Usted está aquí: martes 8 de enero de 2008 Política Retrasan entrega masiva de amparos contra el TLCAN

Abogados se proponen anexar al menos 10 mil firmas

Retrasan entrega masiva de amparos contra el TLCAN

Alfredo Méndez

Ampliar la imagen Escena de ayer frente al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, cerca del centro de la capital de la República Escena de ayer frente al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, cerca del centro de la capital de la República Foto: Cristina Rodríguez

Dirigentes de diversas organizaciones campesinas acordaron posponer para la próxima semana la presentación de las demandas de amparo contra el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó el abogado Román Díaz Vázquez, asesor jurídico de los inconformes, quien indicó que la estrategia legal es llegar ante los juzgados federales al menos con 10 mil firmas de personas que soliciten la protección de la justicia federal.

En medio de un mitin en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, el litigante informó a los medios de información que “estamos en pláticas con el Consejo Nacional de Organizaciones, que conjunta a más de 100 agrupaciones de campesinos, colonos, comerciantes y trabajadores en general, porque lo que estamos haciendo valer en la demanda de amparo es que no solamente se viola el derecho constitucional de los campesinos, sino las garantías en general de los ciudadanos de la República, ya que con la posibilidad de que ingresen los productos transgénicos hay el riesgo latente de que se afecte la salud de la población”, explicó.

Según el abogado, hasta este lunes “hemos logrado recopilar 5 mil 750 firmas de ciudadanos y campesinos que pretenden recurrir a la demanda de amparo, pero estamos en el ánimo de que en el transcurso de ésta y la otra semana se recaben en todo el país más firmas de quejosos con la pretensión de alcanzar los 10 mil firmantes”.

Agregó que las autoridades señaladas como responsables de la presunta violación a las garantías constitucionales serían la Presidencia de la República, como autoridad ejecutora, y el Poder Legislativo, por ratificar el tratado.

 
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