Macrolimosna
Algo sobre las magnas narcolimosnas que recibe el clero católico ha brotado a la luz pública en días recientes. También se supo de macrolimosnas con cargo al dinero de todos: el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dispuso de 90 millones del erario para construir un “Santuario de los Mártires”, que es tributo a la memoria de los líderes cristeros beatificados en 2005. No le pareció necesario explicar su decisión: fue porque sí, porque para algo es gobernador, porque le salió del forro de sus devociones. Con ello se ganó la bendición de Juan Sandoval Íñiguez y el rechazo de muchos de sus gobernados. Las razones para oponerse a semejante abuso están sistematizadas en la queja interpuesta el pasado 30 de marzo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la historiadora Laura Campos Jiménez.
Entre las razones de índole legal que fundamentan su queja, Campos Jiménez señala que el mandatario estatal quebrantó la Constitución, en la que se establece el carácter laico del Estado mexicano, y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), en cuyo artículo 25 se asienta: “El Estado mexicano [...] no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia o agrupación religiosa”. En su artículo 6, la ley referida dice que “las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones”, por lo que el abierto proselitismo de González Márquez a favor de la jerarquía eclesiástica católica, señala la historiadora, “es una forma grotesca de discriminación”.
Adicionalmente, Campos Jiménez fundamenta su queja con un argumento de índole moral: “No es válido ni ético que por regalar dinero a una asociación religiosa el gobierno de Jalisco deje de lado rubros que son apremiantes para los ciudadanos, principalmente los de bajos recursos”. Entre las urgencias sociales no atendidas, menciona los créditos para productores agropecuarios, la protección civil, el saneamiento de la zona metropolitana de Guadalajara, el trasvase y limpieza del río Santiago, los rezagos educativos, el desabasto de medicinas en hospitales públicos, la restructuración del transporte público, la creación de planteles de educación media superior. Para ésas no hay dinero.
Por otra parte, la queja se refiere a asuntos históricos para impugnar el donativo. “El santuario cristero busca honrar a personajes que [...] lucharon contra el Estado laico. Por ejemplo, Anacleto González Flores (1888-1927), uno de los pretendidos mártires que se venerará en el santuario [...] llamaba a la escuela laica un ‘extremo de ignominia, de decaimiento y de postración’ a la que debían oponerse los padres de familia’ [...] También fue enemigo de la democracia, de la que afirmó: ‘La quiebra de valores humanos provocada, alimentada, producida por la democracia contemporánea es evidente’.”
El escrito presentado por Laura Campos Jiménez a la CEDH enumera muchas otras contravenciones de González Márquez al principio de separación entre las iglesias y el Estado, y demanda que el gobernador devuelva el donativo realizado al Arzobispado de Guadalajara, que se establezca en la entidad una subsecretaría de Asuntos Religiosos “conformada por un equipo ciudadano, plural y multidisciplinario, y que sea la encargada de vigilar y denunciar a las instancias correspondientes todo tipo de abusos en esta materia”, y “que la asistencia social que el gobierno está obligado a proporcionar a la población siga siendo canalizada por medio de sus propias instancias y no a través de organismos apéndices de asociaciones religiosas”.
La demanda es correcta. Si González Márquez quiere salvar su alma, que lo haga con dinero de su propio bolsillo, no con recursos de los contribuyentes. Éstos lo pedirán así el viernes próximo, a las cinco de la tarde, en una marcha que irá de la Normal a la Plaza de Armas de Guadalajara. Ojalá que sean muchos.