México demanda respetar el dictamen
El gobierno de México pidió ayer que se respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Avena, el cual ordenó a las autoridades de Estados Unidos revisar y reconsiderar las condenas de los ciudadanos mexicanos sentenciados a muerte, debido a la violación de su derecho a la notificación y la asistencia consular.
El posicionamiento del Poder Ejecutivo fue dado a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego que la Suprema Corte de Justicia del vecino país del norte señaló que los tribunales estadunidenses no están obligados a cumplir con la resolución de la CIJ.
En un comunicado, la dependencia informó que analiza la decisión de los magistrados y sus implicaciones jurídicas para los connacionales que enfrentan la pena capital, con miras a definir acciones legales inmediatas que preserven sus derechos.
Por lo pronto, insistió en que el fallo de la CIJ debe ser respetado por los estados que han aceptado su jurisdicción. Resaltó además que continuará haciendo uso de todos y cada uno de los recursos a su alcance para lograr el pleno respeto de los derechos de los 51 migrantes, tal como han sido reconocidos por el organismo internacional en el caso Avena.
La Suprema Corte de Justicia fijó su posición sobre el tema al analizar el recurso de revisión presentado por José Ernesto Medellín Rojas, sentenciado a muerte en el estado de Texas.
La defensa del mexicano se basó fundamentalmente en el fallo de la CIJ y en el memorando del presidente George W. Bush, pidiendo a la cortes de los estados dar cumplimiento al dictamen del tribunal internacional.
Sin embargo, en una votación de seis a tres, los magistrados de la Suprema Corte determinaron que ni la resolución del caso Avena ni el memorando presidencial constituyen normas federales obligatorias que puedan hacerse valer directamente ante las cortes de ese país.
Según la opinión de los especialistas, no se desprende del Estatuto de la CIJ ni de la Carta de Naciones Unidas la obligación para Estados Unidos de acatar la resolución del caso Avena por medio de sus tribunales.
Los magistrados consideraron, inclusive, que el presidente Bush se excedió en sus facultades constitucionales al pretender que las cortes estatales asumieran el dictamen.
La cancillería informó que siguió puntualmente el desarrollo de la solicitud presentada por Medellín Rojas e intervino ante la Suprema Corte como amicus curiae –amigo de la corte—, en apoyo a los argumentos del nacional. Junto a México, participaron otros 12 países latinoamericanos y 7 de la Unión Europea.