Viajarán diputados a San Francisco del Rincón para recabar testimonios
Investigarán en San Lázaro despojo de Fox a ejidatarios de Guanajuato
Comparecerá el titular del SAT, en la indagatoria que se sigue sobre enriquecimiento ilícito
La comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Vicente Fox investigará el despojo de 900 hectáreas a ejidatarios del rancho San Cristóbal, en Guanajuato.
El presidente de la comisión, Víctor Valencia de los Santos, informó que se incluirá la denuncia sobre despojo en la investigación de la Cámara y dijo que se acordó constituir un grupo de trabajo que viaje a San Francisco del Rincón para investigar el presunto abuso cometido por la familia Fox.
La decisión se tomó un día después de que la juez María del Carmen Pérez García condenó a cuatro años de prisión o pago de una fianza de 15 mil pesos al ejidatario José Guadalupe Pacheco, por “despojo” a los Fox, cuando las tierras en litigio ahora forman parte del rancho familiar del ex mandatario.
“Nos han pedido que vayamos físicamente a conocer la denuncia de despojo en la que se acusa al señor Fox y la documentación que formaría parte de la investigación que realiza la comisión”, puntualizó Valencia de los Santos.
Asimismo, el legislador del PRI refirió que el jueves de la próxima semana comparecerá ante la comisión el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, y están pendientes las del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; del director general de Aduanas, Juan José Bravo Moisés, y del director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles.
Consideró que a pesar de que el gobierno federal ha negado información sustancial, la comisión podrá presentar en abril su informe sobre la riqueza de Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún Jiménez, reporte que será entregado a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública.
Después, añadió, serán esas dependencias las que “darán la cara a la sociedad. Tendrán que enfrentar el escrutinio público y se sabrá si existe o no la voluntad de sancionar administrativa o penalmente a los presuntos responsables de lo que es un secreto a voces, de quienes pudieron haber cometido” el delito de enriquecimiento ilícito.