Usted está aquí: domingo 27 de abril de 2008 Política Utilizan cárteles de la droga penales del norte como centros de adiestramiento

■ Hay recomposición alentada por incremento de reos federales, alertan organismos de inteligencia

Utilizan cárteles de la droga penales del norte como centros de adiestramiento

■ Muchos de los reclusos que obtienen su libertad se integran directamente a grupos de sicarios

Gustavo Castillo García

Organismos de inteligencia del país han declarado una alerta ante la obtención de informes que indican una recomposición de grupos de sicarios del cártel del Golfo integrados por narcotraficantes menores que han sido detenidos en los últimos cinco años y que han logrado contactar con algunos operadores de esa organización en prisiones de mediana seguridad en entidades como Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas, revelaron fuentes de alto nivel del gobierno mexicano.

Según los datos obtenidos, el incremento de la población penitenciaria de carácter federal en prisiones como Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, en donde la policía federal realizó hace unos días un operativo de tipo preventivo, ha generado una reorganización de narcotraficantes.

Reportes de inteligencia que han llegado a manos de autoridades civiles y militares refieren que, por ejemplo, además de los riesgos de fugas y motines, existe información que ha puesto en evidencia que muchos delincuentes que salen de prisiones en la zona norte del país, luego se suman de manera directa a grupos de sicarios.

Por ejemplo, señalaron las fuentes consultadas, los grupos de sicarios ya no sólo buscan el control de los territorios para el paso de droga hacia Estados Unidos; mencionaron que en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, coexisten 300 delincuentes del fuero federal, y las riñas entre internos han dejado un saldo de más de 20 muertos en los últimos dos años, lo que presuntamente está relacionado con el control de la venta de enervantes, alcohol y otras sustancias.

Por ello es que desde enero pasado se ha estudiado la petición que realizó el Congreso local de Chihuahua para que las autoridades federales se hagan cargo de los presos del fuero federal.

Chihuahua es una de las entidades, junto con Tamaulipas, que más preocupa a las autoridades, debido a que allí los penales se han convertido en centros de entrenamiento y cooptación para los cárteles de las drogas.

En ese sentido, los entrevistados refirieron que en Chihuahua, zona de narcotráfico en la que se disputan las rutas de la droga los cárteles de Sinaloa y Juárez, ha surgido la banda de Los Aztecas, integrada por jóvenes, de los cuales el Ejército ha detenido a varios, pero que desde hace al menos un año han ido agrupando a presos de Texas y México, no sólo para defender sus “negocios” en las cárceles chihuahuenses, sino también en las calles y serranías de esa entidad, bajo las órdenes de Juan Pablo Ledesma, El JL, considerado el hombre más importante en la organización Carrillo Fuentes, luego de Vicente Carrillo, El Viceroy.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, hasta noviembre de 2007, de 210 mil presos en el país, 50 mil eran del fuero federal, pero ese nivel de gobierno únicamente atiende a 6 mil 200, tomando en consideración los espacios ocupados en prisiones de mediana seguridad, como las que posee en Nayarit, y la de las Islas Marías.

Así, los reportes de inteligencia que ha obtenido el gobierno federal también aluden a que por lo que hace a Tamaulipas, sede del cártel del Golfo, los penales de Reynosa, Ciudad Victoria y Madero no cumplen las expectativas de contención del crimen, y menos aún de readaptación, ya que tan sólo en el primero de los reclusorios mencionados existe una sobrepoblación de más de cien por ciento.

Los funcionarios entrevistados mencionaron que si no se controla de mejor manera la población penitenciaria, sobre todo de carácter federal, los grupos del narcotráfico encontrarán muchos aliados en prisiones donde muchos de los internos no son sentenciados o egresan luego de que no se les pudo acreditar el delito por el que fueron puestos a disposición de un juez.

 
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