicos, los redactores del artículo se volvieron a las tesis expresadas durante el movimiento revolucionario y a los reclamos de un pueblo que había expresado su voluntad de edificar un país que en ejercicio de su soberanía determinara las características de la propiedad, y eso molestó mucho a los intereses extranjeros.
3. La historia de la vigorosa defensa que hicieron los gobiernos mexicanos de los recursos estratégicos de la nación en los años 20 y 30 del siglo pasado, hasta culminar en la expropiación petrolera de 1938 decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, que estuvo sustentada en los principios del artículo 27 constitucional del dominio soberano de la nación sobre la propiedad originaria y la función social de la propiedad, muestra el encono que se fue desarrollando en los círculos de poder estadunidenses contra la Constitución mexicana de 1917, y en particular contra ese artículo.
4. El modelo capitalista neoliberal que se fue imponiendo en el mundo durante los dos gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), con el objetivo de hacer prevalecer los privilegios de las corporaciones trasnacionales por sobre los derechos de los pueblos, sostuvo abiertamente décadas después que no debería haber principios jurídicos nacionales que se opusieran a las pretensiones de las corporaciones de adueñarse del subsuelo y de los recursos estratégicos del planeta, y tuvo en consecuencia como objetivo el desmantelamiento de las constituciones de varios países latinoamericanos, y desde luego la de México, que desde 1917 postulaba exactamente lo contrario a lo que proponían los think tanks del Pentágono.
5. Los gobiernos neoliberales de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón han tenido que enfrentar desde entonces un dilema. Entendieron claramente que la Constitución de 1917, a la que tanto han detestado, no es la elaboración de un grupo de abogados sino el producto de un proceso histórico, y que el artículo 27 contiene principios fundamentales que son intocables. Al no atreverse a tocarlos, sabedores de que de hacerlo quebrantarían por completo “el acuerdo en lo fundamental” que sustenta, al menos en la forma, la destruida institucionalidad del país, llevándolo a una situación de guerra civil, prefirieron darle vuelta y han tratado de trasgredirlo, a) expidiendo una legislación secundaria violatoria de la Constitución, sobre la que han edificado una industria energética privada que se sitúa en la ilegalidad, y b) violándolo abiertamente por decisiones de hecho –que no de derecho– entregando concesiones y contratos sin fundamento jurídico alguno, a sabiendas de que el capital trasnacional se está adueñando de los recursos de México en la más absoluta ilegalidad.
6. El artículo 27 tuvo vigencia durante el siglo XX en lo relativo al dominio directo de los bienes de la nación por la existencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, respondiendo la intervención del Estado a sus atribuciones, y en consecuencia al no hacer los gobernantes neoliberales ejercicio de sus facultades en la materia, e ir entregando áreas significativas de la industria energética a las multinacionales, haciendo ellos mismos enormes negocios, incurrieron en graves delitos contra la nación, aunque quizás ninguno de manera tan cínica como Calderón.
7. El proyecto de contrarreforma energética, elaborado en los despachos petroleros de Houston, y que Calderón presentó como suyo al Senado, generando un enorme conflicto, se centró por ello en un objetivo que es el desconocer en un marco legal secundario la existencia del artículo 27 y de sus principios centrales, a fin de acelerar el desmantelamiento del Estado mexicano, cuyos fundamentos jurídicos e históricos han constituido hasta ahora un obstáculo infranqueable para el capital trasnacional.
8. El gobierno de facto, al presentar como suya esta propuesta de contrarreforma no está haciendo más que agravar la crisis que se manifiesta no sólo con el descontento popular y el éxodo de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos, o con el papel deplorable de las fuerzas armadas combatiendo en las calles a sus propios desertores pasados a las filas del narco, sino con el patético espectáculo de las elites políticas, evidenciado tanto por Calderón, quien ahora responsabiliza a sus antecesores de haber generado una situación desastrosa en Pemex, como por Carlos Salinas de Gortari, quien culpa a Zedillo y a Fox en su libro La década perdida. 1995-2006 (2008) del desastre, por haber aplicado el delirante –y ahora fracasado– proyecto neoliberal del cual él busca como un orate deslindarse.
9. El hecho gravísimo denunciado en diversas publicaciones de que el gobierno de Mouriño y Calderón está ya entregando nuevas concesiones y contratos a diversas trasnacionales, en contra de lo establecido por la Constitución, y de que material y equipamiento de la Repsol y de la Exxon está llegando a México sin haberse siquiera discutido las propuestas de cambios legales oficiales, indica la gravedad de la situación, pues se está construyendo en México una industria energética extranjera paralela, en un marco de absoluta ilegalidad.
10. La solución a esta situación es por todo ello muy clara y pasa por aceptar que el futuro energético del país no puede decidirse sin consultar al pueblo, en quien reside la soberanía nacional.