■ 4.4 millones de viajes diarios provocan severas congestiones viales en nueve delegaciones
Lista, reforma a ley para hacer obligatorio el transporte escolar
■ Trasladarse al colegio es la segunda causa de movilidad en la ciudad, señala encuesta sobre origen-destino
■ Incluye todos los planteles públicos y privados, de nivel básico a superior
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Tapón vial afuera de una escuela
Foto: Carlos ramos Mamahua
A diario se realizan 4.4 millones de viajes escolares, el segundo motivo de movilidad en calles de la ciudad de México, según cálculos realizados por especialistas en transporte, a partir de los resultados de la encuesta Origen-Destino, lo que deriva en severas congestiones viales en nueve delegaciones políticas, con un alto impacto al medio ambiente.
Ante ello, el Gobierno del Distrito Federal tiene lista la iniciativa de ley para hacer obligatorio el servicio de transporte escolar en todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel básico a superior.
En la ciudad de México, tan sólo en educación básica, según cifras oficiales, existen 3 mil 662 escuelas privadas y 4 mil 786 públicas. En el caso de las primeras, 15 por ciento usa ya el trasporte escolar, mientras que las segundas sólo 1 por ciento.
La iniciativa, que modificaría la Ley Ambiental del Distrito Federal, y que ya está en manos de la Consejería Jurídica, establece que las primarias y secundarias públicas estarían exentas de cumplir con esta obligación, si la totalidad o un número significativo de su alumnado llega a pie, mientras que, en el caso de las preparatorias y universidades, de acuerdo con una propuesta de la Red de Transporte Público (RTP), podrían prestar el servicio permanente con rutas específicas.
Las universidades privadas no estarían obligadas a prestar el servicio domiciliario, según la norma, pero sí a establecer “centros de acopio”, ubicados en estaciones del Metro, Metrobús o lugares públicos de fácil acceso.
De no cumplirse con esta disposición, las autoridades escolares podrían hacerse acreedoras a las sanciones contempladas en la ley ambiental, entre ellas multas económicas, arresto administrativo, reparación del daño ambiental, revocación de permisos, hasta la clausura temporal o definitiva.
Las escuelas tienen la posibilidad de interponer amparos, pero correrían el riesgo de que fueran desechados o desestimados por la autoridad judicial, como ha sucedido en el caso de la verificación vehicular, que sustenta en el mismo precepto: reducir la contaminación ambiental.
Empezaría en 2009
Aunque la obligatoriedad del transporte escolar entraría en vigor hasta el ciclo escolar 2009-2010, la Secretaría del Medio Ambiente tiene contemplado iniciar un programa piloto a partir de agosto en 34 escuelas privadas, consideradas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como las de mayor conflicto en materia vial, con las que se negociaría la aplicación de incentivos fiscales y económicos.
Sin embargo, la medida comenzó ya a generar polémica, en particular con la Asociación Nacional de Padres de Familia, que si bien reconoce los beneficios de este programa, se ha pronunciado en contra de la obligatoriedad, mientras que la Federación de Escuelas Particulares en el Distrito Federal ha manifestado su disposición a discutir el tema.
Rubén Rodríguez, presidente de esta última agrupación, que integra a 110 escuelas privadas –desde prescolar hasta nivel superior–, señaló que están en proceso de generar propuestas y recomendaciones a las autoridades capitalinas, tras señalar que esta disposición no puede ser considerada como una “vacuna que a todos sirve, hay que analizar la problemática escuela por escuela”.
“Si el objetivo es tener una mejor convivencia vial y calidad de aire en la ciudad habría que analizar todas las alternativas y evitar gastos a los padres de familia, porque en algunos casos el transporte escolar sería la única opción, pero en otros no”, apuntó.
El coordinador del grupo de Estudios de Transporte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Bernardo Navarro, consideró que el establecimiento de este programa traería consigo efectos “tremendamente favorables” no sólo en la movilidad vial sino también en el medio ambiente.
“En los corredores donde actualmente tenemos nudos viales habría un efecto positivo equivalente a lo que ha sucedido con el Metrobús en Insurgentes”, comparó tras recomendar que esta política se lleve a cabo de manera paulatina por medio de la negociación y el convencimiento, pues de imponerse correría el riesgo fracasar, aun cuando se trata de un programa bondadoso.