Pretende modificar leyes fast track, sostienen expertos
El gobierno busca entregar a la IP parte de la renta petrolera
El gobierno federal, en complicidad con las fracciones parlamentarias de PAN y PRI, principalmente, pretende aprobar una reforma energética fast track, que eventualmente entregaría parte de la renta petrolera a empresas trasnacionales, mediante la modificación de leyes secundarias, para colocar a México en condiciones de una semicolonia del imperialismo, aseguraron expertos en la materia.
Francisco Garaicochea, presidente del Grupo Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, afirmó que los argumentos del gobierno federal de que Petróleos Mexicanos (Pemex) no tiene dinero para capitalizarse y, por tanto, es necesaria la inversión privada, son insostenibles, como lo demuestran las cifras de la paraestatal.
Al participar en el foro México y el mundo actual, organizado por La Jornada y la Casa Lamm, con el tema El frente por la defensa del petróleo y los planes privatizadores del calderonismo, el experto señaló que estudios de Pemex revelan que 70 por ciento del territorio nacional susceptible de contener hidrocarburos está sin explorar.
Precisó que en la región marina, en la plataforma continental, con tirantes de agua menores a 300 metros, la situación es similar. La tecnología para descubrir y extraer reservas ahí las domina Pemex. Además, se tienen identificados unos 300 puntos para perforar pozos de exploración, y lo lógico es que antes de que la paraestatal se aventure a explorar en aguas profundas invierta en esos lugares.
Mencionó que la producción en aguas del mar del Norte está en franca declinación, por lo cual las petroleras internacionales presionan al gobierno de México para que se les permita explotar el crudo en el Golfo de México, con el falso argumento de que Pemex carece de la tecnología para hacerlo.
Por su parte, el diputado perredista José Antonio Almazán aseveró que el país requiere de una reforma fiscal que grave a las grandes empresas y amplíe la base de contribuyentes. De acuerdo con cifras oficiales, agregó, Pemex ha tenido ventas por 6 billones 583 mil 165 millones de pesos, sólo en el periodo neoliberal de 1982 a 2006, monto que equivale casi al producto interno bruto (PIB) de 2006. Sin embargo, el gobierno prácticamente le confiscó 59.2 por ciento de esos recursos, vía impuestos.
El legislador advirtió que el gobierno está trabajando a espaldas del pueblo de México para entregar esa renta petrolera a las empresas privadas mediante reformas a las leyes secundarias vía fast track. Dijo que “esto está muy bien planeado y no va a ser detenido en el Congreso”, por eso es necesario que el pueblo de México se vuelque contra este despojo, porque está en juego la soberanía del país, y llamó, incluso a una rebelión nacional, para evitar la venta de Pemex.
En su oportunidad, Claudia Sheimbaum, secretaria de patrimonio nacional del llamado “gobierno legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador, indicó que para evitar la entrega del petróleo, los legisladores del PRD deberán tomar la tribuna del Congreso y el pueblo tendrá que apoyar una huelga nacional y legislativa para evitar que estas leyes antipatrióticas sean aprobadas.
Informó que esta semana se conformaron los comités de defensa del petróleo en Tabasco, Veracruz, Campeche y Puebla, y en los siguientes días estarán constituidos los de Morelos, Michoacán y estado de México, para completar las 32 entidades.
Adelantó que el 5 de febrero se realizará la primera gran jornada de información y la segunda el día 24, para llegar a la del 18 de marzo, cuando se realizará una gran movilización.
“No podemos parar este embate con desplegados ni con marchas; será necesario convocar al sector obrero organizado para realizar una gran huelga nacional en defensa del petróleo, antes de que estas leyes antipatrióticas sean aprobadas.”
John Saxe Fernández, catedrático universitario, advirtió que estas acciones tienen el propósito de enfrentar a los transgresores constitucionales. Indicó que el gobierno está propiciando un debate clandestino en favor de la privatización de Pemex.
Anunció la realización de un simposio para analizar la problemática energética del país el próximo 13 de febrero, en el auditorio Antonio Caso de Ciudad Universitaria, y se invitará a los pregoneros de la privatización para saber si quieren debatir con especialistas. Adelantó que es casi seguro que se negarán, porque sus argumentos para validar la entrada del capital privado en la industria petrolera son falsos.