Usted está aquí: domingo 24 de febrero de 2008 Política De vendedores y casinos

Rolando Cordera Campos

De vendedores y casinos

Tiene razón Cuauhtémoc Cárdenas cuando advierte contra una polarización postiza en el debate sobre el petróleo, Pemex y la cuestión energética. También cuando sostiene que la industria petrolera puede evolucionar y modernizarse sin tocar el mandato constitucional. La hacienda pública, sin duda, debe conservar como auxiliar importante a la renta petrolera, pero es claro que depender de ella para no encarar la reforma fiscal es simple y llanamente suicidio o traición. En todo caso, como lo sugirió Cárdenas, hay más de un camino para hacer compatible el desarrollo sano y consistente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el sector energético con las finanzas públicas.

En asuntos tan complejos y vinculados con el futuro del país, y no sólo de los entes directamente involucrados en el litigio, lo que se requiere es de un esmerado trabajo técnico que explore las dificultades, insuficiencias y contradicciones que definen el contexto y, a la vez, de un enorme esfuerzo de transparencia y comunicación para que los ciudadanos se sientan en condiciones de participar en lo que constituye la primera fase del proceso: conformar democráticamente las definiciones políticas primordiales a partir de las cuales los expertos de todo tipo puedan precisar las opciones y mezclas instrumentales que nos lleven a materializar dichos objetivos.

Nada o poco de esto se ha hecho en la esfera del Estado y de éste y el anterior gobierno. Y si algo se ha intentado, no ha respetado uno de los criterios maestros de todo momento político de orden constitucional: la transparencia alimentada por información adecuada, sistemática y accesible. Lo que ha imperado es más bien lo contrario: opacidad y rumores, andanadas mediáticas y, ahora, estrategias de contrainsurgencia informativa, como la emprendida la semana pasada por Felipe Calderón y su audaz secretaria de Energía.

Sin ponencia gubernamental no se puede exigir a los interlocutores, contendientes y oposicionistas de todo color y sabor que guarden silencio y sumisa espera a que la verdad venga de los cielos. La especulación es un privilegio del marginado y la gestación de hipótesis, descabelladas o no, sobre lo que se trama en el fogón maldito de los corredores del poder, un derecho del más débil frente a la ley del silencio que el más fuerte busca imponer.

La energía puede ser una base formidable para impulsar directamente al menos una parte del desarrollo industrial al que se ha renunciado por casi cinco lustros. Es, sin duda, la plataforma de cualquier tipo de actividad que vaya más allá de la autosubsistencia, pero incluso podría decirse que la propia subsistencia se haría menos hostil y azarosa si los millones de mexicanos que viven en ese nivel o cerca de él tuvieran acceso a la electricidad en condiciones aceptables y racionales desde el punto de vista de nuestra dotación de recursos, y no de modo exclusivo conforme a los mandatos simplistas de una Secretaría de Hacienda capaz de todo, menos de recaudar lo que se requiere para desarrollar a México.

Sanear la visión estatal sobre la renta petrolera y superar el espíritu rentista que Gil Díaz y Fox impusieron en los gobiernos y buena parte de la sociedad mexicana, no será tarea sencilla y no tendrá futuro si lo que impera es el ruido promovido por los vendedores y la furia desatada por los defensores no sólo de Pemex sino de las reservas y su renta. Bienvenido, entonces, el debate abierto por la Cámara de Diputados, siempre y cuando se admita que éste, por desgracia, apenas se inicia. No es tema menor, por cierto, el de la participación de la inversión privada en la industria petrolera. Siempre ha habido esta participación y debía esperarse que hubiera todavía más. Y esto es concebible y viable sin tocar el orden constitucional. Lo que hay que estar dispuestos a admitir es que también ha habido, en estos años y antes, intervenciones privadas violatorias de la Constitución y sus leyes reglamentarias, y que tal vez sea este precisamente el momento para terminar con dicho desacato, empezando por revisar las reformas hechas en la Ley Reglamentaria del Servicio Eléctrico y los contratos de servicios múltiples.

Esperemos que en este ejercicio podamos recuperar parte de la herencia que nos legaron Rafael Galván y sus compañeros de la Tendencia Democrática Electricista: que en la empresa pública, en especial la energética, se fincan unos veredictos de la historia que a su vez definen rumbos y alternativas para la nación; que violentarlos o soslayarlos no puede sino llevar a la corrosión estatal y de la vida pública en su conjunto, porque se atenta contra relaciones sociales y derechos fundamentales de los mexicanos que no se pueden alterar apelando al mercado de una democracia representativa que el gobierno y sus aliados en la empresa y los partidos quisieran ver convertida en vulgar casino donde todo se compra y vende, para empezar los votos.

No es por ahí, y es tiempo todavía de que los vendedores lo entiendan, porque en el fondo les conviene hacerlo, si de sobrevivir en la política democrática con soberanía nacional se trata.

 
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